nuevatribuna.es
17 de enero de 2010, 11:35
AGNESE MARRA / NUEVATRIBUNA.ES - 14.01.2010
La guerra abierta de la Comunidad de Madrid con el Gobierno vuelve a dar de que hablar. Siguiendo los pasos de la Comunidad Valenciana, la Consejería de Educación madrileña ha decidido rechazar poco más de 11 millones de euros para evitar que los alumnos madrileños puedan disponer de un ordenador en sus clases.
El Plan Escuela 2.0 de Educación que presentó a finales de año el ministro de la rama, Ángel Gabilondo, ofrecía, entre otras cosas, la posibilidad de que cada alumno de 5º de primaria pudiera tener un portátil en el aula, ha sido rechazado por la consejera Lucía Figar.
Hasta el momento 14 comunidades autónomas han puesto en marcha el programa. Curiosamente hay tres que no quieren saber nada del tema, adivinarlas no es difícil: Valencia, Madrid y Murcia, las de siempre. Las mismas que atrasan la aplicación de la Ley de Dependencia, que no incorporan o la hacen de forma ‘sui generis’ (en inglés) la asignatura de Educación por la Ciudadanía o que se empeñan en privatizar vorazmente los servicios públicos.
Como siempre la negativa tenía una ‘buena justificación’. El consejero de Educación valenciano, Alejandro Font de Mora, fue el primero en advertir que las nuevas computadoras no pisarían sus colegios. “El ordenador de Zapatero puede provocar la miopización de muchos niños”, dijo mostrando un portátil Toshiba NB 200 de 10 pulgadas.
Su homóloga madrileña, Lucía Figar ha dado la misma explicación. No se ha atrevido a dar la cara públicamente, pero en la Asamblea de Madrid, tras una pregunta del grupo socialista sobre su rechazo a los 11 millones de euros para dicha aplicación, ella señaló que tenía 12 informes médicos que aseveraban la ‘teoría de la miopía’.
Por ahora esos informes médicos que justificarían la negativa de Fígar son diagnósticos fantasmas. La Federación Regional de Enseñanza de Madrid (FREM) de CCOO cansada de los abusos de la Consejera ha denunciado la situación: “Pedimos que nos muestre esos informes, y sí realmente tienen razón queremos que la Comunidad de Madrid se comprometa a mejorar las aplicaciones”, señala Gabriel Montes, responsable de comunicación de la FREM.
El sindicato es pesimista ante una posible colaboración de la CAM. “Tenemos las manos atadas, no podemos reclamar jurídicamente porque el Estado no puede obligar a las comunidades a que acepten la ayuda”, explica Montes. El Estado se compromete a ofrecer esos 11 millones a cada Comunidad, los cuales cubrirían los recursos mínimos. “Para ampliar los recursos que nos ofrecen o para mejorar las aplicaciones, se necesita que cada comunidad también ponga su parte. Estamos acostumbrados a que no pongan dinero, más bien reducen el presupuesto”, denunciaba a nuevatribuna.es el portavoz de la FREM de CCOO.
Lo que más indigna al sindicato es que están convencidos de que “esos informes son una gran excusa para perder 11 millones de una manera absurda y dejar a más de 50.000 niños sin herramientas que les ayuden a mejorar su formación”, insistía Montes. Desde la FREM se continuará denunciando la situación y pidiendo explicaciones a la consejera. Ahora sólo falta que Figar se atreva a hablar.
La guerra abierta de la Comunidad de Madrid con el Gobierno vuelve a dar de que hablar. Siguiendo los pasos de la Comunidad Valenciana, la Consejería de Educación madrileña ha decidido rechazar poco más de 11 millones de euros para evitar que los alumnos madrileños puedan disponer de un ordenador en sus clases.
El Plan Escuela 2.0 de Educación que presentó a finales de año el ministro de la rama, Ángel Gabilondo, ofrecía, entre otras cosas, la posibilidad de que cada alumno de 5º de primaria pudiera tener un portátil en el aula, ha sido rechazado por la consejera Lucía Figar.
Hasta el momento 14 comunidades autónomas han puesto en marcha el programa. Curiosamente hay tres que no quieren saber nada del tema, adivinarlas no es difícil: Valencia, Madrid y Murcia, las de siempre. Las mismas que atrasan la aplicación de la Ley de Dependencia, que no incorporan o la hacen de forma ‘sui generis’ (en inglés) la asignatura de Educación por la Ciudadanía o que se empeñan en privatizar vorazmente los servicios públicos.
Como siempre la negativa tenía una ‘buena justificación’. El consejero de Educación valenciano, Alejandro Font de Mora, fue el primero en advertir que las nuevas computadoras no pisarían sus colegios. “El ordenador de Zapatero puede provocar la miopización de muchos niños”, dijo mostrando un portátil Toshiba NB 200 de 10 pulgadas.
Su homóloga madrileña, Lucía Figar ha dado la misma explicación. No se ha atrevido a dar la cara públicamente, pero en la Asamblea de Madrid, tras una pregunta del grupo socialista sobre su rechazo a los 11 millones de euros para dicha aplicación, ella señaló que tenía 12 informes médicos que aseveraban la ‘teoría de la miopía’.
Por ahora esos informes médicos que justificarían la negativa de Fígar son diagnósticos fantasmas. La Federación Regional de Enseñanza de Madrid (FREM) de CCOO cansada de los abusos de la Consejera ha denunciado la situación: “Pedimos que nos muestre esos informes, y sí realmente tienen razón queremos que la Comunidad de Madrid se comprometa a mejorar las aplicaciones”, señala Gabriel Montes, responsable de comunicación de la FREM.
El sindicato es pesimista ante una posible colaboración de la CAM. “Tenemos las manos atadas, no podemos reclamar jurídicamente porque el Estado no puede obligar a las comunidades a que acepten la ayuda”, explica Montes. El Estado se compromete a ofrecer esos 11 millones a cada Comunidad, los cuales cubrirían los recursos mínimos. “Para ampliar los recursos que nos ofrecen o para mejorar las aplicaciones, se necesita que cada comunidad también ponga su parte. Estamos acostumbrados a que no pongan dinero, más bien reducen el presupuesto”, denunciaba a nuevatribuna.es el portavoz de la FREM de CCOO.
Lo que más indigna al sindicato es que están convencidos de que “esos informes son una gran excusa para perder 11 millones de una manera absurda y dejar a más de 50.000 niños sin herramientas que les ayuden a mejorar su formación”, insistía Montes. Desde la FREM se continuará denunciando la situación y pidiendo explicaciones a la consejera. Ahora sólo falta que Figar se atreva a hablar.
