El gabinete de Manuel Valls ha lanzado un plan de lucha contra el acoso en los transportes
“Era la mañana del primero de enero; volvía a casa en el metro con una amiga. Un grupo de chicos se acercaron y comenzaron a levantarme el vestido sin ningún pudor y riendo. Comencé a gritarles y cuando salieron del tren les arrojé el agua que llevaba en una botella; uno de ellos me escupió a la cara antes de que la puerta se cerrara. Ningún otro pasajero reaccionó. Una bonita forma de comenzar el año...” Mariama D. es una parisina de 25 años y, como ella, muchas francesas se ven confrontadas cada día a la incertidumbre de un desplazamiento cotidiano en los transportes públicos.
Un informe presentado el mes de abril por el Alto Consejo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres ponía de manifiesto la violencia física o verbal a la que se ven sometidas las mujeres en los transportes públicos. El cien por cien de las usuarias interrogadas dicen haber sido alguna vez víctimas de violencia sexista -desde injurias, comentarios vejatorios e insultos hasta tocamientos más o menos discretos-. La primera agresión tiene lugar en un 50% de los casos antes de los 18 años. Todo ello hace que el 60 por ciento de las mujeres encuestadas admitan tener miedo de sufrir una agresión en la red de transportes de la región parisina. Si a ello le añadimos que dos tercios de los pasajeros en el transporte público son mujeres, este fenómeno se convierte en un problema de convivencia que requiere medidas urgentes.
En el informe, las usuarias subrayaban varios cambios de comportamiento en sus desplazamientos para evitar cualquier tipo de agresión. La manera de vestir se masculiniza -evitando faldas y vestidos-; los horarios se contraen para evitar trayectos después de las nueve de la noche; se sistematizan las llamadas telefónicas disuasorias o se alteran los trayectos habituales para evitar líneas de metro o de cercanías poco frecuentadas. Todo ello no solamente tiene un impacto en el tiempo dedicado al transporte sino también en la vida profesional de las mujeres o en su tiempo de ocio.
Frente al impacto de esta violencia cotidiana, el gabinete de Manuel Valls ha lanzado un plan de lucha contra el acoso en los transportes basado en el despliegue de campañas de sensibilización desde septiembre y en la creación de un número de teléfono de urgencia disponible desde finales de este año para permitir la intervención rápida de los servicios de seguridad de la empresa pública de transportes. A ello hay que añadir la experimentación importada desde Canadá de marchas participativas que permitirán a las usuarias identificar en las principales estaciones las iniciativas que deban ser tomadas en los próximos meses en la red de transportes para mejorar la seguridad de las viajeras.
A pesar del paquete de medidas voluntarista del ejecutivo francés, el sexismo ordinario en el espacio público se combate a través de la educación y de un compromiso general, que abarca desde las sociedades de transporte, responsables de garantizar la seguridad de los viajeros, hasta el ciudadano indiferente -hombre y mujer- que es testigo impasible de comentarios inapropiados o de un tocamiento discreto pero intencional.
El problema sobrepasa, de este modo, la evidente dimensión moral y las consecuencias penales de algunas acciones (injurias públicas, amenazas, acoso sexual, exhibicionismo, violación...). El acoso en los transportes es un problema de convivencia y la ejemplificación de un machismo banalizado en ámbitos tan diversos como la infrarrepresentación de las mujeres en instituciones y consejos de administración o en una omnipresente publicidad que cosifica a las mujeres -también en las estaciones de metro en las que muchas son víctimas de insultos o agresiones-. Sin embargo, es ante todo la manifestación de un individualismo y de una indolencia convertidos en dogma irrenunciable.
