Una nube plomiza se cierne sobre sus cabezas. El otoño ya está a la vuelta de esta esquina que desde hace algunos años les abriga de la interperie; un oscuro refugio que en sus épocas de gloria ostentó el dudoso calificativo de propiedad privada y de cuyos muros ahora hediondos aún se aferran jirones de empapelado. Samuel y Olinga se reúnen aquí desde que en 2008 supieron que en España –país al que habían logrado llegar luego de un periplo imposible de describir en ningún artículo periodístico– sus respectivas condiciones de irregulareslos colocaba en una situación nada ventajosa; y tal como habían sido advertidos por gentes de a pie, corrían el riesgo de ser expulsados en cualquier momento. “Yo no sabía que un hombre podía ser ilegal”, asegura Olinga que con 23 años recién cumplidos comenzó un largo recorrido desde Yaundé –capital de Camerún– hasta Melilla, y finalmente logró llegar medianamente vivo a Andalucía.
Sirva este palabrerío de inicio como tantas veces lo ha hecho en ocasiones anteriores en las que “la cuestión inmigración” impregnó las páginas de los principales periódicos del mismo país cuyo gobierno ha decretado una ley repugnante que atenta contra los derechos básicos del ser humano. “Otra vez la misma cantilella”, dirá aquel lector a quien le traiga sin cuidado esta nueva medida que deja sin atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Desinterés que quizás se deba –me atrevo a creer– a que por ahora (y sólo por ahora) el inmigrante es otro. “A mi no me cuente usted estas chorradas....” me espetó hace unos días mi vecino Antonio cuando le comenté que a partir del 1 de septiembre el gobierno español avasallará los derechos de 160 mil seres humanos. Justamente Antonio que cuando dejó Galicia tenía más hambre que el perro de un ciego pero que sin embargo ahora que come parece haber olvidado éste y otros detalles de su emigración a América Latina, continente en el que él y otros cuantos paisanos suyos también enfermaron más de una vez.
Samuel y Olinga se saben rodeados de Antonios; aunque también son conscientes del despliegue que ya organizan más de cien mil médicos con el fin de contrarrestar la quita de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares que por real decreto entrará en vigor el próximo sábado. “Todavía queda gente buena”, suelta Samuel mientras hojéa el periódico de hace unos días en el que se anuncia que aumenta el número de pobres en el mundo, que paralelamente se incrementan las grandes fortunas de los ricos, que más de 900 millones de seres humanos padecerán hambre crónica durante este año, y que el Curiosity emitió la primera grabación de voz humana que viajó desde la Tierra al Planeta Rojo y mediante el cual la agencia espacial NASA proclamó en Marte que una misión humana llegará en un futuro no muy lejano. “Aló, aló marciano”, cantaba Elis Regina.
Cerca de 500 millones de euros es lo que espera ahorrar el gobierno de Mariano Rajoy con la medida que deja sin atención sanitaria a aquellas personas que no han obtenido el permiso de residencia, aún cuando muchos de ellos llevan años trabajando en España. La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, está convencida de que se trata de una medida justa y necesaria que “evitará ciertos abusos que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema".
Samuel y Olinga comparten el periódico y comentan las noticias. Saben que algo muy malo está a punto de suceder y no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. “Habrá que protestar”, dicen; y las estrofas de una canción imperecedera comienzan a emerger desde una desvencijada radio portátil. “Mientras siga habiendo ciudadanos de primera y segunda clase, mientras que el color de piel de un hombre no tenga más importancia que el color de sus ojos, yo digo que habrá guerra. Mientras los derechos humanos básicos no sean igualmente garantizados para todos, sin tener en cuenta la raza; yo digo que habrá guerra...”. “War, Bob Marley. Great song”, celebra Olinga con un acento indefinido.
Para hacer equitativa esta ley, bien podría dictaminarse que a partir de este sábado será obligatorio dejar de prestar atención médica a los reyes que se rompen un hueso en cualquier país que no sea el suyo. Y que a ningún presidente se le de por sufrir enfermedad ninguna fuera de su tierra, ya que –como bien indica la ley– no recibirá asistencia sanitaria. Y en este punto podría agregarse al decreto un inciso que matizara la inhumanidad que en él va implícita. Podría ser algo así como: * Sólo se atenderá a los presidentes que –habiendo sido autores de la ley que ahora se aplica y que afecta a sus respectivos bienestares– reconozcan haber cometido un crimen contra la humanidad, que confiesen ser los artífices de un terrible atentado contra los derechos fundamentales de todo invividuo y que finalmente acepten ser juzgados por un tribunal compuesto por los seres humanos a los que se les negó el derecho a la salud, amén de haber padecido la aberración de ser llamados “ilegales”.
Samuel y Olinga se ríen de mis conclusiones fanáticas, pero en el fondo no ignoran los resultados que podría arrojar este experimento basado en la ley del Talión.
Afuera la garúa se acentúa, como dice el tango. Olinga se envuelve en el periódico de ayer, dejando el titular al alcance de mi vista. “Una misión humana llegará en un futuro no muy lejano”.
