Nuevatribuna

ENTREVISTA A CARLOS BARRA | MIEMBRO DE DMD

“Pedimos una ley que regule el suicidio asistido y la eutanasia”

Solo en el último mes se han dictado tres sentencias condenatorias en aplicación de una normativa que se arrastra desde la época franquista

El reconocimiento al derecho a una muerte digna sigue pendiente en España. Diez años después del gran causa abierta contra el médico Luis Montes al que se acusó de mala praxis en el hospital Severo Ochoa de Madrid y de lo que fue posteriormente absuelto tras la ‘cruzada’ de Esperanza Aguirre contra este facultativo, nuestro país continúa sin abordar un asunto que no por espinoso debería de ser prioritario en la agenda legislativa.

Solo en el último mes se han dictado tres sentencias condenatorias en aplicación de una normativa que se arrastra desde la época franquista y a la que hasta ahora ninguno de los poderes institucionales ha querido plantarle cara, esto es, el derecho a tener una muerte digna amparado en una legislación que despenalice el suicidio asistido y la eutanasia.

En ello batalla cada día la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) que preside Luis Montes desde el año 2007 y en la que otros facultativos colaboran para situar a España al nivel de otros países europeos en cuanto a normativa se refiere.

carlos-barra2Nuevatribuna.es ha hablado con uno de esos facultativos, el doctor Carlos Barra, con una larga trayectoria profesional a sus espaldas y un firme defensor de un sistema público de sanidad que ofrezca todas las garantías, también a la hora de abordar el proceso final de la vida en enfermos incurables y en estado terminal.

“Desde DMD pedimos una ley que regule el suicidio asistido y la eutanasia y que lo regule como se regula en otros países europeos, con todas las garantías del estado de derecho, es decir, que no permita abusos, sino que se acote, en qué condiciones y con qué garantías como se hace en un estado de derechos”, señala Carlos Barra.

El debate sobre esta cuestión ha cobrado intensidad en los últimos días tras conocerse el acuerdo alcanzado con la Fiscalía para evitar el ingreso en prisión de tres personas (dos de ellas miembros de DMD) acusadas de dos delitos de cooperación al suicidio (uno en grado de tentativa) y un delito contra la salud pública. 

Según destacó el propio Luis Montes este miércoles en rueda de prensa “la aplicación del artículo 143 del Código Penal se está poniendo de moda. Nos llama la atención que sólo en cinco ocasiones se ha aplicado el 143 y en tres de ellas se ha dictado sentencia este último mes”, dijo acompañado por uno de los acusados Fernando Marín (en la imagen, a la dcha.), condenado finalmente a dos años de cárcel y 6 meses de inhabilitación, si bien no entrará en prisión por el acuerdo con la Fiscalía.

DMD

En la profesión, todavía hay grupos muy reticentes por problemas de tipo ideológico

Carlos Barra nos explica que a raíz de lo ocurrido en Leganés, la Organización Médica Colegial abrió el debate e introdujo en su código deontológico la sedación paliativa terminal, que fue precisamente de lo que se le acusó a Luis Montes, una sedación –explica Barra- que se hace “en estado de agonía, de preagonía, con estertores, con apnea, y que se ha hecho siempre en los hospitales. Yo he ejercido durante 43 años y salvo los médicos talibanes, en las UVI de los hospitales había médicos sensatos que desconectaban el aparato, y eso, incluso cuando yo estaba estudiando. Pero sí, es cierto que todavía hay grupos muy reticentes por problemas de tipo ideológico, no de otra cosa”, dice.

Cuando Carlos Barra habla de médicos “talibanes” no quiere generalizar. Es más –precisa- cada vez son más los facultativos que están a favor de que se desregule la eutanasia. “Y ello se debe a dos razones: porque creen que es bueno para el paciente y porque les da seguridad jurídica”, dice. “Muchos médicos tienen miedo desde que pasó lo de Luis Montes. En ese momento, se redujeron automática y drásticamente la prescripción de fármacos, opiáceos y demás, se redujo por miedo de los profesionales porque tenían encima de ellos la espada de Damocles de lo que había ocurrido en Leganés”, explica.

Y luego está la Iglesia Católica. Carlos Barra cita al teólogo y sacerdote suizo Hans Küng que se enfrentó con el papa Wojtyla por su posición crítica al Vaticano y que escribió el libro “Una muerte feliz” donde defiende la eutanasia. Él mismo, enfermo de parkinson ha dejado dicho que cuando note que comienza su demencia pedirá la eutanasia, porque “cuando empiece a no conocer a nadie su dignidad ya no existe”, señala Barra que cree que, a día de hoy, la Iglesia no volverá a posicionarse con tanta firmeza y presión como ocurrió con el tema del aborto.  

