2017 | Luces y sombras en materia de empresa y derechos humanos

Elena Salgado | A pesar de que pueda parecer que existen avances, no olvidemos que 2017 también ha sido el año en el que muchas víctimas siguen sin haber conseguido reparación.

Imagen de la tragedia del Rana Plaza en 2013 en Bangladesh. (Foto de archivo: Europapres)
Imagen de la tragedia del Rana Plaza en 2013 en Bangladesh. (Foto de archivo: Europapres)

Esperemos que 2018 sea el año en que se apruebe la primera ley en el mundo que impone el deber de diligencia a ciertas empresas en relación con el trabajo infantil

Ahora que 2017 ya toca a su fin, podemos hacer balance de cuál ha sido su contribución en materia de empresa y derechos humanos.

El año empezó con optimismo al conocer que el 21 de febrero se aprobaba por parte del Senado francés la esperada ley relativa al deber de vigilancia de las empresas matrices y otras empresas. Esta ley impone por primera vez la obligación de las empresas matrices de vigilar la actuación de su cadena de suministro a través del establecimiento de planes de vigilancia que traten de prevenir y de evitar la existencia de casos de vulneraciones de derechos humanos. La ley soportó un recurso de inconstitucionalidad que se saldó con una confirmación por parte de la Corte Constitucional francesa sobre la constitucionalidad de la ley y la no injerencia con el principio de la libre competencia. Esta ley obligará a alrededor de 120 empresas a ya en 2018 publicar esos planes de vigilancia.

Aunque la aprobación de esta ley fue la que más atención recibió, unos días antes, el 7 de febrero la Cámara Baja del Parlamento holandés adoptaba la Ley sobre Debida Diligencia en materia de Trabajo infantil. Las empresas a las que la ley les resulte aplicable –si llega a ser aprobada también por el Senado- tendrán que presentar una declaración a las autoridades regulatorias declarando que han llevado a cabo un proceso de debida diligencia en relación con el trabajo infantil a lo largo de toda la cadena de producción. La ley, concibe la posibilidad de que aquellas empresas que no cumplan con su obligación sean, no solamente multadas, sino que incluso se puedan derivar penas de prisión para los directivos responsables dentro de la empresa, si el incumplimiento es reiterado. A pesar de que la votación en el Senado que decidiría si la ley se aprueba definitivamente o no, estaba prevista para el 19 de diciembre, la decisión final ha sido pospuesta para después del receso navideño. Tal vez sea entonces, 2018 el año en que se apruebe la primera ley en el mundo que impone este deber de diligencia a ciertas empresas en relación con el trabajo infantil.

También en Suiza ha habido movimientos durante el año. La iniciativa para las multinacionales responsables que fue presentada al Gobierno suizo en 2016 por parte de una coalición de más de 85 organizaciones como una propuesta para una enmienda constitucional para la introducción de un artículo que estableciese la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y los estándares medioambientales, sufría en enero del 2017, el primer varapalo cuando el Gobierno suizo rechazaba la propuesta en una recomendación al Parlamento. En noviembre, sin embargo, el Comité de Asuntos Legales del Consejo de Estado (cámara alta) publica una contra-propuesta a la iniciativa, dejando margen por lo tanto a la negociación. Los próximos pasos a seguir serán que el Parlamento discuta sobre la propuesta y la contrapropuesta para que a lo largo de 2018 o 2019 los ciudadanos y ciudadanas suizos puedan votar sobre esta propuesta en un referéndum. La propuesta inicial recoge asuntos de gran importancia, sobre todo en relación con la inversión de la carga de la prueba si se produce un daño, teniendo que ser la empresa quien pruebe si efectivamente implementó un plan de diligencia para evitar el daño. Establece la iniciativa además que, en relación con la demostración de si la empresa ejercía control sobre las subsidiarias que hubiesen podido causar el daño, la doctrina del “control” se entenderá no solo desde un punto de vista “de iure” –legal- sino también “de facto”, con el fin de evitar que los principios de protección mercantiles y de limitación de la responsabilidad eviten que se pueda demostrar la relación entre la matriz y la subsidiaria. Otros avances legislativos se están también desarrollando fuera de las fronteras europeas. Australia ha iniciado el camino para una nueva ley sobre esclavitud moderna, construida sobre la base de la homónima británica.

2017 también ha sido el año en el que un Tribunal canadiense decide permitir que una empresa canadiense sea juzgada en Canadá por incumplimientos de derecho internacional consuetudinario, por alegaciones, entre otras, de torturas y esclavitud, en la construcción de una mina de oro en Eritrea.

Igualmente en este año se cumplió el primer aniversario en el Reino Unido de la obligación impuesta por el UK Modern Slavery Act en relación con la presentación de informes en materia de trabajo esclavo, e Italia recibió por primera vez un caso en un Tribunal de Milán relacionado con posibles incumplimientos de la petrolera Eni en Nigeria. Este año también ha visto avances en relación con demandas a empresas respecto a su contribución al cambio climático y la ulterior afectación a los derechos de las personas.

Este año también ha estado marcado por el inicio de los debates sustanciales en el seno del Grupo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre el instrumento jurídicamente vinculante en materia de empresas y derechos humanos. A lo largo de cuatro días tuvieron lugar una serie de debates ya sobre el contenido de ese posible instrumento, dejando patente las diferentes posturas dentro del grupo y los aspectos donde un consenso mayor sí es posible.

En España, el principal hito ha sido la aprobación finalmente del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, no sin críticas por parte de la sociedad civil, y el ingreso de España en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así como la tan tardía transposición de la Directiva de Información no Financiera por medio de un Real Decreto.

A pesar de que pueda parecer que existen avances, sobre todo en el plano legislativo, no olvidemos que 2017 también ha sido el año en el que muchas víctimas siguen sin haber conseguido reparación, como el caso de Ester Kiobel que sigue sin haber conseguido justicia por la muerte de su marido en su caso que envuelve a la petrolera Shell. También ha sido el año en el que sigue creciendo la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, el año en el que siguen saliendo a la luz abusos en la industrial del aceite de palma y el año en que no ha sido todavía posible ver a los Tribunales españoles conocer un caso relacionado con vulneraciones empresariales de derechos humanos, entre otras muchas noticias que siguen evidenciando las carencias y los obstáculos en materia de empresa y derechos humanos.

2018 puede ser un año para seguir avanzando en las luces e ir iluminando las sombras.