sábado 4/12/21
ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ

A vueltas con el artículo 8.1 sobre las Fuerzas Armadas

Una revista de militares exige un “cambio de rumbo” en el Gobierno y define a Sánchez como “Cantinflas".
Revista_MILITARES_N123
Portada de la revista 'Militares'

Ha vuelto a parecer en una revista ('Militares') de una asociación de militares (Asociación de Militares Españoles) un artículo exigiendo un “cambio de rumbo” en la dirección y gestión de la política española. Un cambio indispensable, argumenta su autor, debido al peligro que representa la colusión entre el actual Gobierno con “los separatistas” para romper la unidad de España. Peligro que se materializa en su actual presidente Pedro Sánchez, al que define como “Cantinflas, por su insustancialidad y la ininteligible forma en que actúa”. Apostillando “y así nos va”.

Ante ello, parece proponer como tres tipos de solución (no muy coordinadas, por cierto, porque el artículo es algo caótico). La más llamativa (que no peligrosa) es introducir en el Código Penal el incumplimiento de las promesas electorales, vacío y laguna legal de nuestro actual cuerpo legislativo. Promesas electorales, luego no cumplidas, que actúan como cebo, llamando la atención y atrayendo el interés “de los incautos votantes”. Pecado que no solo comete el actual Gobierno, sino que fue también marca característica de otros anteriores, citando expresamente los de Felipe González, Mariano Rajoy y José María Aznar, a quien acusa de haber suprimido el Servicio Militar Obligatorio y los gobiernos territoriales civiles y militares.

En la revista 'Militares' se acusa al actual Gobierno de poner en peligro la propia existencia de la Nación

Matizando a continuación, en clara alusión al Gobierno actual, “que lo realmente inadmisible no es el incumplimiento, sino el actuar precisamente en sentido contrario poniendo en peligro la propia existencia de la Nación”. “Porque no es lo mismo ignorar y no hacer tratos con los separatistas que tratarlos, admitiendo su existencia y poniéndose de acuerdo con ellos para que le mantengan en el poder, aún a costa de quebrar la unidad de España”. Cometiendo, en definitiva, dos delitos: “el de incumplimiento de las promesas electorales y, el más grave, de ir en contra de la Constitución”.

Llegados a este punto, sigue el autor razonando (¿razonando?), “no se debe esperar al transcurso de la legislatura para no ser reelegido, porque para entonces puede ser tarde (para parar) el asalto a la unidad indivisible e integridad territorial” (de España). Asalto posible por el apoyo parlamentario que le conceden los separatistas y por “la omisión de impedirlo por parte de la oposición y del poder judicial: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Consejo General del Poder Judicial, quienes, por favorecer su ambición, colaboran o cooperan”.

No parece tener el autor demasiada buena opinión de España y de los españoles: votantes incautos, gobernantes delincuentes, legislación incapaz y poder judicial corrupto. Solucionémoslo de una vez por todas: si usted dice que quiere hacer esto o esto otro y luego no puede, a chirona. Y así hasta que llegue uno que lo pueda cumplir todo, ¿un superhombre? ¿O un líder carismático y único cuya palabra sea ley, como en tiempos pasados, pero no tan lejanos? ¿A qué España quiere proteger de su desmembramiento si no le gustan los españoles que vivimos en ella ahora mismo y que es la única que hay? Me parece que le ha traicionado el inconsciente.

Pero como es peligroso esperar a que finalice la legislatura para no reelegir al actual Gobierno, tengamos a mano otros remedios. Hay un segundo remedio que viene expresado como que “urge pensar en otros poderes que pongan coto a esta indigna maniobra de acoso y derribo”. “Y entre esos poderes se encuentran quienes, por deber y lealtad constitucionales, están obligados a cumplir y a hacer cumplir la Constitución”.

¿Qué otros poderes concibe la Constitución y la práctica democrática, sancionada en la misma en su artículo 1.1, que no sean el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tan denigrados por el autor como hemos visto más arriba? La utilización de la expresión “quienes, por deber y lealtad constitucionales, están obligados a cumplir y a hacer cumplir la Constitución”, tan similar a la utilizada por la Constitución en su artículo 8.1, al determinar las misiones de las Fuerzas Armadas: “defender el ordenamiento constitucional”, autoriza, creo, a interpretar que a ellas se está refiriendo.

Sí, es verdad que el artículo 8.1 asigna esta misión a las Fuerzas Armadas, junto a las de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial, pero igual de verdad es que su artículo 97 determina que “el Gobierno dirige la política interior y exterior (y, por tanto, la política militar, componente de ambas), la Administración civil y militar y la defensa del Estado”, lo que a todas luces indica que las Fuerzas Armadas cumplirán sus misiones constitucionales cuando y como les ordene el Gobierno, el poder ejecutivo, sin que puedan ser consideradas, en consecuencia, como un cuarto poder o algún tipo de poder diferenciado y por encima de los tres establecidos. Si se está, y las Fuerzas Armadas lo están, “obligadas a cumplir y a hacer cumplir la Constitución”, como parece querer decirnos el autor, lo están a cumplir toda ella y no solo artículos aislados, que, sacados de contexto, carecen de adecuada comprensión.

LA "ÚLTIMA RATIO REGIS"

Y finalmente nos encontramos en el último párrafo del artículo, lo que parece ser el tercer remedio para evitar el asalto a la unidad indivisible e integridad territorial de España: “Si no hay cambio de rumbo … la única aguja de marear que nos sacará del atolladero será la ultima ratio regis”, es decir, la autoridad del rey como última palabra, como decisión final e inapelable.

Un último remedio que, como los anteriores, no cabe en nuestra actual Constitución, al parecer tan querida y necesitada de protección por el autor del artículo. Porque ésta establece, en la combinación de artículos 56.3 y 64. 1 y 2, que los actos (se sobreentiende que políticos) del Rey estarán siempre refrendados por el presidente del Gobierno o, cuando corresponda, por los ministros competentes, siendo responsables de los actos del Rey las personas que los refrenden, ya que el Rey no está sujeto a responsabilidad (política), careciendo de validez sus actos (políticos) sin dicho refrendo.

En consecuencia, ninguna de las tres opciones que nos plantea el autor para enfrentar un peligro, que, de momento, solo existe en su imaginación y en su necesidad ideológica de desprestigiar al actual Gobierno y al actual régimen democrático español, es constitucionalmente viable según el espíritu y la letra de la actual Constitución española, por quien al autor dice temer. Quizás porque la lee e interpreta con el pensamiento fijado en algunas de las viejas leyes del Movimiento Nacional, a la que le gustaría que se pareciese.

Sigo creyendo que el inconsciente le ha traicionado. 

Enrique Vega Fernández, coronel de Infantería (retirado) | Asociación por la Memoria Militar Democrática


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