Red Acoge, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y CESR exigen al Gobierno que restablezca el derecho a la sanidad de los inmigrantes en situación irregular y de cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, después de que el Consejo de Europa advirtiese al Ejecutivo español de que la exclusión de este colectivo contraviene la Carta Social Europea en materia de derecho a la salud.
"El Gobierno de España viene ignorando de manera reiterada las directivas y recomendaciones de los mecanismos internacionales"
Esta medida, adoptada en el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario aprobado en abril de 2012, dejó fuera de la atención primaria a todos los extranjeros mayores de 18 años sin permiso administrativo para residir en España, exceptuando a las mujeres embarazadas. Para el Consejo de Europa, se trata de una medida "regresiva" que implica una reducción de los derechos reconocidos por la convención firmada por España.
"El Gobierno de España viene ignorando de manera reiterada las directivas y recomendaciones de los mecanismos internacionales. Desde que se aprobó la reforma sanitaria han sido varios los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que han subrayado que ésta contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos y han solicitado a España la modificación", explican las ONG.
Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y el Comisionado Europeo de Derechos Humanos se han dirigido a España en este sentido desde que se reformó la legislación, igual que ahora lo ha hecho el Comité que supervisa la Carta Europea de Derechos Sociales que sustenta el Consejo de Europa.
Por eso, instan al Gobierno a modificar las leyes que contravienen la Carta Social Europea en materia de derecho a la salud y a "poner fin al retroceso de los derechos sociales de todas las personas que viven en el territorio español con independencia de su situación administrativa y sin discriminación alguna".
Asimismo, solicitan a todas las autoridades nacionales encargadas de vigilar y hacer cumplir las normas de derecho internacional y europeo a las que se ha comprometido España en materia de derechos sociales a realizar "una labor más eficaz en el escrutinio de las políticas y medidas adoptadas por el Estado".
