nuevatribuna.es
24 de enero de 2010, 11:03
NUEVATRIBUNA.ES 23.01.2010
Los municipios españoles con mayor porcentaje de población inmigrante empadronada apuestan por políticas de integración y defienden que tanto los extranjeros "con papeles como los sin papeles" puedan registrarse en el padrón, en referencia a la polémica surgida en Vic (Barcelona) sobre el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular y el caso de Torrejón, en Madrid. Además, se apoyan en su experiencia para plantear los problemas que encuentran en la Ley de Extranjería y la falta de ayudas por parte del Gobierno.
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Rojales (Alicante), el municipio de más de 15.000 habitantes que tiene mayor porcentaje de inmigrantes empadronados de España, Antonio Martínez Cánovas (PP), aseguró que "hay que seguir, independientemente de lo que piensen algunos, intentando integrar a todos los ciudadanos vengan de donde vengan".
En Rojales el 73,9% de la población es inmigrante, según datos del Padrón municipal publicado en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de ellos son ciudadanos comunitarios, principalmente ingleses, que tienen en el municipio su segunda residencia. En cualquier caso, pese a reconocer que "Rojales no tiene el problema de la inmigración ilegal", Martínez apostó por una política de integración que lleve a acoger lo mejor posible a los que vengan de fuera, "con papeles o sin papeles".
En este sentido, señaló que su mayor esfuerzo se centra "en la política lingüística, en el idioma" y, por lo tanto, "se facilita gratuitamente que accedan a cursos de español". Sin embargo, advirtió de que hay unos requisitos, a la hora de empadronar, que se deben cumplir: "que tenga un espacio para vivir, que no haya hacinamiento y que realmente vengan aquí a residir".
CATALUÑA APUESTA POR INTEGRAR Y NO EXCLUIR
Por su parte, Castelló d'Empúries es el municipio catalán con mayor porcentaje de extranjeros empadronados con un 49,9% de la población, la mayoría inmigrantes nacidos fuera de la Unión Europea que comunitarios. Su alcalde, Salvi Güell (Esquerra Republicana de Catalunya), afirmó que en los últimos presupuestos han reforzado los servicios sociales, ya que "es mejor una buena integración que una exclusión porque al final los problemas que te puede reportar la gente excluida son mayores que si intentas integrarlos".
Asimismo, insistió en que "ha cambiado el tipo de inmigrante", pero "se les trata igual que a los otros" y, por lo tanto, "en temas de educación ya se tiene una política especial para que se integren lo antes posible, a nivel de servicios hay gente que habla los idiomas correspondientes y además, se cuenta en el padrón con un agente de integración para los magrebíes". "Nos hemos ido adaptando a las nuevas circunstancias", concluyó.
Por último, aludió al debate sobre el empadronamiento y dijo que su Ayuntamiento "es muy escrupuloso en lo que marca la normativa y lo aplican". Así, criticó que "dos o tres municipios quieran hacer las cosas diferentes", debido a que "esto no sirve para nada". "O cambiamos todos la normativa o no se cambia", apostilló.
Por otro lado, matizó que para ver "si está bien aplicada o no" la ley, "se tendrían que reunir las instituciones competentes" y, en todo caso, "si hay que hacer variaciones, que lo digan y que todos los municipios sigan el mismo patrón". Pero "a día de hoy", sentenció Güell, "el padrón debe reflejar la realidad del municipio. No sirve nada que esté la gente viviendo en el municipio sin empadronarse porque falsea la realidad".
MADRID PIDE MÁS AYUDAS Y RECURSOS
Fresnedillas de la Oliva, gobernada por el Partido Popular, es el caso madrileño. Con un 40% de población inmigrante empadronada y 27 nacionalidades diferentes, conviviendo encabeza la lista de la Comunidad. El alcalde del municipio, Antonio Reguilón, solicitó "más ayuda" para poder hacer frente a los servicios "cada vez mayores" que tiene que ofrecer a sus vecinos.
Además, añadió que "se reducen las ayudas del Estado un año sí y otro año también". "Este último año la Consejería de Inmigración no ha tenido un duro del Estado, lo hemos tenido que sacar a través de un fondo europeo y a través de una ONG", lamentó.
En el pueblo, los 559 extranjeros empadronados, de los 1.392 habitantes, reciben formación a nivel de empleo en tapicería, repostería y hostelería. También se apuesta por la integración con la apertura de una escuela de deporte que, según el alcalde, "está viniendo muy bien para toda la población juvenil, sobretodo marroquí, que es una población más desarraigada", ya que "a través del deporte se consiguen cambios muy grandes en su actitud y en la manera de ver la vida que tienen".
Reguilón aseguró que desde el Ayuntamiento "el 70 por ciento del trabajo municipal y administrativo es dedicado a ellos, como no podría ser de otra manera" e indicó que sólo los gastos de formación suponen una "inversión de cerca de 450 mil euros".
En otro orden de cosas, celebró el "buen ambiente" del pueblo, con una convivencia que calificó como "fantástica" pese a "no tener policía ni Guardia Civil". "En verano, cuando nos juntamos hasta 8.000 personas, por las fiestas, no ha habido ni un amago de pelea, lo que resulta sorprendente", explicó.
