Las 19 mujeres asesinadas en el mes de diciembre pasado por violencia machista, según el cómputo de Feminicidio.net, no consigo quitármelas de la cabeza. Me parece que es tan grande el fracaso de las políticas públicas de prevención y detección de la violencia machista, que también lo hago mío. Porque todos y todas somos responsables en la medida que conocemos la existencia del problema y debemos saber qué hacer para evitarlo.
El Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez ha tenido que afrontar retos difíciles en esta legislatura. La pandemia, la invasión de Ucrania por Putin y todas las repercusiones económicas que está teniendo, hay que reconocer que se han abordado de manera valiente y eficaz y es por ello que en nuestro país, aún con una inflación desconocida desde hace muchos años, se están tomando medidas acertadas dirigidas a mitigar los efectos de esta crisis en las clases más desfavorecidas, ya sea abaratando el precio del transporte, el de muchos alimentos de primera necesidad o controlando el precio de la electricidad, entre otras.
Sin embargo, las cifras negras de la violencia de género y el aumento de la violencia sexual contra las mujeres, son la evidencia de la ineficacia de las políticas públicas en materia de igualdad adoptadas por este Gobierno para erradicar o al menos reducir la violencia machista y ello, a pesar de haber destinado muchos recursos económicos a combatir este grave problema.
19 mujeres asesinadas en un mes por el solo hecho de ser mujeres, 11 de ellas a manos de sus parejas o ex parejas y el resto por varones familiares o desconocidos, es una cifra que nunca antes habíamos tenido en España desde que existe cómputo.
Porque el 50% de las 11 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas habían denunciado y tenían derecho a ser protegidas por el Estado frente a su agresor y no lo fueron. Porque no se ha controlado a estos maltratadores, que han podido ir en busca de su víctima y rematarla. Porque el 20% de los muchachos jóvenes niegan la existencia de la violencia machista. Porque la extrema derecha extiende cada vez más su discurso negacionista de esta violencia que afecta exclusivamente a las mujeres por el solo hecho de serlo.
Esta deriva no es una casualidad. Es la consecuencia de la política desplegada durante esta legislatura por el Ministerio de Igualdad, que ha dado la espalda a las mujeres y sus organizaciones y ha atendido fundamentalmente a colectivos de las diversidades más variadas, sobre todo al colectivo transgenerista, pero ha desatendido a las mujeres, su principal responsabilidad.
El actual Ministerio de Igualdad se creó por Real Decreto 2/20202, de 12 de enero, por el que se reestructuraban los departamentos ministeriales y al de Igualdad se le atribuyó competencialmente “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
De manera que la finalidad primordial de este Ministerio fue, y sigue siendo, hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. El artículo 1 del Real Decreto mencionado insiste en esta finalidad del Ministerio de Igualdad e insiste que: “Le corresponde, en particular, la elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, el fomento de la participación social y política de las mujeres, y la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer”.
Con olvido de este claro mandato legal consistente en elaborar y llevar a término políticas públicas para lograr la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, el Ministerio se ha entregado a otras causas que no han sido las de las mujeres. Y digo esto porque la ley señera de este Ministerio ha sido la ley Trans, a falta en estos momentos de pasar por el Senado para ver la luz en el BOE y esa ley, no es que ignore los problemas de las mujeres, es que su contenido es un atentado a derechos consolidados de las mujeres a la igualdad, a la paridad, a la libertad, a la intimidad entre otros.
Otra ley señera de este Ministerio ha sido la L.O. 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía de libertad sexual, más conocida como la ley del sólo si es sí. Tratándose de una ley propuesta por el Ministerio de Igualdad y teniendo en cuenta que los agresores sexuales son el 98% varones; que las víctimas son mujeres en su inmensa mayoría y que solo el 8% de las victimas denuncia, no parece que la reducción de las penas fuera un objetivo que interesara a las mujeres. Sin embargo, la ley contiene una rebaja deliberada de las penas para los delincuentes sexuales en algunos de los delitos de esta naturaleza, lo que está dando lugar a excarcelaciones de delincuentes condenados al amparo de la legislación anterior, y ello tras duros procesos judiciales para las víctimas, mujeres todas ellas. Reducción de penas que se aprueba en una situación de grandísima benevolencia por parte de los Tribunales para con estos delincuentes, como lo prueba el hecho de que, según la estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2021 en España se dictaron 3.259 sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual. De estas sentencias, 2.051, es decir, el 62,9% de las mismas, las condenas tenían una duración de 0 a 2 años de privación de libertad, lo que significa, en condiciones generales, no pisar la cárcel. Es obvio que el problema de estos delitos no es que tuvieran aparejadas penas elevadas y hubiera que rebajarlas, más bien lo contrario, el problema es la sensación de impunidad. Pues bien, ante esta realidad, la propuesta del Ministerio de Igualdad, asumida por el Gobierno y legisladores también, todo hay que decirlo, fue la de reducir las penas en determinados delitos contra la libertad sexual.
