El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, ha detallado esta circunstancia en declaraciones a los periodistas tras finalizar la reunión que la delegación de este grupo de la ONU mantuvo este lunes con representantes de todas las formaciones en la citada comisión parlamentaria de la Cámara Baja. Por parte del grupo de IU, ICV-EUiA, CHA también estuvo presente en el encuentro su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares.
“Se nos ha instado a los diputados de los diversos grupos –detalló Sixto- a tratar de incorporar en la reforma del Código Penal un delito concreto de desaparición forzada, algo que desde el grupo de La Izquierda Plural contemplamos como sumamente adecuado”.
El parlamentario de IU indicó que los integrantes de este grupo de trabajo –que llevan varios días de visita en nuestro país para analizar cómo se aplica la Convención sobre Desapariciones Forzadas- manifestaron también diversos problemas y lagunas importantes con los que se han topado en la legislación española en relación a la investigación de las desapariciones forzadas en la dictadura franquista. Entre ellos enumeró que “se ha hablado de la Ley de Amnistía, de las carencias a la Ley de Memoria Histórica, de la falta de contemplación (de este asunto) en la Ley de Transparencia”, relacionado esto último a la apertura de archivos e investigaciones. De esta forma, “se confirman las dinámicas que viene denunciando nuestro grupo en cuanto a esta carencias”, dijo.
La reunión ha servido para contrastar las cifras de desaparecidos que, según los datos que la Audiencia Nacional ha trasladado al grupo de trabajo, se elevan a 114.000.
Ricardo Sixto completó su explicación de la reunión destacando una serie de “cuestiones fundamentales” que se habían tratado, como la “reducción a cero en los Presupuestos Generales del Estado de las partidas destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas bajo la dictadura franquista. Es decir, la Ley de Memoria Histórica se mantiene pero la dotación económica fundamental para su implementación ha desaparecido”.
Agregó que estos delegados de la ONU también conocen que esta misma Ley de Memoria Histórica “no establece la obligación del Estado de proceder de oficio a buscar a las personas desaparecidas”, que se delega a otras instancias administrativas. “No hay ninguna investigación seria en marcha ahora mismo en la Justicia española respecto a los desaparecidos del franquismo”, subrayó.
La delegación de Naciones Unidas sí ha destacado la importante contribución española al desarrollo de la Justicia Universal, aunque también ha puesto el acento, según Sixto, en que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) supuso una “regresión en esta cuestión y España ahora mismo no se sitúa en la lucha por el establecimiento de una Justicia Universal, sino al revés”.