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21 de marzo de 2010, 8:08
NUEVATRIBUNA.ES - 21.3.2010
Amnistía Internacional ha aprovechado el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, para denunciar que en Europa millones de personas siguen sufriendo marginación por motivos de origen étnico, así como por su identidad sexual o de género, creencias religiosas, situación de discapacidad o por edad.
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Con este objetivo, la organización ha realizado un acto simbólico en la Puerta del Sol de Madrid, que repetirá en al menos otras 15 localidades como Cáceres, Sevilla, Alicante, Palencia, La Palma o Barcelona, entre otras, durante próximas fechas. La organización también invita a firmar una ciberacción contra la discriminación accesible en www.actuaconamnistia.org y en su página de Facebook.
“Hay millones de personas en Europa que continúan siendo víctimas de exclusión y pobreza, entre otros abusos de derechos humanos, a causa de su origen étnico como ocurre con la comunidad gitana; por su orientación sexual, como los homosexuales, los bisexuales, las lesbianas y las personas transgénero; y por motivos religiosos, como los musulmanes y judíos; entre otros colectivos. Contribuir a silenciar la discriminación con medidas políticas escasas o ineficaces, es algo que no se puede permitir la UE”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Según el Eurobarómetro de 2008, el 62% por ciento de los europeos opina que la discriminación motivada por el origen étnico es generalizada; el 51% cree que es generalizada la discriminación motivada por la orientación sexual, el 45% opina que lo es la motivada por una discapacidad, el 42% por la religión y el 36% por el género.
“No podemos olvidar que el principio de igualdad es uno de los valores constitutivos de la UE y señal de identidad en sus relaciones con otros Estados. Además, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los derechos humanos cobran una posición más fuerte en la UE que exige ya, con urgencia, medidas concretas para luchar contra la discriminación en todas sus formas”, continúa Beltrán.
Según un informe elaborado por AI, con 12 millones de personas, la población gitana constituye la principal minoría de la Unión Europea y también la que más discriminación padece. Amnistía Internacional le ha pedido a la Presidencia española que, con motivo de la II Cumbre Europea sobre los Roma que se celebra del 8 y 9 de abril en Córdoba, adopte una declaración final que condene expresamente los ataques racistas que los gitanos sufren frecuentemente.
Además, los Estados miembros se deben comprometer a adoptar medidas para luchar contra la discriminación en ámbitos concretos como el acceso a la salud, la educación y la vivienda. Aunque la UE ha adoptado en los últimos años posicionamientos de condena a los ataques racistas y trato discriminatorio que sufre la comunidad gitana en los Estados miembros, es urgente dar un paso más firme. La Presidencia española puede hacerlo si promueve entre los 27 la elaboración de una “Estrategia Política Europea de Inclusión de los Romaníes”.
Como ejemplo de esta discriminación en el acceso al derecho a la educación, están la República Checa, Eslovenia y Eslovaquia. La marginación de los gitanos se ha perpetuado mediante su segregación en el sistema educativo de estos países, donde los niños y niñas gitanos son sistemáticamente separados de los demás y enviados a escuelas especiales para niños con discapacidad mental. Según el European Roma Rights Centre y la Roma Education Fund el 80% de los alumnos de las escuelas especiales para niños con discapacidad de la República Checa son gitanos, cuando éstos no padecen ninguna discapacidad mental.
Otro claro ejemplo es el de Italia, donde el Plan de Vivienda presentado en julio de 2009 por las autoridades prevé la destrucción de más de 100 asentamientos gitanos en Roma y la reubicación de unas 6.000 personas en 13 campamentos nuevos o ampliados que se ubican a las afueras de la capital italiana. Se calcula que la ejecución de este plan pueda dejar sin hogar a más de 1.000 personas de esta etnia.
