"Todas estas cosas están desacreditando a la Justicia y nunca mejor dicho en un día como hoy", ha destacado la exdiputada y abogada Cristina Almeida
La plataforma de Solidarios con Garzón junto con asociaciones de la memoria histórica y un grupo de abogados han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra una investigación sobre la participación de magistrados del Tribunal Supremo en actividades retribuidas por empresas o despachos de abogados, entre ellos los defensores de la trama 'Gürtel', al considerar dicha vinculación "claramente perturbadora".
El escrito, remitido al presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, señala que la relación "continuada" en actividades "evidentemente retribuidas" al servicio de "sociedades o empresas mercantiles públicas o privadas de cualquier género" puede crear "vínculos personales que perturben la necesaria imparcialidad si han de tomar decisiones en procesos en que dichas entidades, directa o indirectamente, sean parte", lo que ve "preocupante" en su garantía de imparcialidad.
PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE LA FAES
El primer texto cita a los magistrados Juan Saavedra, Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Manuel Marchena y desglosa que intervinieron en masteres o cursos organizados, entre otros, por el Instituto de Práctica Jurídica 'Schola Iuris', la Universidad Rey Juan Carlos o la Fundación FAES, presidida por el expresidente del Gobierno y presidente de honor del PP José María Aznar.
Además, añade, algunos magistrados han participado en eventos propiciados por la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo consultivo asesor figuran los exministros José María Michavila y Ángel Acebes.
Los textos, suscritos por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o la abogada Cristina Almeida, instan a abrir diligencias informativas para conocer el número de actos y la cuantía de las retribuciones por razones de "justicia y transparencia"
Cristina Almeida ha señalado que "fundamentalmente" la relación destaca "el nombre de Marchena porque es el que ha levantado la liebre sobre un posible cohecho por los cobros de Nueva York", la causa seguida contra Garzón por su participación en actividades desarrolladas en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, financiadas por el Banco Santander, entre otras entidades.
POSIBLE NULIDAD DE DECISIONES JUDICIALES
Al entender que ello no sólo afecta a la ética profesional de los jueces sino también a su imparcialidad, piden que se esclarezcan estos hechos por si pueden incidir en la validez de sus decisiones judiciales y, en consecuencia, a su posible nulidad.
El segundo escrito hace referencia a la "generosa aportación" de entidades de crédito que reciben las asociaciones judiciales y que representan un "indudable beneficio económico" para los asociados respecto de gastos de hospedaje como de manutención. Aluden a patrocinios de congresos organizados por Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales o la Asociación Profesional de la Magistratura.
"Es un ejemplo de cómo la magistratura, sin duda en consideración de sus cargos, es beneficiada por los poderes económicos mediante dádivas o regalos que aceptan de buen grado y que, como hemos dicho, reportan un indudable beneficio personal", dice, tras indicar que algunas entidades bancarias ofrecen ofertas a jueces.
Los textos, suscritos por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o la abogada Cristina Almeida, instan a abrir diligencias informativas para conocer el número de actos y la cuantía de las retribuciones por razones de "justicia y transparencia".
