La pandemia, con sus medidas para combatirla, produjo algunos efectos por un lado, se redujo el proceso de recuperación de la economía española, que tras un largo periodo de contracción desde 2008 comenzaba a salir y por otro se rompió un proceso que, aunque modesto en las cifras iba en el camino de reducción de las desigualdades.
También fue novedoso que esta vez se implementaran desde las administraciones públicas respuestas rápidas y globales que tuvieron resultados positivos a la hora de aliviar el impacto de esta nueva crisis. Todo ello limitado por los obstáculos de índole burocrática que impidieron cobros de muchas ayudas y dificultaron el acceso a las mismas de los colectivos más vulnerables.
Estamos ante unos problemas que parecen cronificarse incluso aunque el desarrollo del empleo y el crecimiento económico vuelvan a cifras normales. A la dificultad del lento crecimiento económico que venía operando tras la Gran recesión hay que unir ahora los devastadores efectos que en dos meses están produciéndose como fruto de la guerra de Ucrania. Otras dimensiones sociales de la desigualdad (sanitarias, educativas) parecen también crecer. La pobreza se ha extendido, casi sin excepción, atravesando la mayoría de las categorías socio-demográficas de la sociedad española, aumentado también en la mayoría de los territorios. El porcentaje de población en situación de carencia material severa, aumentó un 50% en el primer año de la pandemia, pasando del 4,7% al 7%. Hay factores que indican una dimensión de la gravedad de la situación por sus efectos, cuando se produjo en confinamiento obligatorio, un alto porcentaje de personas habitaban viviendas con condiciones inadecuadas de habitabilidad. El estallido de la pandemia supuso un aumento de la pobreza severa. A mediados del 2020 los hogares en situación de pobreza y exclusión habían aumentado en más de 100.000, respecto al nivel anterior a la pandemia.
Las políticas de protección social junto a las de ámbito sanitario fueron determinantes en la protección frete a la pandemia. Fue nuevo y en general positivo la puesta en marcha, en marzo del 2020, de medidas que contribuyeron a frenar el impacto más fuerte de la crisis, bien en su vertiente laboral como en la social. Algunos aspectos es preciso destacarlos de cara al futuro, fueron políticas pactadas por los distintos agentes sociales, y la administración, iniciando un interesante camino de colaboración en la protección social. También los servicios sociales, las administraciones locales y el tercer sector de Acción social contribuyeron muy activamente a ello.
A pesar de todo España es el país de la UE-27 donde más aumentó la desigualdad durante la pandemia, desigualdades que persisten en el tiempo y que ahora con la guerra de Ucrania siguen profundizándose.
Recuperar la sanidad, es una asignatura aún pendiente, y muy urgente. La exclusión social, tensa muchos servicios, sanidad, educación, pero también vivienda, dependencia. Urge tomar decisiones
Es un problema que tiene una compleja solución ya que, aunque la economía llegue a altos niveles de crecimiento, mientras nuestra estructura productiva siga siendo la actual no se revertirá la situación de la pobreza y la desigualdad. Todo parece indicar que los aumentos de desigualdad y pobreza severa, especialmente en los hogares con menores tiendan hacia situaciones endémicas.
Los problemas de vivienda, desde el 2018 han venido siendo uno de los rasgos centrales de los procesos de exclusión social, en 2021 (el 20,6% de los hogares se vieron afectados por problemáticas relacionadas con la vivienda), el hacinamiento y las malas condiciones de las mismas están lejos de resolverse.
Se avanza poco a la hora de disminuir las desigualdades, hace ya 13 años desde la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España se indicaba que “España es uno de, los países que tiene ya evidencia de la existencia de importantes desigualdades socioeconómicas en salud”. También señala el informe que las políticas destinadas a disminuir las desigualdades no han entrado en la agenda política. Seguimos observando en todos los informes que el estado de salud, es claramente más deficiente en las personas pobres, tanto en lo que se refiere a salud percibida como a la existencia de enfermedades crónicas, caries, limitaciones de las actividades básicas de la vida diaria.
Un 10% de las personas pobres, no se han medido nunca, o lo han hecho hace más de cinco años: la tensión, el colesterol o la glucemia, cifras que doblan las registradas entre personas que residen en hogares que no son pobres. A la mitad de las mujeres pobres, no se les ha practicado nunca una mamografía, cifra que es 11,5 puntos superior a la de las mujeres no pobres. Si se considera la edad recomendada que es entre 50-69 años, las diferencias aumentan enormemente, al 9% de las mujeres pobres (casi el triple) que a las no pobres no se les ha practicado nunca. En las citologías, pruebas claves para la prevención del cáncer de cérvix, las diferencias son importantes: 33,8% de mujeres pobres frente a 18,4% de mujeres no pobres a las que nunca se ha practicado ninguna citología (Fuente EAPN). El análisis de los determinantes de la salud nos indica que las personas pobres fuman más (24,5%/ 20,8%); son más obesas(21,9% / 15%); hacen menos ejercicio (47% / 32,6%), se alimentan peor, consumen menos fruta, verduras, carne y pescado. Por el contrario, consumen más patatas, pasta, arroz, pan y comida rápida. (Fuente EAPN, España). El hecho de ser mujer agudiza las inequidades de la pobreza.
