Por Jesús Fernández Béjar | CCOO | Han bastado cuatro días de huelga en la limpieza viaria y jardinería de Madrid para confirmar que esta ciudad no cuenta con un equipo de gobierno a la altura de las circunstancias. La responsabilidad política del Ayuntamiento es evidente en un servicio público esencial con independencia de la externalización de su gestión. Esta ciudad no merece la pasividad inaceptable con que la alcaldesa ha decidido afrontar el mayor conflicto en el sector de limpieza de Madrid en más de una década.
El secretario general de la FSP- CCOO, Jesús Fernández Béjar, ha asegurado que “el origen del problema reside en un nuevo modelo de contratación que subasta el empleo y rebaja la calidad del servicio con un presupuesto casi un 50 por ciento inferior al de hace cinco años”.
En los dos primeros meses de ejecución, el Ayuntamiento de Madrid ha multado a las empresas concesionarias con sanciones que superan los dos millones de euros por incumplimiento de objetivos. CCOO advierte que de aprobarse la reducción de más de mil empleos propuesta por esas mismas empresas, la situación de limpieza urbana será caótica.
“¿Dónde está la responsabilidad política del Ayuntamiento?”, ha afirmado Fernández Béjar, quien señala que “empresas y ayuntamiento están intentando cuadrar sus cifras a costa de recortar derechos y despedir a más de mil trabajadores…Asistimos a una perversión del modelo laboral. Las empresas fuerzan una huelga para presionar al Ayuntamiento, conscientes de que han asumido una contrata que no es rentable. La calidad del servicio les da igual.”
Lo demuestra la propia negociación que se mantiene estos días. Los sindicatos han formulado propuestas alternativas y razonables a los despidos: congelación del convenio actual, la no cobertura de vacantes, plan de prejubilaciones, programa de bajas incentivadas y ajustes en partidas de gasto como el vestuario. Ninguna de ellas ha sido aceptada. Las empresas han radicalizado sus posiciones desde el inicio de la huelga exigiendo despidos y rebajas salariales de al menos un 10 por ciento sobre salarios que escasamente alcanzan los 900 euros mensuales.
La indiferencia municipal y la cerrazón empresarial están conduciendo al sector a un callejón sin salida, y desgraciadamente parece que ese es su objetivo último. Los trabajadores están siendo utilizados como moneda de cambio de una pugna económica entre las empresas y el Ayuntamiento, del mismo modo que los vecinos de Madrid son utilizados como rehenes cautivos de un conflicto. Se equivocan. Ante esta situación, la plantilla ha reforzado su cohesión y el seguimiento de los paros está siendo unánime. Todos sabemos lo que nos jugamos. Tal vez la alcaldesa es la única que lo ignora.
