nuevatribuna.es
18 de enero de 2010, 9:12
NUEVATRIBUNA.ES 18.01.2010
Mientras continúan las críticas de miembros del Gobierno a la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes ‘sin papeles’, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, anunció que abrirá una investigación sobre la actuación de otro consistorio, Torrejón de Ardoz (Madrid), donde desde hace más de un año, se están poniendo límites al empadronamiento de los ‘sin papeles’.
Tal y como subraya esta institución, el padrón garantiza a los inmigrantes irregulares el acceso a servicios básicos como la educación y la sanidad, unos derechos que quedan vulnerados si los extranjeros no están empadronados.
Sobre este extremo se pronunció Alfredo Pérez Rubalcaba, quien exige al PP que “aclare si quiere que los niños de los inmigrantes irregulares se paseen por las calles en lugar de ir a las escuelas”. En una entrevista concedida a la Cadena Ser en referencia a la localidad catalana de Vic, el ministro del Interior, aseguró que el padrón “no es un instrumento policial” y que además “sirve para saber que hay ciudadanos que no son regulares pero que tienen sus derechos sociales”.
SÁENZ DE SANTAMARÍA MODULA LAS PALABRAS DE RAJOY
Como ya dijera el viernes la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, Rubalcaba insiste en que el Ayuntamiento de Vic “tiene que empadronar”, al tiempo que recordó que “así lo dice una circular firmada por el señor Mariano Rajoy“, que, a su juicio, “ahora ha salido de manera oportunista a hablar de este tema”. Además ha exigido al PP
Tras las declaraciones de Rajoy pidiendo una reforma de la Ley de Extranjería, Rubalcaba destacó que durante los meses en los que se han estado tramitando las modificaciones a dicha normativa el PP no presentó ninguna enmienda para reformar el padrón: “dijeron que no”, afirmó.
Desde el principal partido de la oposición se pronunció la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien coincide con el Gobierno en la obligatoriedad de cumplir la ley. En una entrevista en el diario El País, la dirigente popular puntualiza que hay que abrir un debate sobre la inmigración en España ya que “la capacidad de acogida no es la misma que hace unos años”.
“Proponemos reformas, como prohibir las regularizaciones masivas y el contrato de integración. Pensamos que es necesario un debate sobre inmigración en España, y de financiación de los servicios públicos municipales”, dijo Sáenz de Santamaría, modulando las declaraciones hechas por su jefe de filas.
La portavoz popular anunció que pedirá la comparecencia del ministro Celestino Corbacho para que exponga en el Parlamento la respuesta del Ejecutivo a esta decisión, que supone una vulneración de la Ley de Régimen Local.
A LA ESPERA DEL INFORME JURÍDICO
El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) tendrá este lunes en sus manos el informe jurídico externo que encargó al abogado Miquel Roca Junyent para determinar la legalidad de su intención de no inscribir en el padrón municipal a los inmigrantes 'sin papeles', tras lo que preguntará al Gobierno español qué procedimiento debe seguir el consistorio en este tema.
El alcalde de la localidad, Josep Maria Vila, mantuvo el pasado viernes una reunión con representantes de una quincena de entidades y sindicatos, que ya manifestaron su oposición a la medida propuesta por el Ayuntamiento -gobernado en colación por CiU, ERC y PSC- y cuna del partido 'ultra' Plataforma per Cataluña.
En un comunicado, el consistorio calificó el encuentro de “cordial”, y anunció la creación de una comisión mixta con representantes de los inmigrantes de la ciudad para hablar del tema del empadronamiento, una comisión que se reunirá a partir del martes, cuando se conozca el contenido del informe jurídico y el Gobierno se haya manifestado.
Al respecto, Rubalcaba explicó que cuando el Ministerio del Interior reciba la consulta hecha por el Ayuntamiento de Vic la enviará a la abogacía del Estado. “La abogacía cogerá la normativa en vigor y dirá lo que yo estoy diciendo”, aseguró.
Sobre la polémica también se pronunció el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que hizo hincapié en que la dignidad de los seres humanos existe tengan o no papeles y que “el empadronamiento no puede ser nunca un obstáculo a la dignidad y a los derechos de todo ser humano”.
Caamaño subrayó que la ley es inequívoca, de forma que no establece “obstáculos como han dicho de viva voz desde el Ayuntamiento de Vic” a empadronar a inmigrantes que carecen de los papeles de residencia, dijo.
No obstante, respecto a la posibilidad de que se adopten medidas cautelares por parte de las autoridades judiciales ante la actuación del Ayuntamiento, indicó que, mientras no haya un acto firme, es jurídicamente difícil adoptar medidas de naturaleza procesal.
