jueves 9/12/21
85 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

Piden a Sánchez una declaración institucional que condene el 18 de julio de 1936

“Ningún Gobierno de la recuperada democracia ha llevado a cabo una condena explícita del golpe de Estado y la dictadura”, denuncia la ARMH.

18 julio
Soldados republicanos y guardias de asalto durante el levantamiento de julio de 1936 en Barcelona, ​​en el edificio de Telefónica.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una petición a Pedro Sánchez para que esta semana, como jefe del Ejecutivo, haga una declaración institucional de condena del 18 de julio de 1936, algo que hasta ahora no ha llevado a cabo ningún presidente del Gobierno desde la muerte del dictador, Francisco Franco.

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “hay que terminar con la equidistancia en la que el Estado no se enfrenta a los verdugos y no repara a las víctimas, porque eso, además de ser una enorme injusticia con quienes sufrieron la dictadura y la combatieron, debilita nuestra democracia y no confronta los discursos que desde el presente legitiman o justifican la necesidad de la dictadura franquista, como si pudiera ser una respuesta válida a los problemas políticos y sociales”. Y añade: "La ley de la memoria que prepara el Gobierno mantiene esa equidistancia, no repara a las víctimas ni les garantiza la justicia a la que tienen derecho y no ejerce ningún tipo de sanción a los verdugos, por lo que sostiene y mantiene la impunidad". 

El texto de la petición pretende que el Gobierno, mediante una herramienta como la declaración institucional, le diga y le explique a la sociedad que “Un 18 de julio nunca más”. Y dice así:

El próximo 18 de julio se cumplen 85 años del golpe de Estado que dio inicio a una guerra y a la toma del poder de militares sublevados que conquistaron el país mediante la traición a un Gobierno elegido en las urnas, el uso de bienes públicos para asesinar y perseguir a cientos de miles de ciudadanos y la constitución por la fuerza de un régimen que durante cuatro décadas se negó a la celebración de elecciones democráticas y siguió asesinando, torturando y persiguiendo a quienes consideraba enemigos políticos o morales.

Transcurridos casi cuarenta y seis años desde la muerte del dictador, no es comprensible que las altas instituciones del Estado no hayan llevado a cabo todavía una condena explícita y contundente de una dictadura que debe ser inaceptable para cualquier ciudadano demócrata, independientemente de su ideología. Sólo se ha llevado a cabo una pequeña condena en la Comisión Constitucional del Congreso el 20 de 2002, poco contundente y condescendiente con las élites de la dictadura.

Ni los plenos del Congreso y del Senado, ni la jefatura del Estado no electa, ni el Presidente del Gobierno ni el Gobierno al completo han llevado a cabo en estos años una declaración de rechazo y condena de la dictadura, y de reconocimiento a quienes fueron perseguidos por ella y/o se enfrentaron al régimen con el objetivo de que regresaran las urnas que durante la Segunda República habían permitido la elección de gobiernos de diferentes ideologías mediante la convocatoria de elecciones generales con sufragio universal, masculino y femenino.

Por eso instamos al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llevar a cabo una declaración institucional en torno a esa fecha, que termine con la equidistancia por la que ni los responsables de las violaciones de derechos humanos del franquismo han sido juzgados ni sus víctimas han accedido a sus derechos de ser asistidas por la justicia.

Esa mirada indiscriminada, hacia el pasado terrible de la dictadura, fomenta la debilidad de nuestra cultura democrática, mantiene un imaginario injusto con las víctimas, beneficia a quienes han disfrutado de una intocable impunidad y mantiene al Estado en una falsa neutralidad, ya que la pasividad de una institución ante la existencia de verdugos y de víctimas es un beneplácito para las élites franquistas y un menosprecio a las víctimas.

Ochenta y cinco años después del golpe de Estado franquista y más de cuarenta del término de la dictadura han supuesto un tiempo insufrible de abandono para cientos de miles de víctimas que han muerto ignoradas por el Estado y sin la capacidad de acceder a sus derechos. Es momento de que se lleve a cabo esa condena y una disculpa del Estado ante los supervivientes y sus familias castigadas por haber ejercido y defendido derechos que hoy consideramos inherentes a cualquier ser humano e irrenunciables en una democracia.

Piden a Sánchez una declaración institucional que condene el 18 de julio de 1936