viernes. 29.03.2024

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Impactados por las noticias internacionales de distinto signo, corremos el riesgo de dejar en un tercer plano algunos hechos que deberían ser objeto de más atenta y general reflexión, como p.e. la dramática muerte de 8 personas ancianas en el incendio de una residencia de Zaragoza.

Cualquiera que conozca mínimamente este sector puede llegar a la conclusión de que lo ocurrido en esta residencia afortunadamente es una excepción pero podría ser la regla, ya que solo la “buena suerte” evita que esta tragedia no se repita con más frecuencia.

Y lo primero que hay que decir es que la responsabilidad esta repartida entre las empresas o entidades que gestionan estos centros, las Administraciones Públicas, cuya obligación es el control y vigilancia de los mismos y que sin embargo toleran graves irregularidades y las familias que aceptan que sus ancianos y sobre todo ancianas, permanezcan en esas residencias sin las debidas garantías.

La edad media en las residencias públicas y privadas es de 80 años; buena parte de las personas residentes, lógicamente tienen un elevado grado de dependencia física o mental, y en muchos casos ambas, que les impide en mayor o menor medida actuar con autonomía. Esto requiere instalaciones adaptadas, personal suficiente y con un nivel de conocimiento especializado y con protocolos de actuación claros, rigurosos y conocidos, para saber prestar los cuidados en las mejores condiciones de calidad y buen trato.

Sería demagógico no reconocer el enorme esfuerzo de modernización de instalaciones, equipamientos y personal que el sector residencial ha hecho en España en los últimos 20 años, especialmente en lo que se refiere al ámbito público, pero también al privado.

Es verdad que en el sector público hay todavía carencias relacionadas con el recorte presupuestario en servicios sociales en los últimos años, que afecta tanto a la reducción y perfil de las plantillas, como a la imprescindible adecuación de las instalaciones. Como también es cierto que el sector privado, en especial los centros vinculados a las órdenes religiosas, ha profesionalizado y dignificado la atención de manera notable.

Pero dicho esto, es innegable que el sector residencial en nuestro país arrastra los tradicionales déficits de los servicios sociales que siempre han sido el ámbito subalterno de nuestro estado de bienestar social. La creación del Sistema de atención a la dependencia fue un importantísimo paso normativo para cambiar la situación, pero ha quedado frustrado por la coincidencia de su puesta en marcha con las políticas de austeridad seguidas por el segundo  gobierno de Rodríguez Zapatero y el primero de Rajoy. Insuficiencia presupuestaria que también han practicado, sin excepciones, las Comunidades Autónomas, primeras responsables de la gestión de los servicios sociales.

Estas graves carencias han desembocado en una oferta en la que el protagonismo cada vez mayor es el de la iniciativa privada, concertada o estrictamente mercantil,  a diferencia del Sistema Nacional de Salud (e incluso del Sistema Educativo) en los que la oferta pública es muy superior a la privada.

El panorama de la oferta privada concertada, a su vez, esta muy condicionado por los ajustadísimos precios de las plazas concertadas que por lo general en casi todas las Comunidades Autónomas hacen prácticamente imposible garantizar una asistencia de calidad a las personas residentes. Las empresas y entidades gestoras de las residencias se ven abocadas a tener plantillas claramente insuficientes y sin la formación profesional requerida y a no poder destinar muchos recursos para tener unas instalaciones adecuadas al número y perfil de las personas residentes.

La contrapartida inevitable a esos bajos precios de concertación pública, es una tolerancia o vista gorda con el cumplimiento de los pliegos de condiciones de los contratos de concertación. Esta realidad es un secreto a voces para quien quiera enterarse y los inspectores que realizan su trabajo con gran escasez de medios y limitada autoridad, comprueban año tras año como sus informes y recomendaciones son archivadas o en el mejor de los casos se hacen requerimientos, que solo en los casos de extrema gravedad producen sanciones efectivas y eficaces. Y la razón de esa tolerancia es evidente: ¿Qué hacemos con las personas residentes si cerramos un centro que no reúne las condiciones? ¿Las mandamos a otro de similares características? ¿a sus casas? ¿a engrosar las listas de espera?

La solución es clara pero tiene un coste económico: una de dos o subimos los precios de la concertación y al que incumpla se le anula de inmediato el concierto o invertimos mucho más en centros de titularidad y gestión pública, o ambas cosas. Es imposible  pensar en tener un Sistema de atención a la Dependencia en un país con casi el 20% de la población mayor de 65 años y gastar en cuidados de servicios sociales menos del 1% del PIB.

Y si esto pasa en el ámbito de financiación o cofinanciación pública, en el sector privado puramente mercantil, la situación es aun peor. Tenemos las residencias de “4 estrellas” por un lado, por lo general con buena atención pero solo accesibles a una pequeñísima minoría de familias y luego los cientos de residencias, la mayoría pequeñas, que se mueven casi siempre en la “alegalidad”, como ha reconocido la administración aragonesa en relación al centro incendiado, muchas de las cuales, si se fuera exigente en la garantía de los derechos de las personas residentes, deberían estar cerradas. Pero volvemos al dilema que antes señalaba ¿y que hacemos con esos miles de ancianas y ancianos que malviven en esos centros si los cerramos?

El exponente más evidente de esa realidad “alegal” es esa residencia incendiada con una sola empleada para cuidar a unas 20 personas por la noche y con unos precios entre 900 y 1200 euros al mes, sin duda caros para muchas familias pero muy insuficientes para una atención de calidad. 

Tras lo ocurrido en la residencia aragonesa, si la propiedad de ese centro tiene una grave responsabilidad penal, mucha mayor la tiene la Administración Pública Aragonesa que toleró esa “alegalidad” durante casi 20 años, todos los responsables político-administrativos implicados en esa letal tolerancia, deberían estar ya declarando ante la Administración de Justicia. Y algo tendrían que explicar también las familias que han podido ser cómplices con su silencio.

En todo caso el problema de fondo no se resolverá hasta que la ciudadanía no exijamos a nuestros gobiernos, estatal y autonómicos, tener un Sistema de atención a la Dependencia digno, suficiente y con cobertura realmente universal.

Una muestra de las carencias del Sistema de Dependencia