Asimismo, Amnistía Internacional ha instado a la Presidencia española a promover acciones por el caso de Erzsébet Fodor y su familia, personas de etnia gitana que junto a 70 miembros más de su comunidad fueron desalojados por la fuerza en Rumanía en 2004 y todavía viven junto a una planta de filtrado de aguas residuales sin las condiciones de habitabilidad adecuadas.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN
Amnistía Internacional ha reiterado su profunda preocupación por la asociación directa entre inmigración y seguridad que muestran muchas medidas y políticas de los Estados miembros, y de la UE, en la elaboración de su política común de inmigración y asilo. Del mismo modo, la organización ha denunciado los controles de identidad policial con sesgo racial que en los últimos años parecen haberse convertido en una práctica habitual en algunos países.
En España, Amnistía Internacional ha lamentado la reciente adopción de instrucciones a la Policía y Guardia Civil que favorecen la discriminación de las personas, especialmente de un colectivo especialmente vulnerable a sufrir abusos como el de los inmigrantes en situación administrativa irregular. Los controles de identidad a personas extranjeras por su apariencia física o la detención por hechos como no tener la documentación en regla han aumentado el clima de criminalización de la población inmigrante.
En Francia, por ejemplo, la conducta indebida por parte de la policía, incluidos los malos tratos, se produce básicamente en relación con personas a las que se percibe como extranjeras, y con la percepción de que pueden entrañar un riesgo mayor para la seguridad, o tener mas probabilidades de cometer delito. La discriminación también puede reforzar la impunidad para los agentes de policía responsables de infligir malos tratos a esas personas.
Por otro lado, los solicitantes de asilo y los trabajadores y trabajadoras inmigrantes han sido uno de los colectivos más castigados por estas actitudes xenófobas y racistas; máxime en un contexto de crisis económica. Con el fin de controlar y frenar la llegada de inmigrantes en situación administrativa irregular, y en muchos casos solicitantes de asilo, se han introducido en Europa una serie de medidas que a menudo han dado lugar a graves violaciones de sus derechos humanos. Periodos prolongados de detención de los inmigrantes y, además, en instalaciones inadecuadas hasta que se tramita su expulsión; garantías considerablemente mermadas en el procedimiento de solicitud de asilo; o incumplimiento del principio de no-devolución cuando la persona, de ser devuelta, pueda sufrir torturas o malos tratos, entre otras violaciones a sus derechos.
Amnistía Internacional ha aprovechado el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, para denunciar que en Europa millones de personas siguen sufriendo marginación por motivos de origen étnico, así como por su identidad sexual o de género, creencias religiosas, situación de discapacidad o por edad.
Con este objetivo, la organización ha realizado un acto simbólico en la Puerta del Sol de Madrid, que repetirá en al menos otras 15 localidades como Cáceres, Sevilla, Alicante, Palencia, La Palma o Barcelona, entre otras, durante próximas fechas. La organización también invita a firmar una ciberacción contra la discriminación accesible en www.actuaconamnistia.org y en su página de Facebook.“Hay millones de personas en Europa que continúan siendo víctimas de exclusión y pobreza, entre otros abusos de derechos humanos, a causa de su origen étnico como ocurre con la comunidad gitana; por su orientación sexual, como los homosexuales, los bisexuales, las lesbianas y las personas transgénero; y por motivos religiosos, como los musulmanes y judíos; entre otros colectivos. Contribuir a silenciar la discriminación con medidas políticas escasas o ineficaces, es algo que no se puede permitir la UE”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Según el Eurobarómetro de 2008, el 62% por ciento de los europeos opina que la discriminación motivada por el origen étnico es generalizada; el 51% cree que es generalizada la discriminación motivada por la orientación sexual, el 45% opina que lo es la motivada por una discapacidad, el 42% por la religión y el 36% por el género.
“No podemos olvidar que el principio de igualdad es uno de los valores constitutivos de la UE y señal de identidad en sus relaciones con otros Estados. Además, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los derechos humanos cobran una posición más fuerte en la UE que exige ya, con urgencia, medidas concretas para luchar contra la discriminación en todas sus formas”, continúa Beltrán.
Según un informe elaborado por AI, con 12 millones de personas, la población gitana constituye la principal minoría de la Unión Europea y también la que más discriminación padece. Amnistía Internacional le ha pedido a la Presidencia española que, con motivo de la II Cumbre Europea sobre los Roma que se celebra del 8 y 9 de abril en Córdoba, adopte una declaración final que condene expresamente los ataques racistas que los gitanos sufren frecuentemente.