Los municipios españoles con mayor porcentaje de población inmigrante empadronada apuestan por políticas de integración y defienden que tanto los extranjeros "con papeles como los sin papeles" puedan registrarse en el padrón, en referencia a la polémica surgida en Vic (Barcelona) sobre el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular y el caso de Torrejón, en Madrid. Además, se apoyan en su experiencia para plantear los problemas que encuentran en la Ley de Extranjería y la falta de ayudas por parte del Gobierno.
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Rojales (Alicante), el municipio de más de 15.000 habitantes que tiene mayor porcentaje de inmigrantes empadronados de España, Antonio Martínez Cánovas (PP), aseguró que "hay que seguir, independientemente de lo que piensen algunos, intentando integrar a todos los ciudadanos vengan de donde vengan".
En Rojales el 73,9% de la población es inmigrante, según datos del Padrón municipal publicado en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de ellos son ciudadanos comunitarios, principalmente ingleses, que tienen en el municipio su segunda residencia. En cualquier caso, pese a reconocer que "Rojales no tiene el problema de la inmigración ilegal", Martínez apostó por una política de integración que lleve a acoger lo mejor posible a los que vengan de fuera, "con papeles o sin papeles".
En este sentido, señaló que su mayor esfuerzo se centra "en la política lingüística, en el idioma" y, por lo tanto, "se facilita gratuitamente que accedan a cursos de español". Sin embargo, advirtió de que hay unos requisitos, a la hora de empadronar, que se deben cumplir: "que tenga un espacio para vivir, que no haya hacinamiento y que realmente vengan aquí a residir".
CATALUÑA APUESTA POR INTEGRAR Y NO EXCLUIR
Por su parte, Castelló d'Empúries es el municipio catalán con mayor porcentaje de extranjeros empadronados con un 49,9% de la población, la mayoría inmigrantes nacidos fuera de la Unión Europea que comunitarios. Su alcalde, Salvi Güell (Esquerra Republicana de Catalunya), afirmó que en los últimos presupuestos han reforzado los servicios sociales, ya que "es mejor una buena integración que una exclusión porque al final los problemas que te puede reportar la gente excluida son mayores que si intentas integrarlos".
Asimismo, insistió en que "ha cambiado el tipo de inmigrante", pero "se les trata igual que a los otros" y, por lo tanto, "en temas de educación ya se tiene una política especial para que se integren lo antes posible, a nivel de servicios hay gente que habla los idiomas correspondientes y además, se cuenta en el padrón con un agente de integración para los magrebíes". "Nos hemos ido adaptando a las nuevas circunstancias", concluyó.
Por último, aludió al debate sobre el empadronamiento y dijo que su Ayuntamiento "es muy escrupuloso en lo que marca la normativa y lo aplican". Así, criticó que "dos o tres municipios quieran hacer las cosas diferentes", debido a que "esto no sirve para nada". "O cambiamos todos la normativa o no se cambia", apostilló.
Por otro lado, matizó que para ver "si está bien aplicada o no" la ley, "se tendrían que reunir las instituciones competentes" y, en todo caso, "si hay que hacer variaciones, que lo digan y que todos los municipios sigan el mismo patrón". Pero "a día de hoy", sentenció Güell, "el padrón debe reflejar la realidad del municipio. No sirve nada que esté la gente viviendo en el municipio sin empadronarse porque falsea la realidad".
MADRID PIDE MÁS AYUDAS Y RECURSOS
Fresnedillas de la Oliva, gobernada por el Partido Popular, es el caso madrileño. Con un 40% de población inmigrante empadronada y 27 nacionalidades diferentes, conviviendo encabeza la lista de la Comunidad. El alcalde del municipio, Antonio Reguilón, solicitó "más ayuda" para poder hacer frente a los servicios "cada vez mayores" que tiene que ofrecer a sus vecinos.
Además, añadió que "se reducen las ayudas del Estado un año sí y otro año también". "Este último año la Consejería de Inmigración no ha tenido un duro del Estado, lo hemos tenido que sacar a través de un fondo europeo y a través de una ONG", lamentó.
En el pueblo, los 559 extranjeros empadronados, de los 1.392 habitantes, reciben formación a nivel de empleo en tapicería, repostería y hostelería. También se apuesta por la integración con la apertura de una escuela de deporte que, según el alcalde, "está viniendo muy bien para toda la población juvenil, sobretodo marroquí, que es una población más desarraigada", ya que "a través del deporte se consiguen cambios muy grandes en su actitud y en la manera de ver la vida que tienen".
Reguilón aseguró que desde el Ayuntamiento "el 70 por ciento del trabajo municipal y administrativo es dedicado a ellos, como no podría ser de otra manera" e indicó que sólo los gastos de formación suponen una "inversión de cerca de 450 mil euros".
En otro orden de cosas, celebró el "buen ambiente" del pueblo, con una convivencia que calificó como "fantástica" pese a "no tener policía ni Guardia Civil". "En verano, cuando nos juntamos hasta 8.000 personas, por las fiestas, no ha habido ni un amago de pelea, lo que resulta sorprendente", explicó.
