Una noticia aparecida en El Periódico de Aragón el día 16 de este septiembre firmada por Iván Trigo me ha producido un gran malestar. Mucho más, me ha indignado profundamente. Nuestra democracia todavía no ha calado en amplios sectores de nuestra sociedad, incluidos en determinados partidos políticos.
El esquema del artículo es un resumen de la noticia, que la pondré en cursiva. Sobre ella iré insertando comentarios propios. La parte final es un extenso estudio sobre Gonzalo Calamita, que fue Rector de la Universidad de Zaragoza durante la guerra civil y hasta el momento de su jubilación en 1941.
Ahí va la noticia.
“En el mismo día en el que el Gobierno de España anunciaba la aprobación del anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática se hizo público el informe de los expertos que asesoran al consistorio de Zaragoza (El alcalde Jorge Azcón del PP gobierna en coalición con Cs y con los votos de VOX) es sobre el cambio de nombre de algunas calles de la ciudad por su relación con el franquismo. Y las conclusiones han «sorprendido» a los memorialistas. El documento, de 14 páginas, concluye que no procede cambiar ninguno de los once nombres que se habían planteado.
Las vías y plazas en cuestión eran Agustina Simón, Pedro Lázaro, Jorge Jordana Fuentes, Miguel Allué Salvador, Gonzalo Calamita Álvarez, Rumesindo Nasarre Ariño, Antonio de Gregorio Rocasolano, Mariano Horno Liria, Miguel Merino, Juan José Rivas Bosch y Rigoberto Domenech.
Los expertos que han elaborado el informe son M. Pilar Barranco, José Ángel Sesma y Guillermo Fatás. Su elección ya causó cierto revuelo entre algunas asociaciones memorialistas, que consideraban que la tendencia de los mismos iba a influir en las conclusiones.
Hago una reflexión sobre los expertos del Informe. Y está plenamente justificada tal prevención. De M. Pilar Barranco, periodista, no puedo hablar al no tener un conocimiento suficiente sobre su trayectoria profesional. Sí que puedo hacerlo sobre los dos egregios Catedráticos eméritos de Historia de la Universidad de Zaragoza. Sesma fue Catedrático de Historia Medieval y el comisario de la exposición “Fernando II de Aragón. El rey que imaginó España y la abrió a Europa" en 2015. El encargo le fue encomendado por el gobierno del PP de la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo presidenta Luisa Fernanda Rudi. Sobre esta exposición y su orientación escribí un artículo en “El Periódico de Aragón” titulado “Los malos usos de la Historia” el 21-3-2015. El interés de Luisa Fernanda Rudi por todo lo relacionado con la Memoria Histórica se muestra con estas palabras, al llegar a la presidencia del Gobierno de Aragón en 2011: “durante mi gobierno las únicas zanjas que se abrirán serán las de obras públicas”. En cuanto a Fatás fue Catedrático de Historia Antigua. Su ideología profundamente conservadora, por decirlo de una manera suave, es clara, si tenemos en cuenta que fue director del periódico Heraldo de Aragón durante 8 años. Llama la atención que en esta Comisión haya un historiador medieval y el otro de Historia Antigua. Aquí no se trata de los Reyes de Aragón o de la romanización.
Prosigo con la noticia de Iván Trigo. “Han tratado de encajar los parámetros de la ley autonómica de Memoria Democrática a martillazos», explicaba el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón (Armha), Enrique Gómez.
En el informe hay dos casos llamativos. Dos de los casos que más han sorprendido a los representantes de Armha son los de Agustina Simón y Gonzalo Calamita. La primera era una enfermera carlista que «se negó a dar auxilio a soldados republicanos», motivo por el cual fue fusilada, y motivo por el cual, al mismo tiempo, se le honra. En el caso de Calamita, aseguran que fue el encargado de llevar a cabo las depuraciones de profesores en la universidad. «Él mismo se ofreció a Franco», dicen desde Armha, mientras que el informe lo excusa explicando que ya era rector antes de 1936, por lo que no fue designado por el régimen. Vaya argumento de peso.
El informe también destaca que en la ciudad ya se han cambiado, desde 1978, los nombres de 56 vías, por lo que “se han satisfecho por entero, o en alto grado, las exigencias de la ley”. Además, prosigue el texto, “han quedado resueltos numerosos casos significativos y, desde luego, los más relevantes en su totalidad”. Es decir, que los nombres de los miembros destacados del franquismo o el golpe de Estado, como sería el General Mola, ya no aparecen en los mapas. ¿En alto grado? Vaya justificación.