Además, los Estados miembros se deben comprometer a adoptar medidas para luchar contra la discriminación en ámbitos concretos como el acceso a la salud, la educación y la vivienda. Aunque la UE ha adoptado en los últimos años posicionamientos de condena a los ataques racistas y trato discriminatorio que sufre la comunidad gitana en los Estados miembros, es urgente dar un paso más firme. La Presidencia española puede hacerlo si promueve entre los 27 la elaboración de una “Estrategia Política Europea de Inclusión de los Romaníes”.
Como ejemplo de esta discriminación en el acceso al derecho a la educación, están la República Checa, Eslovenia y Eslovaquia. La marginación de los gitanos se ha perpetuado mediante su segregación en el sistema educativo de estos países, donde los niños y niñas gitanos son sistemáticamente separados de los demás y enviados a escuelas especiales para niños con discapacidad mental. Según el European Roma Rights Centre y la Roma Education Fund el 80% de los alumnos de las escuelas especiales para niños con discapacidad de la República Checa son gitanos, cuando éstos no padecen ninguna discapacidad mental.
Otro claro ejemplo es el de Italia, donde el Plan de Vivienda presentado en julio de 2009 por las autoridades prevé la destrucción de más de 100 asentamientos gitanos en Roma y la reubicación de unas 6.000 personas en 13 campamentos nuevos o ampliados que se ubican a las afueras de la capital italiana. Se calcula que la ejecución de este plan pueda dejar sin hogar a más de 1.000 personas de esta etnia.
Asimismo, Amnistía Internacional ha instado a la Presidencia española a promover acciones por el caso de Erzsébet Fodor y su familia, personas de etnia gitana que junto a 70 miembros más de su comunidad fueron desalojados por la fuerza en Rumanía en 2004 y todavía viven junto a una planta de filtrado de aguas residuales sin las condiciones de habitabilidad adecuadas.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN
Amnistía Internacional ha reiterado su profunda preocupación por la asociación directa entre inmigración y seguridad que muestran muchas medidas y políticas de los Estados miembros, y de la UE, en la elaboración de su política común de inmigración y asilo. Del mismo modo, la organización ha denunciado los controles de identidad policial con sesgo racial que en los últimos años parecen haberse convertido en una práctica habitual en algunos países.
En España, Amnistía Internacional ha lamentado la reciente adopción de instrucciones a la Policía y Guardia Civil que favorecen la discriminación de las personas, especialmente de un colectivo especialmente vulnerable a sufrir abusos como el de los inmigrantes en situación administrativa irregular. Los controles de identidad a personas extranjeras por su apariencia física o la detención por hechos como no tener la documentación en regla han aumentado el clima de criminalización de la población inmigrante.
En Francia, por ejemplo, la conducta indebida por parte de la policía, incluidos los malos tratos, se produce básicamente en relación con personas a las que se percibe como extranjeras, y con la percepción de que pueden entrañar un riesgo mayor para la seguridad, o tener mas probabilidades de cometer delito. La discriminación también puede reforzar la impunidad para los agentes de policía responsables de infligir malos tratos a esas personas.
Por otro lado, los solicitantes de asilo y los trabajadores y trabajadoras inmigrantes han sido uno de los colectivos más castigados por estas actitudes xenófobas y racistas; máxime en un contexto de crisis económica. Con el fin de controlar y frenar la llegada de inmigrantes en situación administrativa irregular, y en muchos casos solicitantes de asilo, se han introducido en Europa una serie de medidas que a menudo han dado lugar a graves violaciones de sus derechos humanos. Periodos prolongados de detención de los inmigrantes y, además, en instalaciones inadecuadas hasta que se tramita su expulsión; garantías considerablemente mermadas en el procedimiento de solicitud de asilo; o incumplimiento del principio de no-devolución cuando la persona, de ser devuelta, pueda sufrir torturas o malos tratos, entre otras violaciones a sus derechos.
