El Consejo Económico y Social de España, órgano consultivo del gobierno en materia socioeconómica y laboral, formado por las organizaciones sindicales, empresariales y representantes de los sectores agrario, marítimo. pesquero, economía social, de los consumidores y usuarios, ha emitido su memoria anual sobre la situación de España en las materias de su competencia.
El CES está presidido desde el 28 de abril del presente año por Antón Costas Comesaña, Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.
El informe valora muy positivamente el diálogo social desarrollado durante la pandemia de coronavirus y considera ha sido un componente fundamental en minorar los impactos que la crisis económica consecuencia de la paralización de importantes sectores de la producción ha tenido tanto entre los trabajadores como en las empresas.
Entre las medidas adoptadas resalta básicamente los ERTES, las ayudas para autónomos y los créditos ICO para las empresas con dificultades, además de otras aprobadas de ayuda a los sectores más desprotegidos y castigados por la pandemia.
Recalca la necesidad de mejorar sustancialmente mediante una modernización profunda los servicios de empleo y la gestión de la seguridad social, un reto que se ha visto agudizado durante el 2020.
El documento completo puede consultarse en la web del CES. Ofrecemos a continuación el texto de la introducción al mismo firmado por su Presidente Antón Costas Comesaña.
La COVID-19 es el «parte aguas» de este inicio del siglo XXI. A la vez que ha provocado una crisis de salud pública y económica de dimensiones globales —de una intensidad desconocida desde la Segunda Guerra Mundial—, la pandemia ha impulsado también un significativo cambio en la mentalidad política-económica, tanto en Estados Unidos como en Europa y otras democracias de corte occidental. Este cambio de mentalidad trae a su vez una nueva actitud favorable a la experimentación con nuevas políticas e instituciones capaces de responder a los viejos retos de la desigualdad y a los nuevos desafíos relacionados con el cambio tecnológico, el cambio climático y el cambio geopolítico.
Este clima de cambio político-económico recuerda de alguna forma al que se produjo en los años treinta y cuarenta del siglo pasado, en los que en medio de la «Gran Depresión» se comenzaron a poner las bases del contrato social («New Deal») del siglo xx. Está aún por ver si esta nueva mentalidad y actitud experimentadora permanecerán más allá de la fase crítica de la crisis, cuando se consolide la recuperación. Pero muchos elementos de la política de la Unión Europea y de la Administración Biden sugieren que estamos ante un nuevo «parte aguas» de la historia de las democracias de corte occidental que traerá un nuevo contrato social del siglo XXI.
Esta Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2020, aprobada por el Pleno del Consejo Económico y Social de España el 26 de mayo de 2021, refleja también ese cambio de mentalidad político-económica y la actitud experimentadora de nuevas políticas e instituciones que ha tenido lugar en la economía española bajo la pandemia. Con la contención en la expresión que exige esta presentación, hay tres enseñanzas que emergen de la lectura de esta Memoria.
La primera es que el diálogo social está siendo un instrumento eficaz para enfrentarse a los efectos de la crisis y suavizar sus impactos sociales y empresariales. A diferencia de lo que había ocurrido en todas las recesiones anteriores, en esta ocasión la caída del empleo ha sido mucho menor que el desplome experimentado por la actividad económica, el mayor en más de ochenta años.
Este es un rasgo nuevo de la economía española. El diálogo social tripartito practicado desde el inicio de la crisis ha permitido llegar a acuerdos que han significado un reparto equilibrado de los costes de la crisis entre Estado, empresas y trabajadores. Las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis han estado orientadas, por un lado, a mantener el empleo, la renta de los hogares y a mitigar las pérdidas de ingresos de los colectivos más vulnerables. Por otro, a garantizar la liquidez de las empresas para preservar las capacidades empresariales.
