Son medidas sacadas del manual de quienes confunden intencionadamente derechos con privilegios, ciudadanía con clientela y servicios públicos con negocio
En esa cruzada que los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente desde 2007, han tenido contra los servicios públicos, sus trabajadores y trabajadoras y sus representantes, encontramos medidas que rozan el sadismo. En el año 2010 el Gobierno de Esperanza Aguirre eliminó de un plumazo varios aspectos del Acuerdo Sectorial de Educación, algunos de ellos relacionados con el profesorado interino, saltándose las normas de la negociación colectiva y la postura unánime de todas las organizaciones sindicales representativas. Con este “modus operandi” tan característico del “Thatcherismo” se pasa de un acuerdo contrastado y equilibrado a un “decretazo” unilateral improvisado, chapucero y sin garantías publicado en mayo de 2013. Esto a pesar de que el acuerdo firmado en 2006 había demostrado su buen funcionamiento y su utilidad y del rechazo unánime de la nueva norma.
Y eso no fue todo. El decreto también eliminó la validez de las titulaciones de habilitación obtenidas por el profesorado hace años. Se trata de habilitaciones para las diferentes especialidades docentes, después de haber cursado la titulación de Magisterio, conseguidas tras extensos cursos en universidades públicas y a través de convenios oficiales con el Ministerio de Educación. Una evidente discriminación del profesorado interino y un agravio comparativo para la educación pública pues, curiosamente, las titulaciones afectadas sí permiten ejercer la docencia en los centros privados-concertados, también sostenidos con fondos públicos.
Una vez más, el Gobierno regional se ceba con los más débiles, imponiendo medidas de una gran crueldad y despreciando a un colectivo que, a pesar de la gran precariedad, está muy cualificado, con titulaciones, formación permanente y años de experiencia docente en los destinos más complicados y variopintos.
Estos maestros y maestras se han encontrado, primero, con que su experiencia y formación ya no contaba apenas para ser contratados, que han pasado de tener destinos estables a jornada completa a tener destinos precarios de jornada parcial y dividido en varias sustituciones a lo largo del curso, que se eliminaba su derecho a cobrar el verano, que se les intenta negar su derecho al cobro de sexenios y limitar el cobro de trienios. Ahora, se encuentran con que la titulación que siempre les ha servido es anulada y rechazada.
Deben resignarse a abandonar su carrera docente, o a pagar lo que les piden entidades privadas para obtener el grado en un corto plazo de tiempo si quieren tener alguna oportunidad.
Evidentemente, se trata de profesorado que, en la mayoría de los casos, ya cuenta con una cierta edad y cargas familiares, a quienes se obliga a empezar de cero en la profesión docente que han ejercido durante años. Además de ser a las claras injusto, resulta absurdo y arbitrario dar por hecho que su formación, homologada por universidades públicas, junto a sus años de experiencia, valen menos que el actual grado.
A pesar de que nadie más comparte la posición de la Consejería de Educación, ninguna institución política se atreve a tomar cartas en el asunto, ya sea Defensora del Pueblo, Ministerios, Inspección, o las propias universidades, bajo el argumento de que es aquella quien tiene la competencia sobre el profesorado interino. Sin embargo, no debería, bajo ningún concepto, incumplir la normativa de orden superior, ni saltarse la negociación colectiva, ni ignorar los procedimientos democráticos, administrativos y legales.
Todo esto sucede en un momento de drásticos recortes educativos, en el que las ofertas de empleo público son exiguas. Estas políticas no dan opción al profesorado interino con carreras docentes consolidadas, pero tampoco al profesorado joven recién titulado, quienes también ven que sus opciones de entrar en el sistema son mínimas y, de hacerlo, lo harán de forma precaria e inestable.
Esta situación sería comparable a que, en cualquier empresa o sector laboral, un trabajador o trabajadora viera invalidadas sus titulaciones periódicamente y debiera cursar unas nuevas o pasar un nuevo examen cada poco tiempo para tener siquiera la oportunidad de continuar su contrato. Situaciones análogas se están dando en el mercado laboral dentro de las políticas de facilitar la rotatividad, la precariedad y la inestabilidad laboral para abaratar costes, en lugar de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Sin duda, son medidas sacadas del manual de quienes confunden intencionadamente derechos con privilegios, ciudadanía con clientela y servicios públicos con negocio. Un marco en el que los trabajadores y trabajadoras somos un factor de producción más, inanimado y desechable.
