Por José Bujalance | Algunos políticos se están excediendo sus atribuciones y haciendo un flaco servicio a la democracia al pretender que una serie de personas que van desde el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a cargos relevantes del mundo financiero y empresarial, se conviertan en un gobierno en la sombra.
Montesquieu no ha muerto; ni el único poder superviviente es el Ejecutivo -y por añadidura el del principal partido político y la doctrina que lo sostiene-, ni lo es el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ni mucho menos; y es más que exigible frenar las constantes extralimitaciones de quienes pretenden hacer política desde las puñetas, lo que certifica la ínfima calidad de nuestra democracia.
Por supuesto, ni el Parlamento ni el Ejecutivo son por sí solos la representación única de las democracias constitucionales olvidando otras instituciones, como es el poder Judicial, aun cuando su politización haya mermado sensiblemente su prestigio e independencia, convirtiéndose sencillamente en un desvarío y un intento de abuso respecto a la necesaria separación de poderes que pretenden borrar de nuestra democracia, ante la ignorancia generalizada de principios elementales.
La parálisis en la renovación del CGPJ es la de más larga duración: desde diciembre del 2018 han pasado ya más de dos años y medio desde el comienzo de la caducidad del Consejo. El anterior retraso importante fue en noviembre del 2006 y duró casi dos años (septiembre 2008) y en ambas ocasiones el Partido Popular no gobernaba. Las otras renovaciones, en 1986 y en 1990, se realizaron sin retrasos, mientras que, en 1996, año electoral, se demoró ocho meses y en el 2001 tan solo cuatro meses. Con solo mirar las mayorías y minorías parlamentarias podemos encontrar las razones en estos retrasos, si bien debemos tener meridianamente claro tras las desvergonzadas manifestaciones del ex Senador, y antiguo director general de la policía, Cosidó -"controlando la Sala Segunda desde atrás"- que quien domina al CGPJ domina el tablero político, abundando en los males de un poder judicial politizado y una administración de Justicia ineficaz.
Más allá de la realidad maquillada y la verdad silenciada, de palabras altisonantes e hipócritas, la realidad nos muestra el desgobierno de la Administración de Justicia con un Consejo General del Poder Judicial descaradamente manipulado, un Poder Judicial subordinado al poder político y que por tanto no es un poder constitucional, pues ni son independientes ni responsables (como la reciente sentencia sobre el Estado de Alarma ha corroborado) y que se encuentra muy alejado del modelo judicial que quieren los jueces y necesitan los españoles. El sistema Judicial español es parcial y dependiente, sus altos tribunales actúan como una “tercera cámara” del Poder Legislativo, en fraude de ley constitucional y en rebeldía a toda elección democrática del CGPJ, heredero de un régimen de escasa vocación pluralista como el nacido de la Transición, otro ejemplo de las disfunciones de un sistema cuya supervivencia solo es posible ya en términos sumarios de constricción posdemocrática.
El CGPJ es un órgano constitucional presidencialista, cuando debería ser colegiado y deliberativo. La Constitución reservó para el CGPJ la competencia para nombrar a la cúpula judicial, con el fin de garantizar la independencia de los jueces, además de su formación y disciplina, pero la última reforma del PP provocó que todos los vocales de este órgano fueran nombrados por los partidos políticos en las Cortes de manera directa y sin elección por parte de la carrera judicial. Lesmes impulsó la reforma de 2013, mientras ejercía como presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y por encargo de Fernando Román (ex secretario de Estado de Justicia, quien le aupó como presidente del CGPJ) al llegar al poder en la época de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro (no en vano fue director general de relaciones con la administración de Justicia con el gobierno del PP)
No quiero el modelo de Juez político, aquel que disfruta de los "márgenes más amplios de creatividad" hasta el punto de ocupar una posición de claro protagonismo y de relativa autonomía tanto con respecto a las instituciones políticas representativas como al sistema normativo, sin conocer sus límites, probablemente porque siempre han tenido un papel importante en el proceso político. No sirve a la sociedad el Juez político, aquel que toma sus decisiones de acuerdo con los principios que le dicta su propia ideología, -coincida o no con la de quien ostenta el poder- un modelo de juez partícipe de una forma de pensar determinada que, en aras de la misma, no duda en violentar la letra y el espíritu de la Ley con tal de proteger en el proceso los intereses de una clase o grupo social determinado.
Uno de los grandes teóricos de la democracia, Robert A. Dahl, afirmó, que ésta sólo ha sobrevivido en países con predominio de una economía de mercado capitalista pero, a su vez, asevera que el capitalismo de mercado es imposible en un país democrático sin intervención y regulación estatal al menos por dos razones: porque las instituciones básicas del capitalismo de mercado precisan regulación e intervención públicas amplias y profesionales; y segundo, porque sin ellas el capitalismo de mercado origina daños que pueden afectar a sectores de la población con escasos medios para defenderse y ello exige la intervención pública.