El documento concluye de forma curiosa con una cita de Manuel Azaña con la que los firmantes del texto piden «actuar según el espíritu» del líder republicano cuando rogó a todos, el 18 de julio de 1938, escuchar «el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón». La democracia debería pues perdonar a sus verdugos, según se extrae del informe, pero será ahora también la que decida qué hacer con estas conclusiones. Los grupos políticos se reunirán a principios de octubre para debatir sobre el texto”.
¡Qué desfachatez! Recurrir al discurso de Manuel Azaña y usarlo de una manera torticera y espuria. Está muy bien perdonar a los verdugos. Nadie está en contra. Pero de ahí mantener en el callejero zaragozano nombres como los citados, va en contra de Ley autonómica de Memoria Democrática (LAMD). En su CAPÍTULO VII. SÍMBOLOS Y ACTOS CONTRARIOS A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA el Artículo 31.— Elementos contrarios a la memoria democrática.
1. Se considera contraria a la memoria democrática de Aragón y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, tales como:
a) Placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública.
b) Alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y a sus defensores.
c) Alusiones a los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista.
d) Denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista.
Por último, me referiré a la actividad durante la guerra civil del Rector de la Universidad de Zaragoza, Gonzalo Calamita. Su actuación impide el mantenimiento de una calle con su nombre en la ciudad de Zaragoza. De mantenerla supondría un claro incumplimiento de la LAMD, en concreto el artículo citado. ¿Los expertos que han elaborado el Informe, dos de ellos egregios catedráticos de Historia de la Universidad de Zaragoza, la habrán leído? Entiendo que sí. Y si la han leído y a pesar de ello no tienen impedimento en mantener el nombre, mi conclusión es que actúan de mala fe o por servilismo a los políticos que los nombraron. Aquí en este Informe intuyo que están detrás las fuerzas vivas de la ciudad de Zaragoza.
En primer lugar recurriré al artículo de Ángel Alcalde Fernández titulado El apoyo de la Universidad de Zaragoza a la sublevación militar de 1936. Nos cuenta lo siguiente:
“En las primeras horas del 19 de julio de 1936 puse a disposición del General Jefe de la Quinta División todos los elementos universitarios”. Gonzalo Calamita Álvarez, que ocupaba el cargo de rector de la Universidad de Zaragoza desde 1935, describió con esas palabras la decisión que proporcionaría al ejército rebelde en Aragón inestimables recursos de toda índole a lo largo de tres años de guerra. La vida académica desapareció, con las aulas clausuradas hasta septiembre de 1939 cuando la institución regresaría de las trincheras con el rostro desfigurado. Muy pronto se produjo la depuración del personal, tarea en la que el mismo Calamita se implicó. La depuración y la represión no tardaron en extenderse a todos los niveles de la enseñanza. Así, a propuesta del mismo rectorado de la Universidad de Zaragoza, la Junta de Defensa Nacional decretó el 19 de agosto de 1936 las nuevas normas que imperarían en las escuelas de primaria, cuya enseñanza debía responder «a las conveniencias nacionales». Si las escuelas se convirtieron en instrumentos de adoctrinamiento y control totalitario, la Universidad de Zaragoza, para dar cierta apariencia de actividad docente, también inauguró en 1937 una serie de conferencias de exaltación nacionalcatólica, en la que los profesores adictos a la causa rebelde, tales como Andrés Giménez Soler, Domingo Miral o Miguel Sancho Izquierdo, expresaron las justificaciones de la Cruzada, las alabanzas a los regímenes totalitarios, y las teorías fascistas y corporativistas. Por otro lado, profesores de Derecho, como Manuel Lasala, colaboraron en la censura de prensa y en la propaganda; pero especialmente útil fue el servicio de la facultad de Medicina, cuyo edificio fue plenamente ocupado por los militares, y el de la de Ciencias, cuyos científicos, con Antonio de Gregorio Rocasolano, otro de los nombres que desparece del callejero de Zaragoza, al frente, ensayaron sus conocimientos en el desarrollo de armas químicas”.
No menos interesante es dentro del trabajo La Universidad de Zaragoza durante la Guerra Civil, el “Epílogo” de Juan José Carreras Ares, que fue Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, publicado en Historia de la Universidad de Zaragoza. Madrid: Editora Nacional, 1983. 419-34. Nos cuenta lo siguiente:
“La pasividad con que la Universidad de Zaragoza se someterá a la larga dictadura franquista, contribuyendo a la construcción de aquella universidad “católica e imperial” que el régimen intentó levantar sobre el páramo intelectual que siguió a la guerra civil, no puede entenderse sin historiar brevemente los años de brutal cambio que son los de la guerra civil. La desaparición de la vida académica, la militarización de los edificios universitarios y la depuración y represión es lo que caracteriza el comienzo de esta etapa de tres años, etapa que cierra toda una época y abre otra. La de la universidad española—Universidad de Zaragoza—bajo la dictadura franquista.