En este sentido, el año 2020 ha sido de concertación social. Hay que remontarse muchos años atrás, incluso décadas, para encontrar un uso tan intenso de este instrumento. El acuerdo social ha permitido afrontar la emergencia de la COVID-19. Los ERTE han tenido un claro papel protector del empleo y de las capacidades de las empresas. También han hecho posible introducir nuevas regulaciones de las relaciones laborales en ámbitos que ya estaban afectados por tendencias de cambio preexistentes, como en el caso del trabajo a distancia o de los riders.
Todos los ámbitos de las relaciones laborales han acusado el impacto de la pandemia. Se manifiesta en una disminución de las grandes cifras: convenios firmados, huelgas llevadas a cabo, conflictos tramitados, litigios sociales resueltos, etc. En parte es el resultado de las restricciones y limitaciones de actividad provocadas por la pandemia, pero también de que el sistema se ha mostrado resiliente, apoyado en instrumentos y procedimientos como el propio diálogo social, la autonomía colectiva de los agentes sociales y las instituciones laborales.
La segunda enseñanza que refleja esta Memoria es que la COVID-19 va a dejar cicatrices sociales profundas, con riesgo de que se cronifiquen si no reciben una respuesta acertada y rápida por parte de las políticas sociales. La pérdida de escolaridad puede significar daños permanentes para los niños y niñas, en términos de menores ingresos y de oportunidades de empleo a lo largo de sus vidas. A la vez, la productividad de la economía puede resentirse. El abandono escolar puede ahondar una brecha ya existente. También la autonomía laboral de las mujeres puede verse afectada, disminuyendo la oferta total de trabajo en la etapa post pandémica. En un sentido general, la pandemia ha profundizado las brechas sociales preexistentes: desigualdad de ingresos y de oportunidades, la brecha digital, la brecha educativa, vivienda, calidad del entorno medioambiental, de género, de edad y de origen. Estas brechas nuevas y viejas comprometen la cohesión social y la creatividad y productividad de la economía.
Estas cicatrices sociales aconsejan invertir en justicia social. Tenemos que cambiar el lenguaje que utilizamos. No se trata de hacer un mayor gasto social improductivo, sino de una inversión social con importantes retornos sociales y económicos. Contrariamente a lo que fue un dogma en economía durante los últimos cuarenta años, la investigación económica reciente ha demostrado que una sociedad más justa favorece una economía más sana, resiliente y sostenible. Esta es una nueva epifanía económica que favorece la inversión en equidad sin merma de la eficiencia.
La evidencia empírica contenida en esta Memoria muestra que la intervención del sector público ha atemperado en buena medida la caída de los ingresos de las familias. Aún es demasiado pronto para evaluar el impacto en términos de prevención del riesgo de pobreza y de exclusión social. En todo caso, se necesita una estrategia integral de cohesión social que actúe sobre los factores causales que están en el origen de la vulnerabilidad.
La pandemia ha supuesto un test de estrés para todas las áreas de las políticas de bienestar, como la protección y la inclusión social, en un momento en el que todavía no se habían recuperado del todo de los efectos de la crisis anterior. Como sucede cuando baja la marea, que deja ver los peligros que estaban ocultos durante la pleamar, la crisis pandémica ha permitido ver la necesidad de priorizar dimensiones de la protección social, la sanidad, la atención a la dependencia o el sistema de garantía de ingresos mínimos.
La experiencia de anteriores crisis económicas nos enseña que no debemos esperar que la recuperación que la economía española experimentará en este 2021 y 2022 resuelva por sí sola nuestro problema de desempleo estructural. Para ello, por un lado, es necesario, como se propone en esta Memoria, rediseñar las políticas activas de empleo, aumentar la dotación y mejorar su eficacia. De esta forma, podrán desplegar todo su potencial para responder tanto a las necesidades de empleo por parte de la población como a las demandas del tejido empresarial. Por otro lado, es necesario reformar el sistema de formación profesional, especialmente la dual, para responder mejor tanto a su función educativa como a su función de emparejamiento entre la oferta de trabajo por parte de la población y la tipología de oferta de empleo que necesitan las empresas. Políticas activas de empleo más eficaces y un sistema de formación profesional adecuado a las ambiciones de las personas y las necesidades de las empresas permitirán responder al desafío de los buenos empleos, para más personas y en más lugares del territorio.
