nuevatribuna.es
22 de noviembre de 2010, 5:15
NUEVATRIBUNA.ES 19.11.2010
¿Quién es el autor del delito?, esa es la pregunta que hay que responder en el debate surgido en torno a las opiniones anónimas publicadas en los foros de Internet. La Fiscalía de Toledo ha decidido actuar contra el portal Periodista digital por publicar comentarios insultantes contra la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez García, después de que hace tres meses el propio Ejecutivo enviara un burofax al medio para que retirara de inmediato cualquier tipo de “contenido injurioso e incitador de la violencia”. En septiembre, cuando la Fiscalía abrió diligencias, todavía figuraban los insultos.
Existen algunos antecedentes en los que la justicia ha actuado en este tipo de casos. El cantante Ramoncín ganó en 2007 una demanda contra una página que publicó insultos hacia él de un anónimo que le llamaba “pedante, creído, farandulero, mal politiquillo, mal presentador de programas, chupacámaras, hipócrita”. El juez entendió que los responsables de la web habían incumplido su deber de retirar a tiempo dichas difamaciones.
Internet es un maremagno de foros donde todo el que quiera puede verter una opinión sin necesidad de identificarse. En ocasiones, el usuario no está ni siquiera obligado a aportar un correo electrónico real sino que éste puede ser también falso. A diferencia de lo que ocurre en la prensa tradicional donde las ‘cartas al director’ sólo se publican si se identifica con nombres y apellidos, e incluso con DNI, la persona que la escribe, en la Red no hay normas estrictas al respecto dejándose al albedrío de los ‘administradores’ el que se acepte o se deniegue un comentario.
Los límites a la libertad de expresión ya están estipulados por ley, es decir todo aquello que suponga un ataque a la dignidad y a los derechos de las personas, así que pueden ser perseguidos siempre y cuándo se sepa quién el autor de los mismos. Seguir el rastro a través de la IP tampoco es una solución factible ya que hoy en día las IP son dinámicas, es decir, que un usuario se puede conectar en un momento dado con una IP y al día siguiente con otra. En el caso de los foros online, ante la imposibilidad de identificar al supuesto culpable, deberá ser el titular o titulares de la web los que en última instancia respondan ante la justicia como es el caso que nos ocupa respecto a Periodista digital, además con el agravante de que ya se le solicitó retirar los insultos y siguió sin hacer nada al respecto.
Aunque el tema es complejo dado el limbo jurídico que supone Internet resulta obligado apelar a la responsabilidad ética de los titulares de cada web. En sus manos sí está la posibilidad de censurar ciertos comentarios que puedan incurrir en un delito de injurias o difamación. La única manera de garantizar esto es a través de los administradores de foros. En este sentido, existen dos fórmulas, que la persona que mete un comentario se someta obligadamente a un ‘filtro’ (su opinión no se publicará hasta que el moderar del foro dé el ok); o que se publique directamente pero el moderador pueda retirarlo inmediatamente si así lo cree necesario.
En suma, sí se pueden controlar las opiniones vertidas en la red, todo depende del sistema que se elija y de los recursos que se destinen al mismo. Lo que parece evidente es que en Periodista digital, no hubo nunca moderador alguno y si lo hubo, tendrá que ser él, con nombre y apellidos quien responda ante la justicia.
¿Quién es el autor del delito?, esa es la pregunta que hay que responder en el debate surgido en torno a las opiniones anónimas publicadas en los foros de Internet. La Fiscalía de Toledo ha decidido actuar contra el portal Periodista digital por publicar comentarios insultantes contra la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez García, después de que hace tres meses el propio Ejecutivo enviara un burofax al medio para que retirara de inmediato cualquier tipo de “contenido injurioso e incitador de la violencia”. En septiembre, cuando la Fiscalía abrió diligencias, todavía figuraban los insultos.
Existen algunos antecedentes en los que la justicia ha actuado en este tipo de casos. El cantante Ramoncín ganó en 2007 una demanda contra una página que publicó insultos hacia él de un anónimo que le llamaba “pedante, creído, farandulero, mal politiquillo, mal presentador de programas, chupacámaras, hipócrita”. El juez entendió que los responsables de la web habían incumplido su deber de retirar a tiempo dichas difamaciones.
Internet es un maremagno de foros donde todo el que quiera puede verter una opinión sin necesidad de identificarse. En ocasiones, el usuario no está ni siquiera obligado a aportar un correo electrónico real sino que éste puede ser también falso. A diferencia de lo que ocurre en la prensa tradicional donde las ‘cartas al director’ sólo se publican si se identifica con nombres y apellidos, e incluso con DNI, la persona que la escribe, en la Red no hay normas estrictas al respecto dejándose al albedrío de los ‘administradores’ el que se acepte o se deniegue un comentario.
Los límites a la libertad de expresión ya están estipulados por ley, es decir todo aquello que suponga un ataque a la dignidad y a los derechos de las personas, así que pueden ser perseguidos siempre y cuándo se sepa quién el autor de los mismos. Seguir el rastro a través de la IP tampoco es una solución factible ya que hoy en día las IP son dinámicas, es decir, que un usuario se puede conectar en un momento dado con una IP y al día siguiente con otra. En el caso de los foros online, ante la imposibilidad de identificar al supuesto culpable, deberá ser el titular o titulares de la web los que en última instancia respondan ante la justicia como es el caso que nos ocupa respecto a Periodista digital, además con el agravante de que ya se le solicitó retirar los insultos y siguió sin hacer nada al respecto.
Aunque el tema es complejo dado el limbo jurídico que supone Internet resulta obligado apelar a la responsabilidad ética de los titulares de cada web. En sus manos sí está la posibilidad de censurar ciertos comentarios que puedan incurrir en un delito de injurias o difamación. La única manera de garantizar esto es a través de los administradores de foros. En este sentido, existen dos fórmulas, que la persona que mete un comentario se someta obligadamente a un ‘filtro’ (su opinión no se publicará hasta que el moderar del foro dé el ok); o que se publique directamente pero el moderador pueda retirarlo inmediatamente si así lo cree necesario.
En suma, sí se pueden controlar las opiniones vertidas en la red, todo depende del sistema que se elija y de los recursos que se destinen al mismo. Lo que parece evidente es que en Periodista digital, no hubo nunca moderador alguno y si lo hubo, tendrá que ser él, con nombre y apellidos quien responda ante la justicia.
