martes 20/10/20

La necesidad de nombrar y escuchar a las mujeres rurales

Gloria López | Durante la pandemia fueron esenciales; sus propuestas son necesarias para el cambio de modelo agroalimentario y la articulación de respuestas frente a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el mundo

La primavera asomó demasiado pronto. Tuvimos el invierno más cálido del siglo. Pero nada de eso parecía importante cuando un virus diminuto vino a detener casi todo. Ellas no pararon. Frutas, hortalizas, pescados y carnes llegaban hasta nuestras mesas gracias a sus manos. Las mujeres rurales han seguido trabajando y cuidando. Es necesario nombrarlas y escucharlas.

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Ellas mantienen viva a esa España vaciada que tanto resuena en los medios y que desde la pandemia aparece como un ensueño reiterado en las mentes de quienes sufrieron el confinamiento en pisos pequeños de grandes ciudades. Pero no hay que olvidar que ellas, como la mayoría de las mujeres, han cargado con los cuidados –de niños, niñas, hermanos, padres, tareas domésticas, huertos y animales- pero sin los mismos derechos ni servicios básicos que existen en otros puntos del país.

“Durante la pandemia fuimos declaradas esenciales, teníamos que seguir trabajando, pero con el peso añadido de tener que ocuparnos de todo lo demás, la casa, los niños…”, afirma Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural –CERES-. Ella es dueña de una hectárea, en la provincia de Almería. Desde allí, cuidando tomates, habla con nosotras y nos explica que la situación para mujeres jóvenes, que trabajan por cuenta ajena, ha sido muy complicada en esos meses en los que los colegios cerraron sus puertas y los pocos servicios sociales con los que cuentan los pueblos se tornaron virtuales.

La brecha tecnológica es mayor en el campo. “Muchas no tenemos ordenador y, si lo tenemos, tampoco lo habíamos usado mucho”, asegura. Conseguir información se tornó una tarea ardua en ese contexto. En el sector primario no se podían solicitar ERTES y a las asalariadas les resultó difícil mantener sus jornadas si no contaban con el apoyo de las mayores –madres, vecinas-.

Es otra de las contradicciones que ha mostrado la pandemia. El protagonismo urbano en las medidas adoptadas por la Administración ha sido tan evidente como la esencialidad y el compromiso demostrado por quienes labran la tierra y cuidan a los animales. Como en tantos ámbitos y espacios, el Covid ha venido a señalar carencias estructurales, lo cual convierte también la crisis en una oportunidad para revisar políticas y prioridades.

Y sí, la llamada ’España vaciada’ sufre el recorte de servicios tan básicos como la sanidad, la asistencia a las personas dependientes o la educación. Son las mujeres quienes asumen entonces una doble función: por un lado, se ocupan de suplir estos servicios, asimilando un rol de género tradicional como cuidadoras, y por otro, van a trabajar a las explotaciones o negocios familiares. La presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, denuncia que la crisis sanitaria “ha aislado todavía más a los pueblos y ha sacado a relucir las enormes diferencias de género y las brechas existentes entre los habitantes del medio rural y el urbano”.

“Sembramos esperanzas con nuestros cuidados, y sembramos semillas para que no falten alimentos en las mesas”, sintetizan desde CERES.

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Desigualdades estructurales

María Eugenia R. Palop, vicepresidenta primera de la Comisión para los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento Europeo, destaca la falta de soberanía alimentaria y el hecho de que los grandes intermediarios se sigan haciendo de oro en detrimento de los mercados locales como grandes deficiencias en el modelo agroalimentario europeo. Y, como siempre, las mujeres, con mayor vulnerabilidad y en una situación de inferioridad clara con respecto a los varones, acusarán en mayor medida el impacto de la pandemia y de la post-pandemia. “No tienen acceso a la tierra en las mismas condiciones que los hombres, el nivel de desempleo en las zonas rurales para las mujeres es mucho más alto, apenas trabajan por cuenta propia y, en Europa, solo el 30 por ciento de las tierras está gestionado por mujeres”.

