nuevatribuna.es
23 de diciembre de 2009, 12:49
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 23.12.2009
...que fueron ilegalmente sustraídos por la empresa Odyssey Marine Exploration del lugar donde yace.
El magistrado Steven Merryday establece que el material hallado en el pecio es patrimonio español. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha manifestado su satisfacción ante el fallo del tribunal federal de Tampa y ha calificado la decisión de "crucial en la defensa de los intereses del patrimonio histórico español".
La decisión del juez norteamericano establece que "es indiscutible que el pecio Nuestra Señora de las Mercedes es un buque de Estado español y que tanto su carga, como los restos humanos son patrimonio español y tienen derecho a permanecer inalterados si no hay consentimiento del Estado español"
El fallo confirma la decisión previa del juez Mark Pizzo emitida en junio de 2009, ordenando a Odyssey la devolución y entrega de todas las monedas y objetos extraídos del buque Nuestra Señora de las Mercedes, para su custodia por España. A partir de ahora se abre el plazo para posibles recursos de las partes involucradas en el proceso: el Gobierno de Perú y la empresa Odyssey Marine Exploration.
En mayo de 2007, el Ministerio de Cultura alertó a la Guardia Civil ante un posible delito de expolio del patrimonio español por parte de la empresa estadounidense Odyssey, que ahabía anunciado el hallazgo de un buque hundido con un valioso botín, cuya nacionalidad y lugar de procedencia se negó a facilitar. Cultura calificó de "sospechoso" que la empresa Odyssey no diera a conocer la nacionalidad del buque en el que se encontró el valioso botín ni su localización exacta, que según la empresa se situaba en aguas internacionales y en un punto indeterminado del océano Atlántico.
Como garante del patrimonio español, el Ministerio de Cultura pidió a la Guardia Civil que investigara este asunto, vigilara las costas de Gibraltar y averiguara si el hallazgo, formado por unas 17 toneladas de monedas de plata y oro -valoradas en 370 millones de euros-, se encontraba en aguas españolas o pertenecía a un buque de bandera española, en cuyo caso se habría cometido un delito de expolio.
La empresa Odyssey informó también de que medio millón de monedas extraídas hasta ese momento habían sido trasladas a territorio estadounidense. Fuentes de la Guardia Civil explicaron que ya existían antecedentes de inspecciones por las actividades de esta compañía de exploración marina, con el objetivo de comprobar que cumplía con la normativa internacional.
Dos meses antes, el Ministerio de Cultura había anunciado que vigilaría a Odyssey en las operaciones de identificación del buque MS Sussex, un navío de bandera inglesa que naufragó en la zona del mar de Alborán en 1694 con un mercancía formada por nueve toneladas de oro y valorada en 4,5 millones de dólares, y cuyo descubrimiento y posible rescate provocó una controversia que se saldó con un acuerdo entre los Gobiernos de España y Reino Unido.
Por su parte, Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar-Verdemar se comprometió a facilitar a la Fiscalía de Cádiz todos los movimientos del 'Odyssey Explorer' y del buque 'Ocean Alert' "para demostrar que el tesoro que se habían llevado estuvo frente a las costas de La Línea de la Concepción (Cádiz) y Estepona, en el Mar Mediterráneo y no, como sostenía la compañía, más allá de las aguas territoriales y de la jurisdicción de cualquier nación".
...que fueron ilegalmente sustraídos por la empresa Odyssey Marine Exploration del lugar donde yace.
El magistrado Steven Merryday establece que el material hallado en el pecio es patrimonio español. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha manifestado su satisfacción ante el fallo del tribunal federal de Tampa y ha calificado la decisión de "crucial en la defensa de los intereses del patrimonio histórico español".
La decisión del juez norteamericano establece que "es indiscutible que el pecio Nuestra Señora de las Mercedes es un buque de Estado español y que tanto su carga, como los restos humanos son patrimonio español y tienen derecho a permanecer inalterados si no hay consentimiento del Estado español"
El fallo confirma la decisión previa del juez Mark Pizzo emitida en junio de 2009, ordenando a Odyssey la devolución y entrega de todas las monedas y objetos extraídos del buque Nuestra Señora de las Mercedes, para su custodia por España. A partir de ahora se abre el plazo para posibles recursos de las partes involucradas en el proceso: el Gobierno de Perú y la empresa Odyssey Marine Exploration.
En mayo de 2007, el Ministerio de Cultura alertó a la Guardia Civil ante un posible delito de expolio del patrimonio español por parte de la empresa estadounidense Odyssey, que ahabía anunciado el hallazgo de un buque hundido con un valioso botín, cuya nacionalidad y lugar de procedencia se negó a facilitar. Cultura calificó de "sospechoso" que la empresa Odyssey no diera a conocer la nacionalidad del buque en el que se encontró el valioso botín ni su localización exacta, que según la empresa se situaba en aguas internacionales y en un punto indeterminado del océano Atlántico.
Como garante del patrimonio español, el Ministerio de Cultura pidió a la Guardia Civil que investigara este asunto, vigilara las costas de Gibraltar y averiguara si el hallazgo, formado por unas 17 toneladas de monedas de plata y oro -valoradas en 370 millones de euros-, se encontraba en aguas españolas o pertenecía a un buque de bandera española, en cuyo caso se habría cometido un delito de expolio.
La empresa Odyssey informó también de que medio millón de monedas extraídas hasta ese momento habían sido trasladas a territorio estadounidense. Fuentes de la Guardia Civil explicaron que ya existían antecedentes de inspecciones por las actividades de esta compañía de exploración marina, con el objetivo de comprobar que cumplía con la normativa internacional.
Dos meses antes, el Ministerio de Cultura había anunciado que vigilaría a Odyssey en las operaciones de identificación del buque MS Sussex, un navío de bandera inglesa que naufragó en la zona del mar de Alborán en 1694 con un mercancía formada por nueve toneladas de oro y valorada en 4,5 millones de dólares, y cuyo descubrimiento y posible rescate provocó una controversia que se saldó con un acuerdo entre los Gobiernos de España y Reino Unido.
Por su parte, Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar-Verdemar se comprometió a facilitar a la Fiscalía de Cádiz todos los movimientos del 'Odyssey Explorer' y del buque 'Ocean Alert' "para demostrar que el tesoro que se habían llevado estuvo frente a las costas de La Línea de la Concepción (Cádiz) y Estepona, en el Mar Mediterráneo y no, como sostenía la compañía, más allá de las aguas territoriales y de la jurisdicción de cualquier nación".
