sábado 04.04.2020
ESPAÑA NO ATIENDE LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU

Los españoles podrán denunciar ante la ONU la violación de derechos económicos y sociales

La entrada en vigor del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) posibilita a cualquier persona o grupo, que alegue violaciones en dichos derechos y que haya agotado todas las vías jurídicas de sus propios países, a presentar sus casos ante el Comité de Naciones Unidas.

En el ámbito de la sanidad, se recomendaba garantizar el acceso a los servicios de salud a todas las personas, independientemente de su situación administrativa

España es uno de los diez países que ha ratificado este instrumento de Derecho Internacional Público que le obliga a responder, ante la comunidad internacional, por denuncias relativas a presuntas violaciones de los DESC que se hayan producido en su territorio y que sean admitidas a trámite por el Comité de DESC de la ONU. Esta obligación se añade a la ya existente de presentar un informe periódico universal cada cinco años.

Este Protocolo fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 y ratificado por España el 9 de julio de 2010.

En el Protocolo se establecen tres tipos de procedimientos: de comunicaciones, de comunicaciones entre estados y de investigación.

El procedimiento de comunicaciones permite a cualquier persona, que esté bajo la jurisdicción de un estado parte y alegue ser víctima de una violación, denunciar a dicho estado por la vulneración de cualquiera de los DESC enunciados en el Pacto siempre que cumpla determinados requisitos.

El procedimiento de comunicaciones entre estados posibilita que un Estado parte pueda denunciar a otro por considerar que no cumple las obligaciones dimanantes del Pacto

En lo relativo al derecho a la vivienda, se recomendaba impulsar una reforma legislativa que facilitara la dación en pago

El procedimiento de investigación, de carácter confidencial, permite al Comité investigar acerca de presuntas violaciones continuadas y graves de los DESC en el territorio de cualquier estado firmante, basándose  en fuentes fidedignas y siempre con el consentimiento del Estado.

La entrada en vigor de este Protocolo adquiere mayor relevancia en el momento presente por los recortes en políticas sociales que el Gobierno español está aplicando y que amenazan, gravemente, el ejercicio de derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda o la protección social.

El Gobierno español no atiende las recomendaciones de la ONU

En el ámbito del derecho al trabajo, se pedía evitar cualquier retroceso en el derecho al empleo

Tras la presentación por parte de España del V Informe Periódico Universal, el Comité de DESC de las Naciones Unidas mostró su preocupación ante la situación de deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, y recomendó una serie de medidas que permitieran reconducir la situación hacia una mayor protección de los mismos. Sin embargo, el Gobierno español, transcurrido ya un año, no ha atendido ninguna de ellas.

Así, en lo relativo al derecho a la vivienda, se recomendaba impulsar una reforma legislativa que facilitara la dación en pago; en el ámbito del derecho al trabajo, se pedía evitar cualquier retroceso en el derecho al empleo; en el terreno de la educación se indicaba que se priorizasen a los grupos más desfavorecidos en el acceso a la misma y en el ámbito de la sanidad, se recomendaba garantizar el acceso a los servicios de salud a todas las personas, independientemente de su situación administrativa.

El Estado español tampoco ha atendido la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de que España diera la mayor difusión posible a las observaciones realizadas.

Los españoles podrán denunciar ante la ONU la violación de derechos económicos y sociales
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