No es que las mujeres no hayan trabajado desde siempre la tierra. Es que su trabajo tradicionalmente se ha considerado una ayuda, un suplemento. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero generalmente los hombres figuran como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres aparecen como cónyuges en la categoría de "ayuda familiar". Esto las perjudica a la hora de acceder a prestaciones sociales como el desempleo o la pensión por jubilación.

9 años desde la aprobación de Ley de Titularidad Compartida, solo 725 explotaciones se han dado de alta en el registro

La titularidad compartida en las explotaciones agrarias ha sido una de las grandes e históricas reivindicaciones de las mujeres rurales en el Estado español. Una lucha de décadas logró que se aprobara una ley que fue publicada en el BOE de 4 de octubre de 2011 por la que agricultoras y ganaderas obtenían el reconocimiento jurídico, social y económico del importante, pero invisible papel, que siempre han desempeñado las mujeres en el ámbito agrario. Sin embargo, después de haber transcurrido nueve años desde la aprobación de la normativa, sólo 725 explotaciones agrarias se han dado de alta en el registro, según datos del Ministerio de Agricultura de julio de 2020, de las cuales 94 lo hicieron este año. Cuando la ley se aprobó el titular que la acompañaba aseguraba que cerca de cien mil mujeres podían acogerse a esta figura.

“La desidia de las diferentes administraciones, trabas burocráticas, falta de recursos e incentivos y escasa comunicación con el sector han obstaculizado que el reconocimiento jurídico, económico y social de la mujer sea una realidad”, afirma Idáñez, insistiendo en la necesidad de información: “los avances legislativos no sirven de nada si se quedan en el BOE y no llegan al campo”.

Además, explica esta trabajadora, el problema es que las pequeñas producciones y empresas no pueden hacer frente a los gastos de la Seguridad Social. “No es que la igualdad no sea rentable, porque las mujeres que no ven reconocidos sus derechos, que trabajan pero son invisibles, que viven dependiendo de sus maridos, padres o hermanos tienen derecho a ser reconocidas, a poder decidir, a ser titulares de las tierras y recibir las prestaciones que les corresponden”, defiende hábilmente Inmaculada, “no nos equivoquemos, lo que nos lo pone difícil son los precios que nos pagan por nuestras cosechas, mientras que los distribuidores y las grandes empresas se llevan todo” y enfatiza “a los grandes grupos de inversión, que se están quedando con la tierra, las personas y los alimentos no importan nada”.

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También desde Agricultura, Isabel Bombal -DG Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal- identifica obstáculos que impiden que esta ley, a pesar de su valor, no haya tenido la implantación cuantitativa deseada. Falta que la información adecuada llegue a beneficiarias, beneficiarios y funcionariado que se ocupa de ponerlo en marcha. Y se necesitan incentivos económicos que hagan posible hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social.

Modelos

Pareciera que existe una pugna. Por un lado, trata de imponerse la agricultura intensiva industrial basada en la explotación de personas y de recursos. Frente a ella, el futuro llama a la necesidad de apostar por una producción más cercana y cuidadosa, por una soberanía alimentaria que permita utilizar prácticas adecuadas ecológica, social, económica y socialmente a cada territorio.

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En ese sentido la estrategia europea “De la Granja a la mesa” supone “un intento de modificar las prácticas actuales” hacia una política agraria “verde”. Y en ese proceso, según Eugenia R. Palop, va a ser no solo recomendable sino necesario escuchar a las mujeres rurales, cuyo rol social les ha llevado a ocupar unidades de producción más pequeñas, donde llevan a cabo prácticas más cuidadosas con la tierra, a ser mas conservadoras con un recurso como el agua, a tener una perspectiva más comunitaria de articulación de vínculos y a contemplar el relevo generacional.

Es de alguna manera un “momento oportuno” para aplicar los postulados del ecofeminismo. No basta solo con feminismo, ni basta solo con ecología, es necesario unir ambos movimientos y comprender que existen vínculos entre la explotación de las mujeres y la explotación de la tierra.