En las primeras horas del mismo 19 de julio de 1936, el entonces rector Gonzalo Calamita Álvarez, Catedrático de la Facultad de Medicina, pone a disposición del general jefe de la Quinta División todos los elementos universitarios. Desde aquel momento y hasta septiembre de 1939, la universidad permaneció clausurada y todos los edificios universitarios, a excepción del de la plaza de la Magdalena, alojaron organismos militares o sirvieron para servicios del ejército. Se requisó todo el material universitario útil en la contienda, desde modestas cámaras fotográficas hasta los mapas del Instituto Geográfico de España, que el mismo rector se apresuró a poner a disposición del Estado Mayor de los sublevados.
En palabras del propio Calamita, “la casi totalidad del personal universitario de todos los órdenes se inscribió en el ejército o en la milicia de Acción Ciudadana, según las circunstancias de su edad; todo, en fin, lo que eran, representaban o disponían las cuatro Facultades estuvo desde el día 19 de julio al servicio del Glorioso Movimiento Salvador de España.” En cierta manera sucedió así: puede comprobarse que, durante los primeros meses de la guerra civil, los profesores de la Facultad de Derecho Lasala, Del Valle, Minguijón, Pereda, Sancho Izquierdo, Sancho Seral, Prieto, Vicente Gella y Muñoz Casayus y el mismo secretario general, Sánchez del Río Peguero, que no se incorporaron al ejército, trabajaron en la censura de prensa organizada por el Gobierno civil, hasta que este servicio pasó a la Delegación de Prensa y Propaganda, bajo la dirección del decano de Derecho, Lasala. En este momento se incorporaron a la labor de censura, entre otros, el catedrático de letras Usón, el decano de la misma facultad, Carlos Riba, mientras Del Valle, de Derecho, se hacía cargo de la propaganda por Prensa y Radio. Pero, naturalmente, el peso de los servicios más ligados con la guerra recayó sobre las facultades de Medicina y Ciencias. Las instalaciones y personal del Hospital Clínico universitario fueron esenciales para los ejércitos del Norte y Levante durante sus campañas desde el Turia, Gállego y Ebro, hasta la caída de Cataluña. El decano de la Facultad de Ciencias, el doctor Iñiguez, fue agregado al Estado Mayor para el descifrado de telegramas y estudio de claves. Pero fue la sección de Ciencias Químicas la que más directa y valiosa colaboración habría de aportar al esfuerzo de guerra. “El Servicio Químico de Guerra de la Quinta División”, agregado al Estado Mayor, fue compuesto en su mayoría por profesores y personal de la Facultad de Ciencias, siendo su jefe el mismo rector de la universidad, Calamita. Más adelante se incorpora, a su llegada a Zaragoza en septiembre de 1936, el catedrático Antonio de Gregorio Rocasolano. Fue también el personal de la Facultad de Ciencias, encabezado por el rector, el que intentó resolver toda clase de problemas del Estado Mayor, desde la falta de combustible y aceites adecuados para los motores, hasta la fabricación artesana de más de cien mil “botellas incendiarias”, trabajo realizado en los laboratorios de la facultad. Cuando en enero del siguiente año, por orden de Burgos, se constituye la Dirección Nacional de Guerra Química, será nombrado asesor y jefe de la sección técnica de Aragón el rector Calamita. A estas alturas, prácticamente había sido militarizada toda la Facultad de Ciencias y la universidad se había transformado en un importante apoyo logístico de las campañas militares.
