miércoles. 17.04.2024

Los inmigrantes irán al Constitucional si Vic decide cumplir su amenaza

Entretanto, crece la polémica sobre la legalidad de la medida anunciada por el municipio catalán y por el ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz. La inmigración vuelve a ser objeto de utilización partidistas por las distintas fuerzas políticas.
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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 19.1.2010

Las asociaciones de inmigrantes Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari-Perú han anunciado que estudian acudir al Tribunal Constitucional si el ayuntamiento de Vic cumple su amenaza de no empadronar a inmigrantes sin papeles. En un comunicado conjunto, todas estas asociaciones denuncian la "irresponsable manipulación" de la Ley de Extranjería y de la Ley Reguladora a las Bases del Régimen Local "con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas". Afirman que "el impedir el empadronamiento de personas que se hallan en situación administrativa irregular se considera una flagrante violación de los derechos constitucionales y bordea toda ilegalidad jurídica. Las leyes antes mencionadas obligan a los ayuntamientos a empadronar a todos los vecinos independientemente de su situación administrativa".

Y además, recalcan que dicha medida tendría consecuencias sobre aspectos básicos como la salud y la educación, ya que sin empadronamiento no se puede acceder a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización, privando así de dos derechos fundamentales. También, continúan, dificultaría los procedimientos legales disponibles y las oportunidades de desarrollo, porque complicaría trámites básicos para obtener la residencia legal en el país (arraigo). Con todo, advierten de que estarán "vigilantes" para que este intento de "lepenización" de la sociedad española "no se traduzca en la implementación de medidas discriminatorias contra las personas por su origen, raza o nacionalidad".

El Gobierno, por su parte, sigue recordándole al ayuntamiento que las medidas que pretende aplicar son ilegales. Este martes, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha reiterado que "no es de su competencia hacer los controles y los registros de las personas extranjeras que acceden a España" y que tiene que hacer una "reflexión" porque ni la Ley de Bases de Régimen Local ni la Ley de Extranjería "dejan el menor resquicio para la duda a la hora de hacer cualquier interpretación".

Pero con quien Rumí ha sido especialmente dura es con el PP que, a río revuelto, ha aprovechado para intentar utilizar la polémica contra el Ejecutivo. La secretaria de Estado ha afirmado que este "no es un partido serio" ya que "sólo se acuerda de los inmigrantes cuando pasa algo" como lo ocurrido en la localidad barcelonesa de Vic. Según Rumí, los 'populares' "usan la inmigración para confrontar" lo cual es, en su opinión, "una irresponsabilidad ante un tema que requiere de una gran sensibilidad".

Y precisamente este martes, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, ha aprovechado su participación en un desayuno informativo para denunciar que "la izquierda y algunos partidos políticos" revelan su cara "xenófoba" con la netativa a empadronar a los inmigrantes de Vic, localidad gobernada por el PSC con el apoyo de los nacionalistas catalanes. Curiosamente, a Montoro le parece que la situación de Torrejón de Ardoz, ayuntamiento gobernado por el PP, es completamente diferente. Claro que también ha admitido que no conoce al detalle la normativa aprobada por el municipio madrileño.

Además, y para colmo de las contradicciones, ha hecho un elogio de la inmigración y de los cuatro millones de extranjeros llegados a España entre 1995 y 2007 atraidos por nuestro mercado de trabajo, que llegó a los 20 millones de ocupados, cuando este partido ha estado quejándose permanentemente del "efecto llamada". Para la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo que "aquí tenemos un problema, que es que el mismo partido que en su día dijo 'papeles para todos' ahora entiende que no se debe empadronar a aquellas personas que vivan en un municipio porque no interesa, y este es un problema de los vaivenes del Partido Socialista en materia de política de inmigración".

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