"Inequívocamente la eliminación de prácticas especulativas en los mercados de materias primas alimentarias mediante el refuerzo de la transparencia y, sobre todo, de marcos regulatorios internacionales"
Las citadas organizaciones y plataformas se han reunido con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para hacerles llegar sus preocupaciones ante la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la FAO, que se celebra en Roma entre el 17 y el 22 de octubre y en la que se debaten cuestiones como la tenencia de la tierra, la inversión agrícola y las medidas para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos.
Durante el encuentro, según informó la Coordinadora de ONGD en un comunicado, las organizaciones y plataformas pidieron al Gobierno español que, "ante la elevada volatilidad de los precios, considerada una de las causas principales de la crisis alimentaria", defienda "inequívocamente la eliminación de prácticas especulativas en los mercados de materias primas alimentarias mediante el refuerzo de la transparencia y, sobre todo, de marcos regulatorios internacionales".
Asimismo, advirtieron de que el Gobierno español debe impulsar la aprobación de las Directrices Voluntarias sobre Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques, consensuadas en el CSA, e instaron al Ejecutivo a defender un marco que sustituya a los Principios de Inversión Responsable en Agricultura (RAI) promovidos por Banco Mundial, FAO, FIDA y UNCTAD, "porque no prevén ningún mecanismo de control" y podrían "legitimar prácticas dañinas vinculadas a inversiones a gran escala".
"Las organizaciones firmantes instan a la administración española a que se comprometa política y económicamente con el CSA"
A juicio de las organizaciones, el CSA deber ser "el principal marco internacional para la negociación y adopción de políticas agrícolas y alimentarias con enfoque de Derechos Humanos, al que deberían remitirse el G20 y cualquier otra institución".
"Consideramos que es la única forma de que sean entregradas las necesidades de los productores rurales a pequeña escala y en especial de las mujeres del ámbito rural", indicaron.
"Las organizaciones firmantes instan a la administración española a que se comprometa política y económicamente con el CSA y piden que se formalice el espacio de diálogo entre la sociedad civil y la administración española, al igual que en otros países", concluyó el comunicado.