Mientras continúan las críticas de miembros del Gobierno a la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes ‘sin papeles’, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, anunció que abrirá una investigación sobre la actuación de otro consistorio, Torrejón de Ardoz (Madrid), donde desde hace más de un año, se están poniendo límites al empadronamiento de los ‘sin papeles’.
Tal y como subraya esta institución, el padrón garantiza a los inmigrantes irregulares el acceso a servicios básicos como la educación y la sanidad, unos derechos que quedan vulnerados si los extranjeros no están empadronados.
Sobre este extremo se pronunció Alfredo Pérez Rubalcaba, quien exige al PP que “aclare si quiere que los niños de los inmigrantes irregulares se paseen por las calles en lugar de ir a las escuelas”. En una entrevista concedida a la Cadena Ser en referencia a la localidad catalana de Vic, el ministro del Interior, aseguró que el padrón “no es un instrumento policial” y que además “sirve para saber que hay ciudadanos que no son regulares pero que tienen sus derechos sociales”.
SÁENZ DE SANTAMARÍA MODULA LAS PALABRAS DE RAJOY
Como ya dijera el viernes la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, Rubalcaba insiste en que el Ayuntamiento de Vic “tiene que empadronar”, al tiempo que recordó que “así lo dice una circular firmada por el señor Mariano Rajoy“, que, a su juicio, “ahora ha salido de manera oportunista a hablar de este tema”. Además ha exigido al PP
Tras las declaraciones de Rajoy pidiendo una reforma de la Ley de Extranjería, Rubalcaba destacó que durante los meses en los que se han estado tramitando las modificaciones a dicha normativa el PP no presentó ninguna enmienda para reformar el padrón: “dijeron que no”, afirmó.
Desde el principal partido de la oposición se pronunció la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien coincide con el Gobierno en la obligatoriedad de cumplir la ley. En una entrevista en el diario El País, la dirigente popular puntualiza que hay que abrir un debate sobre la inmigración en España ya que “la capacidad de acogida no es la misma que hace unos años”.
“Proponemos reformas, como prohibir las regularizaciones masivas y el contrato de integración. Pensamos que es necesario un debate sobre inmigración en España, y de financiación de los servicios públicos municipales”, dijo Sáenz de Santamaría, modulando las declaraciones hechas por su jefe de filas.
La portavoz popular anunció que pedirá la comparecencia del ministro Celestino Corbacho para que exponga en el Parlamento la respuesta del Ejecutivo a esta decisión, que supone una vulneración de la Ley de Régimen Local.
A LA ESPERA DEL INFORME JURÍDICO
El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) tendrá este lunes en sus manos el informe jurídico externo que encargó al abogado Miquel Roca Junyent para determinar la legalidad de su intención de no inscribir en el padrón municipal a los inmigrantes 'sin papeles', tras lo que preguntará al Gobierno español qué procedimiento debe seguir el consistorio en este tema.
El alcalde de la localidad, Josep Maria Vila, mantuvo el pasado viernes una reunión con representantes de una quincena de entidades y sindicatos, que ya manifestaron su oposición a la medida propuesta por el Ayuntamiento -gobernado en colación por CiU, ERC y PSC- y cuna del partido 'ultra' Plataforma per Cataluña.
En un comunicado, el consistorio calificó el encuentro de “cordial”, y anunció la creación de una comisión mixta con representantes de los inmigrantes de la ciudad para hablar del tema del empadronamiento, una comisión que se reunirá a partir del martes, cuando se conozca el contenido del informe jurídico y el Gobierno se haya manifestado.
Al respecto, Rubalcaba explicó que cuando el Ministerio del Interior reciba la consulta hecha por el Ayuntamiento de Vic la enviará a la abogacía del Estado. “La abogacía cogerá la normativa en vigor y dirá lo que yo estoy diciendo”, aseguró.
Sobre la polémica también se pronunció el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que hizo hincapié en que la dignidad de los seres humanos existe tengan o no papeles y que “el empadronamiento no puede ser nunca un obstáculo a la dignidad y a los derechos de todo ser humano”.
Caamaño subrayó que la ley es inequívoca, de forma que no establece “obstáculos como han dicho de viva voz desde el Ayuntamiento de Vic” a empadronar a inmigrantes que carecen de los papeles de residencia, dijo.
No obstante, respecto a la posibilidad de que se adopten medidas cautelares por parte de las autoridades judiciales ante la actuación del Ayuntamiento, indicó que, mientras no haya un acto firme, es jurídicamente difícil adoptar medidas de naturaleza procesal.