La tercera enseñanza es la necesidad de aplicar una estrategia económica basada en tres «R»: Resistir, Recuperarse y Reinventarse. Las medidas de ayuda a las familias y las empresas han contribuido a resistir en los peores momentos de la crisis. La recuperación vendrá de la mano de la reactivación del consumo privado, una vez desaparezcan las circunstancias que han provocado un extraordinario ahorro acumulado en 2020 por motivos tanto de carácter forzoso como precautorio frente a la elevada incertidumbre. En esta dirección, la política más eficaz para acelerar la recuperación es avanzar de forma rápida en el proceso de vacunación. A la vez, hay que mantener el apoyo al tejido empresarial hasta que la recuperación se consolide.
Pero, a diferencia de crisis anteriores, esta crisis pandémica obliga a reinventar las formas de producir, distribuir y consumir. En esta dirección, la pandemia de COVID-19 ha acelerado las tendencias previas relacionadas con los desafíos de la digitalización, el cambio climático, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. La ventaja ahora es que los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia constituyen dos poderosos instrumentos para fomentar y fortalecer la reinvención de la economía española. El diálogo social puede y debe jugar un influyente papel a la hora de lograr un amplio consenso social y político para la asignación de los fondos europeos a los diferentes objetivos del Plan.
Para financiar los costes sanitarios, sociales y económicos de la crisis no hay otra alternativa razonable que la expansión presupuestaria y el aumento de la deuda. La métrica a tener en cuenta para el seguimiento de la deuda no es tanto su volumen como la carga anual que representa. En este sentido, la política monetaria del BCE está permitiendo que este coste sea hoy por hoy asumible y más reducido de lo que fue en otras épocas, cuando su volumen era menor. Pero si queremos mantener la confianza en la sostenibilidad de la deuda y en la capacidad de crecimiento de la economía española es necesario contar con una hoja de ruta para la consolidación fiscal a largo plazo. El diálogo social también es un instrumento importante a la hora de establecer esta senda de sostenibilidad para la consolidación, un instrumento que puede favorecer un amplio consenso político en esta delicada cuestión.
El diálogo social tiene también un papel destacado en la reordenación de las prioridades y el aumento de los recursos públicos hacia el sistema de salud pública, así como en el terreno de las reformas, la gobernanza, la cooperación territorial o la sectorial. Y es que las reformas solo son estables y eficaces cuando vienen respaldadas por una amplia corriente de opinión pública favorable. De lo contrario se comportan como un bumerang. El diálogo social contribuye de forma notable a crear esas corrientes de opinión pública favorable.
La opción por el diálogo social como estrategia para afrontar los impactos de la crisis y encauzar la recuperación económica y social de manera resiliente y sostenible es coherente con lo que recomienda la Economía y la Filosofía Política ante situaciones de incertidumbre radical como la que provocan los nuevos y los viejos desafíos que estamos enfrentando. El consenso tiene la ventaja de que reduce los conflictos laborales, favorece la cooperación social y aumenta la productividad de la economía. De aquí que el diálogo social, desarrollado de forma tan exitosa en 2020, debe tener continuidad en 2021 y años siguientes.
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que han participado en los trabajos de elaboración de este documento. En especial, a los miembros de la Comisión, encabezada por el consejero y presidente de esta, Raymond Torres, y a los consejeros ponentes de los distintos capítulos, Matilde Mas, Félix Peinado y Enrique Martín.
Asimismo, lo hago extensivo a los comparecientes que han colaborado con sus aportaciones en las distintas reuniones de la mencionada Comisión de Trabajo: Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España; Ana de la Cueva Fernández, ex-secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca; Carmen Pérez Romero, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES); y Ana de la Puebla Pinilla, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Antón Costas Presidente del Consejo Económico y Social
