sábado 27/11/21
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Mentir bajo juramento ante un tribunal, o hacerlo en sede parlamentaria, es como una blasfemia laica contra la democracia. Pero además es un delito contemplado en el artículo 458 de nuestro Código Penal: “El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con penas de 6 meses a 2 años y con multas de 3 a 6 meses”.

Y es que el pasado miércoles 24 de marzo los expresidentes Aznar y Rajoy no se comportaron como testigos (cumpliendo la obligación de decir la verdad), sino que de facto admitieron ser verdaderos acusados, respondiendo exclusivamente en defensa propia y del partido que dirigieron.

No es la primera vez que Rajoy miente bajo juramento, ya que, en el juicio de la Gürtel, la propia sentencia de la Audiencia Nacional, en junio de 2018 puso en duda la rectitud de su testimonio, haciéndonos sospechar del incumplimiento de sus obligaciones por parte del tribunal por no haber deducido testimonio contra él. Y tanto Aznar como Rajoy ya habían mentido -si nos atenemos a esa sentencia de la Audiencia Nacional- en sede parlamentaria, al negar taxativamente la existencia de la caja B del Partido Popular.

Mal anda un partido cuando tiene que recurrir a la mentira perjurada para esquivar los embates que le llegan -uno tras otro- por vía judicial

Pero es que el miércoles 24 su mentira fue más flagrante, ya que negaron la famosa caja B cuando su existencia había quedado firmemente sentada en la mencionada sentencia de la Audiencia Nacional, y ratificada posteriormente como “válida y suficiente” en otra sentencia del Tribunal Supremo, en octubre de 2019.

Un hecho que también nos hace pensar que, de nuevo, un tribunal no trata a todos por igual, al no deducir testimonio de la “falta a la verdad”, aplicando el artículo 458 del Código Penal.

La mentira de ambos expresidentes, además de las previas de Álvarez Cascos, Cospedal y Arenas, se contradicen además con los testimonios de otros seis ex altos cargos del PP, que reconocieron su existencia operativa, con el del ex gerente Páez, que admitió cobros desde la caja B de 12.000 euros, con el del ex senador Luís Fraga, que reconocíó haber cobrado en negro dos pagos de 3.000 y 6.000 euros, o con la declaración del empresario García Pozuelo, que admitió la entrega en B de 60.000 euros para comprar adjudicaciones, o con la del consultor Luca Magiani, que atestiguó que en un momento determinado se pasó dinero de esa caja B a los bancos.

Y Aznar, para más inri, dice que Jaime del Burgo mintió el día anterior cuando le pidió precisamente a él (y sólo a él) que se realizaran pagos al señor Ayesa, que se efecuaron continuadamente en negro y, como tal, figuran recogidos en los papeles de Bárcenas, al igual que otros muchos que se han reconocido.

Curiosamente, lo que se juzga en esta vista judicial es el pago en B de unas obras en la sede nacional del PP. Y más curiosamente, el propio Pablo Casado, y su comité nacional, admiten de hecho esos pagos en negro, y la pesadilla de la caja B, cuando pretenden dejarlas en el pasado con el abandono de la sede de la calle Génova. Dicho claramente en sus declaraciones aclaratorias sobre tal decisión.

No es la primera vez que Aznar, en aquellos casos siendo presidente, nos miente con todo descaro. Primero lo hizo, de forma reiterada -y en una ocasión mirando a cámara y tratando de dirigirse a todos los españoles-, justificando la engañosa, e indiscriminadamente sangrienta, guerra contra Irak; y atreviéndose a decirnos: “confíen en mí -prácticamente como un juramento-: existen armas de destrucción masiva”. Poco después, ya puestos a engañar, nos hizo creer a todos que los atentados del 11 de marzo de 2004 habían sido obra de ETA, porque según sus análisis partidistas (Arriola dixit), “si es ETA, mayoría absoluta”. Por cierto, Rajoy fue cómplice, a título lucrativo intencional, porque era el candidato beneficiario.

Pero practicar la costumbre compulsiva de mentir, ya esta vez ante un tribunal y bajo juramento, es un síntoma de mala fe, de precaria salud democrática, y de gente capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Y por desgracia -a fuerza de repeticiones- la mentira se acaba de confirmar como una seña de identidad del Partido Popular.

Y ahora no puede Pablo Casado argumentar -dados los personajes a quienes nos hemos referido- que es algo del pasado. Porque, en primer lugar, el espectáculo más representativo ha estado a cargo de su mentor Aznar. Y porque, en segundo lugar, lleva prácticamente un año tolerando que su presidenta -y ahora candidata refrendada por él mismo- de la Comunidad de Madrid se haya especializado en hacer luz de gas a los madrileños y españoles, construyendo todo su castillo argumental y su supuesta acción política en las arenas movedizas de las mentiras, las verdades a medias y la fabricación de sospechas contra quienes ella elige para ser sus adversarios. Presidenta y candidata llevada continuamente de la mano de quien fue paniaguado de Aznar, que le nombró secretario de Estado de Comunicación.

Mal anda un partido cuando tiene que recurrir a la mentira perjurada para esquivar los embates que le llegan -uno tras otro- por vía judicial. Mal se desenvuelven nuestros tribunales de justicia cuando consienten en su sede estas mentiras, teniendo como medida de esas mentiras dos sentencias firmes, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Y mal anda nuestro electorado si no reacciona implacable contra esta burla sistemática e institucionalizada.

Perjurio por sistema