jueves. 28.03.2024

Los soldados en Afganistán corren un riesgo añadido: la leche caducada que consumen

El juzgado togado militar 11 ha abierto diligencias contra la empresa encargada del avituallamiento de las tropas españolas en Afganistán y Líbano por un presunto delito contra la salud pública, ya que estaría suministrando leche no apta para el consumo.
NUEVATRIBUNA.ES - 9.2.2010

La noticia ha sido adelantada por la Cadena SER que ha informado de que, según la denuncia elevada por el Ministerio de Defensa, la empresa Tecnoucal adquiría leche caducada haciéndola pasar por fresca falseando el etiquetado. El fraude fue descubierto durante una inspección en la base española de Qala e Now en Afganistán. Las diligencias 11/37/09 abiertas por el juzgado militar son fruto de un atestado elaborado el pasado mes de abril por la Guardia Civil en dicha base.

La SER ha relatado que el presunto fraude en el suministro por parte de Tecnoucal (una UTE formada por las empresas españolas Tecnove y Ucalsa) fue descubierto por un sargento durante uno de los controles sanitarios que se realizan periódicamente en el acuartelamiento. El militar observó un gran número de botes de leche en las dependencias del comedor con un etiquetado sospechoso y dio parte a sus superiores. El coronel de la base encargó entonces una investigación al grupo de la guardia civil en su calidad de policía militar. Al parecer, bastó un raspado del exterior de los envases para descubrir el engaño. Al comprar a granel partidas de alimentos caducados a muy bajo coste y facturarlos a Defensa como productos frescos, la empresa incrementaba su margen de beneficio de manera sencilla.

Los interrogatorios a los empleados de la empresa y los careos a los que les sometió la guardia civil en Qala e Now, revelaron contradicciones cuando fueron preguntados sobre si aquella era la única partida de alimentos caducados que habían manipulado y sobre si la leche caducada había llegado a suministrarse a los 250 soldados que entonces formaban el contingente.

El pasado mes de mayo, Defensa puso el caso en conocimiento del juzgado denunciando al responsable de la empresa por un delito contra la salud pública. El Código Penal castiga con hasta cuatro años de prisión al comerciante o distribuidor de alimentos que ofrezca en el mercado productos alimentarios con alteración de los requisitos establecidos en las leyes sobre caducidad, que trafique con géneros corrompidos, o que oculte efectos destinados a ser inutilizados para comerciar con ellos.

El juez togado abrió diligencias y la pasada semana comenzó a tomar declaración a los implicados. El caso, sin embargo podría terminar en manos de la Audiencia Nacional ya el delito contra la salud pública, no está contemplado en el código penal militar. Según fuentes jurídicas el juzgado togado militar terminará las diligencias y se inhibirá en favor de la audiencia, competente en los delitos cometidos fuera de territorio nacional.

La UTE Tecnocual recibe anualmente entre 15 y 20 millones de euros por suministrar alimentos a todos los contingentes españoles en el exterior, principalmente Afganistán y Líbano.


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