Durante el confinamiento, saltaron a la luz pública casos sangrantes de explotación de jornaleros y jornaleras en diversos campos del Estado español. Y dentro de esa profunda injusticia, las mujeres, además de ser vistas como mano de obra barata, como objeto de explotación laboral, también sufren la amenaza de la violencia sexual. Esas situaciones ya existían, ya se conocían, pero una vez más la pandemia puso el foco en la grieta. Y todavía la violencia que golpea a estas mujeres, jornaleras, muchas de ellas migrantes, no moviliza una respuesta masiva en la sociedad, ni tampoco en el tejido feminista, gestado en muchos casos en territorio urbano.

Toma de decisiones

Por otra parte, las mujeres juegan un papel fundamental en la sociedad rural y, sin embargo, ese rol no se corresponde con la representación que tienen en los órganos donde se toman las decisiones. La presencia de las mujeres es aún muy escasa en la política local, en los grupos de desarrollo rural y en los consejos rectores de las cooperativas. El 26 % de las socias cooperativas son mujeres, pero apenas el 3,6 % son presidentas de las mismas.

Teresa López, presidenta de Fademur, sostiene que “para afrontar esta infrarrepresentación están las cuotas”. Un caso significativo que refrenda esta opinión es el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla La Mancha, que tiene rango de ley y que, además de otras medidas orientadas a fomentar la empleabilidad, la fijación de población y la igualdad real y efectiva en territorio rural, promueve un “salto de calidad” para las organizaciones empresariales y sindicales vinculadas al sector agroalimentario, con la obligatoriedad de que en sus órganos de decisión participe al menos un 40 % de mujeres. Aunque todavía hay camino que recorrer, lo cierto es que la norma empieza a dar sus frutos. Laura Díaz-Pavón, enóloga de la Cooperativa Cristo de Santa Ana, en Villafranca de los Caballeros, explica que recientemente la junta ha renovado su composición, quedando en un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de hombres. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) también ha prometido adaptar los porcentajes de representatividad a lo exigido por el Estatuto en su próxima junta.

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Lo cierto es que las mujeres rurales quieren estar en la configuración de políticas y diseño de medidas orientadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. “Hay que tener en cuenta la experiencia de las mujeres en el Plan de Reconstrucción”, reclama Cristina Añoranzas, secretaria de Igualdad de UGT.

También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura que es consciente de que “las mujeres y los jóvenes son imprescindibles para el relevo generacional en la actividad agraria”. Por eso, el Gobierno impulsa políticas para “combatir las desigualdades, tanto de género como de territorio, que contribuyan a ganar en equidad y justicia social”. En este sentido, recuerda que la próxima Política Agraria Común (PAC) contará con el enfoque de la perspectiva de género de apoyo a la mujer como objetivo estratégico.

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Que hablen

Son las mujeres, ganaderas, agricultoras, apicultoras, pequeñas empresarias, las que, en estos momentos de crisis, luchan por la soberanía alimentaria, la ganadería extensiva y la agroecología. Las que abogan por el trabajo en red, por construir comunidades y “ayudarnos las unas a las otras”. “Si la alerta sanitaria no ha impedido que sigamos produciendo alimentos de calidad, que no lo hagan las desigualdades en la cadena agroalimentaria”, advierten desde CERES, recordando que “han demostrado ser comprometidas y esenciales”.

“Tal vez lo más importante es dejar que ellas, las mujeres rurales, hablen, que tengan voz, que participen, que estén en las estructuras agrarias, que se coordinen con el feminismo, que se ha articulado fundamentalmente en las ciudades, para que nos enseñen qué tenemos que hacer para gestionar la vida, considerando que los recursos son escasos”, resume Eugenia R. Palop.

Durante estos días las organizaciones de mujeres rurales realizan actos, jornadas y difunden materiales y mensajes. Las nombran, se nombran. Reivindican esas manos que no se ven y aportan soluciones para un mundo que necesita la sabiduría de esas mujeres que históricamente han sostenido la vida, tejen territorios e inyectan vitalidad.

Foto: archivo AmecoPress, cedidas por CERES, FADEMUR, MAPA.

Fuente AmecoPress

La necesidad de nombrar y escuchar a las mujeres rurales