viernes. 29.03.2024
protesta sevilla
Imagen de la protesta en Sevilla. (Foto: Raúl Solís)

Nuevatribuna.es |  Raúl, has pasado a engrosar la lista de periodistas sancionados por la ‘ley Mordaza’ que parece que va en aumento. Cuéntanos lo que ocurrió.

Preguntar a la policía ya es una falta de respeto, según el expediente que he recibido

Raúl Solís | Estaba trabajando y grabando con mi cámara la concentración de la visita del autobús transfóbico de HazteOír a Sevilla. En éstas, vi que la policía retuvo a un niño que no tendría más de 16 años. Se lo llevaron a empujones hasta las furgonetas policiales, donde al chico se le perdió la visiblidad. Viendo que tardaba el menor en salir, acudí a preguntar a los agentes por qué habían retenido al chico. En lugar de darme una respuesta educada, me dijeron que qué me importaba a mí. Les respondí que me importaba mucho porque mi trabajo es informar y lo que le ocurra a un menor me interesa como periodista y como ciudadano, podría ser mi hijo o mi sobrino. Me pidieron que me acreditara y les falicité mi DNI y el carnet de periodista de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). Me trataron tan mal que les pedí que se dirigieran a mí con educación, que soy un ser humano y que España es un Estado de derecho y no un Estado policial. Se ve que eso los enfadó mucho. Continué con mi trabajo y a los dos meses he recibido una notificación por la que me piden 150 euros de multa en aplicación de la Ley Mordaza.

En concreto, ¿cuál es el artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que se te aplica y en base a qué?

Me aplican el artículo 37.4 de la Ley Mordaza, que es uno de los artículos más polémicos y con claros visos de incontistucionalidad porque convierte a los agentes policiales en jueces para estimar qué es o no una falta de respeto.

¿Qué se supone que es “faltar el respeto” a un policía bajo la ‘ley mordaza’?

Preguntar ya es una falta de respeto, según el expediente que he recibido. Queda al arbitrio de los agentes estimar qué es o no falta de respeto y, además, crea una situación de indefensión y desigualdad jurídica porque la palabra de los funcionarios en el derecho administrativo tiene superioridad con respecto a la de un ciudadano, cosa que no ocurre en un procedimiento penal donde hay que demostrar las acusaciones. Jamás me dirigí a los policías en tono despectivo, insultante ni puse en riesgo su integridad física, como se dice en el expediente que he recibido. Lejos de ser una falta de respeto a los agentes, es un abuso de poder que nos sitúa más cerca de Marruecos que de Dinamarca.

¿Cómo te sentiste ante el trato recibido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Me sentí como si fuera un ciudadano de un país en el que las libertades públicas no están garantizadas, denigrado e insultado. Mi trabajo es preguntar e informar y eso fue lo que intenté hacer y lo que se me negó por parte de los agentes.

Dices que la policía hizo abuso de poder, ¿en qué sentido?

No pienso pagar la multa porque las decisiones injustas y arbitrarias hay que desobedecerlas

Hizo abuso de poder tratándome como si fueran chulos de discoteca y no funcionarios públicos que tienen entre sus obligaciones las de proteger a la ciudadanía y velar por los derechos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna. No podemos tolerar que la policía use estas maneras violentas, agresivas y hostiles hacia los periodistas ni hacia nadie. Vivimos en un Estado de derecho y no en la España dictatorial en la que ser periodista era una profesión de riesgo.

¿Consideras que se han vulnerado tus derechos, primero como ciudadano y después como profesional de la información?

Evidentemente, pero no sólo mis derechos, sino los de todos y todas las ciudadanas de este país llamado España. Cuando se vulnera el derecho de una persona, se vulneran los de toda la ciudadanía. Por eso siento la necesidad ética de denunciar esta actuación de abuso de poder, porque si me callo estaría legitimando una ley franquista que se ha aprobado 40 años después de morir el dictador. Yo puedo pagar la multa que me piden, 150 euros que si la pago antes de los quince días se quedaría en 75 euros, pero no lo voy a hacer porque las decisiones injustas y arbitrarias hay que desobedecerlas.

Lo que parece claro es que el PP está rentabilizando esta ley como herramienta para frenar las protestas sociales. La ciudadanía se encuentra en total indefensión. ¿Cómo podemos luchar contra esto?

Para empezar, el PSOE y Ciudadanos deberían haber dado su voto favorable y abstención a la investidura de Mariano Rajoy si éste se hubiera comprometido a derogar la Ley Mordaza y no como lo han hecho, a cambio de nada. Luego, espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie algún día. Yo, por mi parte, si me desestiman las alegaciones estoy dispuesto a ir hasta el Constitucional, me cueste el dinero que me cuente el procedimiento judicial, para hacer valer mis derechos y la libertad de información. Esta ley es más propia de países tiránicos que de democracias avanzadas. No lo podemos permitir. Yo no lo voy a permitir.

Aseguras que no piensas pagar la multa y que la recurrirás, ¿qué alagarás en tu recurso?

Esta ley es más propia de países tiránicos que de democracias avanzadas

Alegaré que no me salté ningún cordón policial porque no existía ninguna señalización visual que me prohibiera el acceso a la zona donde retuvieron al adolescente. Tampoco hice preguntas despectivas, como se dice en el expediente, fui tremendamente educado. Firme y serio, pero muy educado. También alegaré que el derecho a la información es un bien supremo consagrado como un derecho fundamental en la Constitución Española y ninguna ley, aunque la apruebe el PP con mayoría absolutista, está por encima de la Constitución. La Constitución debería servir para aplicársela al independentismo catalán y también para evitar las ansias dictatoriales del PP que con esta ley lo que pretende es romper España desde las libertades públicas.

¿Cuáles son los pasos a seguir en un proceso jurídico de estas características?

Según el jurista que me está asesorando, el primer paso es presentar alegaciones en el plazo de 15 días ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía. Si es desestimada, lo siguiente será recurrir por lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Si no hay suerte, las siguientes fases serán el Tribunal Supremo y, ya por último, el Tribunal Constitucional que debería pronunciarse sobre la constitucionalidad del polémico artículo que se me aplica. Dar esta batalla merece la pena porque el Constitucional, si recibe una denuncia que le obligue a pronunciarse, podría anular el artículo más polémico de todos los de la Ley Mordaza que pone zancadillas a los periodistas en nuestro derecho a la libertad de prensa y a los ciudadanos en su derecho a la información.

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