Esta movilización y parcial militarización de la Universidad de Zaragoza al servicio de la sublevación militar del 18 de julio fue acompañada, desde el primer momento, de una sistemática depuración y represión de todas las personas que se suponían peligrosas para la causa de los nacionalistas. Durante los meses de octubre y noviembre, el Estado Mayor de la Quinta División comunica al rector Calamita, el mismo asesor de la Junta de Defensa, que, en aplicación del decreto número 108 de septiembre de la Junta de Defensa Nacional, quedan destituidos de sus cargos o suspensos de empleo y sueldo una serie de profesores y algunos subalternos de la Universidad de Zaragoza. En la Facultad de Medicina, las medidas significan una verdadera purga: fueron destituidos y dados después de baja en el escalafón los catedráticos Santiago Pi Súñer, Felipe Jiménez de Asúa, Gumersindo Sánchez Guisande y Juan Carlos Herrera, y los profesores auxiliares José María y Augusto Muniesa Berenguer. En la de Derecho lo fueron los catedráticos Francisco Hernández Borondo y Enrique Rodríguez de la Mata, y en la de Letras, el catedrático auxiliar Rafael Sánchez Ventura. En la Facultad de Ciencias los catedráticos destituidos fueron dos, Francisco Aranda Millán y Mariano Velasco Durántez; este último recurrió y se vio reintegrado al servicio con una suspensión temporal de empleo y sueldo. Aranda Millán recibió los pliegos de cargos en la cárcel de Torrero, de donde sería sacado con treinta y tres personas más por un grupo de falangistas a mediados de 1937, y fusilado con ellos cerca de Pedrola. Suspendidos por el momento de empleo y sueldo, y excluidos más tarde de cualquier cargo directivo o de confianza, lo estuvieron en Ciencias los catedráticos Juan Martín Sauras y Juan Cabrera, y en Medicina, Félix Monterde Fuertes y Benigno Lorenzo Velázquez. Todas estas decisiones tomadas por la autoridad militar fueron ratificadas por la “comisión depuradora del personal universitario” que se constituyó después, y completadas, en muchos casos, con los procesos que se siguieron por la jurisdicción militar primero y por el tribunal regional de responsabilidades políticas a partir de 1939. La Universidad de Zaragoza siguió suministrando información y apoyo a estas sucesivas instancias represivas, interviniendo incluso directamente en algunos penosos episodios. Por ejemplo, la presencia del decano de la Facultad de Medicina, el doctor Antonio Lorente Sanz, para hacerse cargo de las bibliotecas particulares e instrumental científico incautados a los catedráticos de su facultad, procesados por la jurisdicción militar, Santiago Pi Súñer, Felipe Jiménez de Asúa y Gumersindo Sánchez Guisande”.
Por último otra fuente documental es el artículo Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza durante la Guerra Civil (1936-1939) de Luis Blanco Domingo, Profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza.
La Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza se constituyó de forma oficial el 28 de octubre de 1937. Pero las tareas que se le encomendaron tuvieron dos antecedentes previos. El primero, instigado por el gobernador civil de la provincia, Julián Lasierra Luis, consistió en el envío de órdenes a todos los alcaldes de la provincia para que, siguiendo el espíritu de la Orden del 4 de septiembre, se destruyeran los libros “nocivos”.
El segundo tuvo como protagonista principal al rector de la Universidad de Zaragoza, Gonzalo Calamita, cuya radicalidad y enfervorizada defensa de los principios inspiradores del golpe de Estado le indujeron a diseñar un modelo de depuración propio. Primero solicitó el envío de los catálogos a las bibliotecas escolares, tras lo cual asignó a la Instrucción de Primera Enseñanza de Zaragoza la potestad de depurar las obras consideradas peligrosas, tanto las vinculadas con la docencia como aquellas que integraran la biblioteca escolar, advirtiendo de la imposición de graves sanciones a aquellos profesores que actuaran de forma negligente o pasiva, y confeccionar un listado de esas obras, compuesto finalmente por 4.289 títulos, que contrasta significativamente con el redactado por Pascual Galindo, presidente de la Comisión, más breve, intencionado y selectivo. En el propio preámbulo se expone su verdadera intención: servir de modelo expurgador para todas las provincias que paulatinamente se iban conquistando “para cumplir como nosotros, con el mayor entusiasmo patriótico, lo dispuesto en tan trascendental disposición” (Catálogo general…, 1936).
En la siguiente fase intervendría una comisión designada y tutelada por él mismo, que tendría como objetivo el estudio y clasificación final de las obras, separando las permitidas de las que debían ser retiradas de la consulta pública.
Andrés de Blas (2011) señala la evidente contradicción entre las disposiciones del gobernador civil, dirigidas a eliminar directa y contundentemente todas las obras que se consideraran sospechosas o contrarias al Nuevo Estado, frente al mandato del rector, indirecto y en principio menos traumático, al establecer un filtro mediante la confección de los catálogos. Sin embargo, el alcance de la orden de Calamita se redujo a la provincia de Zaragoza.
Ambos antecedentes, y sus consecuencias en forma de destrucción masiva de libros, explican en buena medida la ausencia de títulos y autores marcadamente izquierdistas o revolucionarios entre los listados e informes que manejó la Comisión, y que integraron el registro que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.
Por los datos proporcionados en los tres documentos anteriores podemos conocer perfectamente la implicación incondicional de Gonzalo Calamita con el golpe de Estado y con el Régimen franquista. Resulta incomprensible para cualquier demócrata que en una democracia madura y tan avanzada como la nuestra persista una calle a nombre de Gonzalo Calamita para su enaltecimiento. Los expertos del Informe como hemos visto piensan muy diferente. Tendrán sus poderosas razones.
