nuevatribuna.es
15 de septiembre de 2009, 13:45
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.9.2009
Mientras la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) cree que esta autoridad no se puede fijar por decreto, sino que ésta se gana "con el trabajo y el ejemplo del día a día, como la paterna", la Confederación de Familia y Padres de Alumnos (COFAPA) opina que la iniciativa del Gobierno madrileño supone "un paso más para recuperar la valoración social del maestro, cuya pérdida repercute no sólo en el rendimiento académico del alumno sino en su autoridad en el aula".
"El profesorado no debe desarrollar su trabajo con métodos trasnochados fundamentados en el autoritarismo y en el miedo del alumnado, y que han demostrado ser totalmente ineficientes para mejorar la convivencia escolar", afirmaron desde la asociación laica CEAPA, que abogaron por el establecimiento de normas "concisas, consensuadas y transparentes" de convivencia en el centro educativo, no sólo para el alumnado, sino también para toda la comunidad educativa.
Si bien COFAPA apoya la configuración de una ley que refuerce al profesor, también recuerda que el reconocimiento de su autoridad "debe empezar en la familia". "Es muy difícil exigir al alumno que respete al profesor en el aula si no respeta a su padres en casa", aseveró su presidenta, Mercedes Coloma.
LA FISCALÍA SE ADELANTÓ
Lo cierto es que la Fiscalía General del Estado ordenó en una circular remitida en noviembre de 2008 que las agresiones contra profesores de la enseñanza pública y contra trabajadores de la Sanidad pública se contemplarán como un delito de atentado a la autoridad y funcionario público.
De este modo, los docentes de centros públicos ya tenían la consideración de autoridad a efectos penales a instancia de la circular "Sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo", enviada a las fiscalías en noviembre de 2008.
Las circulares de la Fiscalía General del Estado son de obligado cumplimiento. Por tanto, esta medida llegó un año antes de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, haya anunciado que promoverá una Ley de Autoridad del Profesor para conceder a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública".
La instrucción de la Fiscalía del Estado excluía de esta consideración a los profesores y médicos que trabajan en un centro concertado o privadoy, del mismo modo, la propuesta de Esperanza Aguirre tampoco contempla a este colectivo.
En el texto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recomendaba a los fiscales considerar las agresiones contra funcionarios en el ámbito de la sanidad y de la educación, "consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave", dentro del ámbito de la tutela penal arbitrada por el delito de atentado, "siempre que concurran los demás elementos que configuran" el delito de atentado a la autoridad.
DELITO DE ATENTADO
El artículo 550 del Código Penal define el delito de atentado, castigando como reos del mismo a "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Así, la Fiscalía recogía en el documento que serán "sujetos pasivos de este delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente".
Con esta circular, la Fiscalía del Estado asegura que trata de proteger el orden público, puesto que "estas agresiones dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos por la Administración".
El documento daba respuesta a las dudas planteadas por la Fiscalía de Andalucía acerca de cuál debía ser el tratamiento jurídico-penal de este tipo frecuente de agresiones en el ámbito de la sanidad y educación públicas.
Mientras la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) cree que esta autoridad no se puede fijar por decreto, sino que ésta se gana "con el trabajo y el ejemplo del día a día, como la paterna", la Confederación de Familia y Padres de Alumnos (COFAPA) opina que la iniciativa del Gobierno madrileño supone "un paso más para recuperar la valoración social del maestro, cuya pérdida repercute no sólo en el rendimiento académico del alumno sino en su autoridad en el aula".
"El profesorado no debe desarrollar su trabajo con métodos trasnochados fundamentados en el autoritarismo y en el miedo del alumnado, y que han demostrado ser totalmente ineficientes para mejorar la convivencia escolar", afirmaron desde la asociación laica CEAPA, que abogaron por el establecimiento de normas "concisas, consensuadas y transparentes" de convivencia en el centro educativo, no sólo para el alumnado, sino también para toda la comunidad educativa.
Si bien COFAPA apoya la configuración de una ley que refuerce al profesor, también recuerda que el reconocimiento de su autoridad "debe empezar en la familia". "Es muy difícil exigir al alumno que respete al profesor en el aula si no respeta a su padres en casa", aseveró su presidenta, Mercedes Coloma.
LA FISCALÍA SE ADELANTÓ
Lo cierto es que la Fiscalía General del Estado ordenó en una circular remitida en noviembre de 2008 que las agresiones contra profesores de la enseñanza pública y contra trabajadores de la Sanidad pública se contemplarán como un delito de atentado a la autoridad y funcionario público.
De este modo, los docentes de centros públicos ya tenían la consideración de autoridad a efectos penales a instancia de la circular "Sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo", enviada a las fiscalías en noviembre de 2008.
Las circulares de la Fiscalía General del Estado son de obligado cumplimiento. Por tanto, esta medida llegó un año antes de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, haya anunciado que promoverá una Ley de Autoridad del Profesor para conceder a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública".
La instrucción de la Fiscalía del Estado excluía de esta consideración a los profesores y médicos que trabajan en un centro concertado o privadoy, del mismo modo, la propuesta de Esperanza Aguirre tampoco contempla a este colectivo.
En el texto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recomendaba a los fiscales considerar las agresiones contra funcionarios en el ámbito de la sanidad y de la educación, "consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave", dentro del ámbito de la tutela penal arbitrada por el delito de atentado, "siempre que concurran los demás elementos que configuran" el delito de atentado a la autoridad.
DELITO DE ATENTADO
El artículo 550 del Código Penal define el delito de atentado, castigando como reos del mismo a "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Así, la Fiscalía recogía en el documento que serán "sujetos pasivos de este delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente".
Con esta circular, la Fiscalía del Estado asegura que trata de proteger el orden público, puesto que "estas agresiones dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos por la Administración".
El documento daba respuesta a las dudas planteadas por la Fiscalía de Andalucía acerca de cuál debía ser el tratamiento jurídico-penal de este tipo frecuente de agresiones en el ámbito de la sanidad y educación públicas.