Este Ministerio de Igualdad se encontró al inicio de su actividad con un Pacto de Estado contra la Violencia de Genero que habían firmado en septiembre de 2017 todos los partidos políticos, salvo Unidas Podemos casualmente, que se abstuvo. Estaba dotado con importantes recursos económicos para el cumplimiento de los pactos, mil millones de euros para un periodo de cinco años; ha sido este Ministerio el responsable del reparto de los fondos, sin que se haya rendido cuenta del destino de los mismos. Simultáneamente, en estos años, las asociaciones de mujeres han visto reducidos sus ingresos por subvenciones hasta límites que ponen en riesgo su subsistencia.
Las políticas de igualdad contra la violencia machista se han reducido fundamentalmente en estos tres años a cumplir, más bien burocráticamente, las medidas que quedaban pendientes de cumplimentar del Pacto de Estado. Y el resultado es el aumento de la violencia más extrema, el de los asesinatos de mujeres.
Es urgente tomar de nuevo las riendas de esta lucha en la que nuestro país ha sido punta de lanza en Europa. No sirven las lamentaciones ni las condenas, sino que hay que ponerse a trabajar con urgencia.
A medio y largo plazo debe atenderse sin falta la educación en todos los niveles, desde las escuelas infantiles hasta la universidad. La educación no ha sufrido ninguna convulsión en la etapa democrática. Y no existirá educación en igualdad, coeducación, mientras las y los educadores no hayan integrado la igualdad entre mujeres y varones en sus discursos y en sus comportamientos. Esta ha de ser una tarea prioritaria si queremos con seriedad poner las bases para transformar la sociedad.
La publicidad y los medios de comunicación son ostentosamente machistas, promueven una imagen estereotipada de las mujeres, por lo que debería impedirse la publicidad institucional en los medios que conculquen la ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que prohíbe la publicidad discriminatoria.
Si se quiere reducir la violencia contra las mujeres, se debe abolir la prostitución, que es violencia sexual fundamentalmente contra mujeres, e impedir el libre acceso a la pornografía, auténtica escuela de trato violento por parte de los hombres a las mujeres. Solo el fomento del negocio proxeneta explica que exista libre acceso, incluidos niños y niñas, a la pornografía; nada se da gratis en esta sociedad capitalista, y en este caso la contraprestación será el consumo desbocado de prostitución en el futuro. ¡Cómo echamos en falta la adopción de medidas abolicionistas de la prostitución en la ley del solo si es si, que para colmo se titula de garantía de la libertad sexual!
Se debe conseguir que las mujeres que sufren violencia machista, denuncien. Pero no para que sean heroínas, sino para que obtengan la protección del Estado y para evitar la impunidad de los delincuentes. Solo confiarán las mujeres en la Justicia cuando ésta las trate bien; cuando atienda sus relatos y no sospeche sistemáticamente de los mismos; cuando valoren adecuada y rápidamente el riesgo que tienen y se adopten las medidas de protección necesarias, incluida la prisión provisional del agresor cuando esta sea necesaria para proteger la vida de la víctima. En definitiva, cuando la mujer que denuncia por violencia machista, reciba un trato similar por parte de la Administración de Justicia que cuando denuncia un robo.
Tenemos derecho a saber qué ha fallado en cada caso de victima mortal; por qué y quien no ha adoptado las medidas protectoras necesarias de la vida de mujeres que denunciaron y finalmente fueron asesinadas. Sus deudos tienen derecho a la reparación, pero, sobre todo, porque es la única forma de aprender y evitar que vuelva a ocurrir.
Hay mucho por hacer en estudio, prevención y protección en materia de violencia de género y los años perdidos no han supuesto una parálisis, han supuesto retrocesos y aumento de las mujeres víctimas. Estamos ante una situación de urgencia que requiere medidas concretas y urgentes.
Altamira Gonzalo Valgañón | Jurista