La asociación DMD pide que ser derogue el artículo 143 del Código Penal, que recoge las conductas eutanásicas, y que se apruebe una ley de muerta digna. La postura viene siendo apoyada por muchos juristas de prestigio al entender que “ese artículo limita la libertad de la autonomía personal”, afirma Carlos Barra. “Si la libertad es el valor fundamental de nuestra democracia y de nuestro estado de derecho, no se puede limitar la libertad de autonomía de la persona, la persona tiene que disponer de su vida, lo que es una paradoja es que el suicidio sea impune, ahí el derecho deja la libertad de hacer, tu puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, hasta quitártela, sin embargo si tú te encuentras tan mal y pides ayuda para hacerlo en unas mejores condiciones, es decir, que no te tengas que tirar por un balcón, entonces, al que te ayuda le meten en la cárcel”.

"Hay muchos ingleses que van a morir a Suiza"

El objetivo es elaborar una normativa con la que ya cuentan algunos países europeos como Holanda, Bélgica, donde “la fiscalía interviene cuando entiende que ha habido un abuso y fíjate si confían en que la ley se cumple que intervienen ex post, es decir, cada año una comisión entrega a la fiscalía los casos que ha habido de eutanasia”, explica Carlos Barra.

También en Luxemburgo y Suiza donde no está despenalizada la eutanasia pero sí el suicidio asistido, de hecho “hay muchos ingleses que van a morir a Suiza”. Asimismo, en Canadá y algunos estados de EEUU cuentan con leyes que despenalizan el suicidio asistido.

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En España, algunas autonomías han regulado esta cuestión en el marco de la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002 bajo el Gobierno de Aznar. La primera fue Andalucía en 2008, donde el PSOE impulsó una ley de muerte digna en la que participó activamente DMD. A ella, le siguió Navarra, Aragón, y en la actualidad se está haciendo en Euskadi y Galicia.

En estas normativas se introducen las obligaciones que tienen los centros sanitarios de hacer respetar los valores y derechos. También en Madrid, el PSOE acaba de presentar un proyecto de ley similar a la andaluza. “Esas leyes son positivas, claro que sí, son un avance positivo pero lo que le decimos al PSOE como a otros partidos es que lleguen un poco más lejos”, dice Barra.

DMD se ha reunido con todos los partidos políticos excepto el PP que se niega a abordar el asunto. También lo rechaza Ciudadanos. En algunas iniciativas, como la planteada por Podemos en la Asamblea de Madrid, se recogen algunos de los planteamientos que defiende la asociación de Luis Montes, como por ejemplo que el Testamento Vital se pueda registrar en todos los centros de salud, hospitales y ayuntamientos.

El Testamento Vital, un documento con valor jurídico

Legislando se evitan sufrimientos y situaciones ambiguas y daría seguridad jurídica a los profesionales de la sanidad

El Testamento Vital se concretó con la citada ley de 2002 en base a lo que dicta la legislación europea e internacional respecto al derecho de autonomía de la persona. Este documento con valor jurídico garantiza el derecho del paciente a recibir una información veraz y clara de todo lo que se le vaya a hacer, como una obligación de los profesionales sanitarios que deberán tener el consentimiento del enfermo. Cuando la persona no está en condiciones de poder responder, se permite hacer la declaración de voluntad anticipada donde se especifica que en determinadas condiciones el paciente no quiere que se le practiquen medidas de soporte vital. El problema es que muy poca gente conoce que puede optar al mismo, de hecho hasta ahora se registran muy pocos testamentos vitales y de ahí la necesidad de que el Estado ponga en marcha campañas activas de información.

Legislando –insiste Carlos Barra- “se evitan sufrimientos y situaciones ambiguas y daría seguridad jurídica a los profesionales de la sanidad”. A su juicio, “una cosa son los cuidados paliativos que aparecen siempre que se habla de estas cosas y otra cosa es la libre disponibilidad”. “Cada vez hay más personas que reclaman ayuda, y cada día en España muere gente en malas condiciones”, añade. A su juicio, hay que empezar a despejar los miedos y los tabúes que se crean en torno a este problema social. El propio término, ‘eutanasia’, ha adquirido un sentido peyorativo cuando etimológicamente significa ‘buena muerte’, recuerda este profesional de la medicina.