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NUEVATRIBUNA.ES 24.11.2010

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reactivar la querella interpuesta por el doctor Luis Montes contra el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela por el caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

En 2008, el mismo tribunal archivó la causa abierta contra Montes y otros médicos del servicio de Urgencias del citado hospital y ordenó retirar cualquier alusión a mala praxis. Un año después, en abril de 2009, Luis Montes y Miguel Ángel López Varas, su segundo en el hospital, presentaron una querella por denuncia falsa y falsedad documental contra Lamela y los seis médicos que formaron parte de la comisión de expertos que elaboró el informe incriminatorio.

La defensa de Montes sostiene que por orden de Lamela, el ex viceconsejero de Sanidad Arturo Canalda “fabricó” una denuncia para incriminar a los médicos del hospital. De hecho y pese a que los inspectores a los que se consultó consideraron que no se podía determinar si había habido mala praxis, se creó un comité de expertos “alegal” designado a dedo.

La querella fue admitida por el juzgado de instrucción 43 que sigue tramitándola. Lamela, Canalda y los miembros del comité declararon como imputados en 2009 y la jueza que lleva el caso se negó a aceptar las pruebas solicitadas por la defensa y que ahora sí se investigarán por orden de la Audiencia. Con esta decisión serán llamados a declarar los tres inspectores que asesoraron a dicho comité y se pedirá a la Comunidad de Madrid el expediente en virtud del cual se creo el comité de expertos y que nadie ha visto aún.

María Jesús Díaz Veiga, abogada de la defensa, resalta las “contradicciones” del informe con el que se intentó incriminar a Montes: “Es imposible que seis personas analizaran 170 historias en un mes, algunas de ellas de 400 folios, otras ilegibles o incompletas”, destaca en conversación con nuevatribuna.es.

“El hecho de que hayan admitido estas pruebas es importante y significa que se está recogiendo material incriminatorio. Hay que ver el expediente por el cual se creó el comité de expertos. Hay que ver qué pasó”, añade Díaz Veiga, quien ante la posibilidad de que el juzgado número 43 decida archivar finalmente la causa, confía en que sea la Audiencia Provincial la que tenga la última palabra.

Precisamente, el Gobierno anunció el pasado viernes que impulsará una ley de muerte digna que evitará casos como los ocurridos en el hospital madrileño Severo Ochoa.

Montes contra Lamela: vuelve la querella