La Covid-19 ha impactado en los grupos vulnerables laboral y socialmente. Los cuidados de la infancia y las personas en situación de dependencia se han visto alterados especialmente en la etapa de confinamiento recayendo la carga especialmente sobre las mujeres.
Luces y sombras de las medidas tomadas
Las políticas públicas orientadas a los cuidados, puestas en funcionamiento, se han ajustado por fuerza a situaciones muy forzadas, han complementado las medidas ya existentes. Algunas como los permisos parentales por razón de cuidados de niños y niñas o personas dependientes, han seguido funcionando bajo las restricciones sanitarias, aún es pronto para medir sus efectos.
El Sistema de Atención a la dependencia (SAAD) ha sido tensionado por el confinamiento y el miedo al contagio limitando el acceso a los apoyos informales, los servicios y las prestaciones. La aprobación en enero del 2021 del Plan de Apoyos y Cuidados de Larga Duración por parte de la Administración general del estado es la respuesta a un fallo del sistema de dependencia. Desde el año 2012 se venía arrastrando. La discriminación de los mayores en las residencias ha sido una de las mayores vergüenzas en 45 años de democracia, son señales de un sistema con fallos muy graves, es una injusticia aún sin reparar. Las nuevas medidas destinadas al apoyo de los cuidados de la infancia y personas dependientes, han sido limitadas, muy acotadas en el tiempo o recibidas solamente por las familias con ocupación laboral o personas con Covoid-19 dejando fuera de ellas a mucha población en situación de exclusión social.
Son importantes los datos que indican que caminamos desde una pobreza transitoria hacia una pobreza que se va cronificando con fuerte impacto en la pobreza juvenil e infantil. Ello obliga a que las administraciones tengan que tomar con urgencia decisiones.
A la situación de pandemia hay que unir los efectos que dos meses de guerra están produciendo en la sociedad. La subida del IPC, 9,8 en marzo, la más alta desde 1.985 supone ya una perdida de poder adquisitivo (16.700 millones de euros, según FUNCAS) afectando a los hogares con rentas más bajas. Es probable que varios países no puedan pagar sus deudas tratando de evitar la bancarrota al tiempo que intentan mantener importaciones vitales. Vuelven los viejos ecos de la austeridad. Las efectivas herramientas para reducir la desigualdad, suelen ser recortadas en estos momentos de crisis (la atención sanitaria universal, la educación, la protección social), lo que afectará sin duda a la población más vulnerable, a las personas pobres, las mujeres y los grupos mas desfavorecidos. Naciones Unidas ha advertido que la guerra de Ucrania puede provocar una depreciación de la moneda en muchos países en desarrollo, incrementando la recesión e insolvencia. Es una situación que exige medidas extraordinarias, controles de precios de alimentos y energía. Las agencias internacionales alertan de que la inflación puede provocar un aumento de la pobreza extrema, el Banco Mundial estima que 198 millones de personas durante el año 2022, pueden estar en los umbrales de la pobreza extrema, dando al traste con casi dos décadas de avances en este terreno. Es urgente introducir impuestos sobre la riqueza (aportes extraordinarios), cancelar los pagos de la deuda en países en desarrollo, condonar la deuda liberaría más de 30.000 millones de dólares vitales para 33 países en riesgo alto de padecer una crisis de deuda.
Algunas reflexiones
El Covid y la actual situación de guerra nos vuelven a meter en un bucle económico y social del que apenas habíamos salido desde la Gran Recesión del 2008. Las desigualdades sociales, especialmente las de los y las jóvenes, atraviesan por una cronicidad alarmante, donde apenas se ven luces. Es cierto que hay medidas que han funcionado y que van en la buena dirección: Ingreso Mínimo Vital, acciones sobre vivienda, salud, cuidados, dependencia, pero hace falta mantenerlas en el tiempo.
Recuperar la sanidad, es una asignatura aún pendiente, y muy urgente. Junto a la sanidad hay que revisar el modelo social, la dependencia, las residencias. La exclusión social, tensa muchos servicios, sanidad, educación, pero también vivienda, dependencia. Urge tomar decisiones.
Marcos Gutiérrez Sebastián | Trabajador Social , Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria
