miércoles 20/1/21
EDUCACIÓN PÚBLICA

Comunicación, educación, Iglesia católica y “fake news”

El peligro real al que se enfrenta la educación viene de la mano de los que llevan décadas haciendo negocio con ella.
Foto: EFE
Foto: EFE

La información sesgada, la manipulación informativa disfrazada de imparcialidad y objetividad es una de las amenazas a las que se enfrenta la sociedad actual; si a ello le añadimos la impunidad de los que utilizan las redes sociales para difundir bulos y mentiras, aumentando el impacto de la falsedad, el desconcierto está servido. Ahora más que nunca la ciudadanía debería echar mano del pensamiento crítico, capacidad que nos permite analizar y evaluar la información que nos llega y que nos ayuda a eliminar el sesgo que la contamina y a buscar la veracidad que esconde; en definitiva a comprobar y contrastar datos.

Las relaciones entre la comunicación y la educación son estrechas, podríamos definir a los educadores como seres de comunicación. Un educador está continuamente interactuando con los otros en una de las profesiones más ligadas a lo comunicacional. Si consideramos la comunicación como un ejercicio de la calidad de ser humano, como expresión, interacción, relación, afirmación del propio ser, apertura al mundo… estamos en realidad representando la máxima aspiración de la labor educativa. La comunicación es un continuum que se define como proceso y como relación humana: proceso según el cual un emisor transmite una información a un receptor y relación humana según la cual dos o más individuos logran entenderse, en un acto de concienciación, de intercambio, de relación entre iguales. La comunicación tiene que incitar a la reflexión. Pero no siempre es así, la manipulación utiliza técnicas, con frecuencia ocultas, para convencer y someter al receptor. Roberto Aparici, experto en pedagogía de la comunicación asegura que “El poder ha disfrazado, metamorfoseado, travestizado el significado de esta palabra y aunque pueda ser utilizada como sinónimo de dar a conocer, informar o transmitir su significado es diferente”.

Ante el aluvión de fake news que intentan colarnos como verdades, se convierte en una necesidad ineludible contrastar la información y discernir las intenciones que se ocultan tras algunos titulares, evaluar los argumentos, en definitiva utilizar la capacidad de reflexión que caracteriza a los seres humanos. Un claro ejemplo de esta manipulación lo estamos viendo en la lucha encarnizada desatada en contra de la reforma educativa. Se puede estar a favor de la misma, se puede estar en contra, se puede considerar que algunos puntos adolecen de concreción, se puede pensar lo que cada cual estime y crea conveniente, pero no se puede mentir; es intolerable la sarta de barbaridades y falsedades difundidas por quienes pretenden mantener el control de la Iglesia, un negocio que llena sus arcas con casi cinco mil millones de euros al año.

La Lomloe, conocida como “ley Celaá”, está precedida por diferentes leyes educativas, sujetas todas ellas a la ideología del partido que gobernaba en el momento de su promulgación:

  • Ley orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE). (1980)
  • Ley Orgánica reguladora del derecho a la Educación (LODE). (1985)
  • Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). (1990)
  • Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG)
  • Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). (2002)
  • Ley Orgánica de Educación (LOE) (2006)

En 1985, dentro del marco de la LODE y con la loable intención de racionalizar las subvenciones que recibían los colegios privados y de universalizar la educación pública, no había fondos y la escasez de plazas era un problema acuciante, el gobierno que presidía Felipe González optó por la concertación como mal menor. Treinta y cinco años después somos el país europeo con más centros concertados. La escuela concertada que nació como medida complementaria y de apoyo a la insuficiente red pública, aumentó el poder del sector religioso en la enseñanza, el 63% de los centros concertados pertenecen a la Iglesia Católica. Uno de cada cinco alumnos de las etapas no universitarias está matriculado en un colegio católico concertado. Es la iglesia la más interesada en defender sus actuales privilegios con el fin de mantener el negocio de la enseñanza que tan pingües beneficios le reporta.

La nueva reforma educativa apuesta por la defensa de la educación pública, por la vuelta a las condiciones anteriores a las concesiones partidistas de Wert y porque los centros que reciban fondos públicos cumplan la ley; algo a lo que tanto la Iglesia Católica como la derecha se oponen. En los años 2018 la Agencia EFE publicaba que en 87 centros concertados, vinculados a la Iglesia Católica se ofertaba segregación por sexos, segregación que contó con la defensa del exministro popular José Ignacio Wert, promotor de la conocida como “ley Wert”.

En líneas generales la conocida como “ley Celaá”, que obtuvo en el Parlamento un respaldo mayoritario, tiene entre sus objetivos:

  • Que se mejore el sistema de admisión de la escuela concertada
  • Que se de prioridad a los centros que defiendan el principio de coeducación
  • Que se eliminen los nefastos itinerarios educativos; todos los alumnos de la ESO, con independencia de la opción curricular que elijan podrán acceder a la misma titulación
  • Que los alumnos repetidores cuenten con un plan personalizado
  • Que la Religión deje de estar considerada como materia específica en 1º y 2º de Bachillerato y que su nota no se tenga en cuenta en los procesos de acceso universitario o de solicitud de becas
  • Que los alumnos de Primaria y Secundaria puedan acceder a la enseñanza no confesional de cultura de las religiones y reciban formación en Valores Cívicos y Éticos
  • Que la Educación en valores cívicos y éticos sea obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro curso de secundaria
  • Que los centros que reciben fondos públicos, de forma parcial o total, no puedan separar al alumnado por su género
  • Que en lo relativo a la Educación Especial, los centros de carácter ordinario tengan un plazo de diez años para alcanzar los recursos necesarios que les permitan atender al alumnado con discapacidad y que los centros de Educación Especial que atienden a alumnos que necesitan una atención más especializada cuenten con el apoyo de las administraciones.
  • Que los consejos escolares recuperen sus competencias en los centros concertados y puedan reincorporar a un representante del Ayuntamiento
  • Que los resultados de las evaluaciones de los alumnos no tengan validez para el ranking de centros
  • Que la educación primaria se vuelva a evaluar cada dos cursos, es decir tres ciclos de dos años cada uno, desde los seis hasta los once años
  • Que las administraciones garanticen el derecho a recibir la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales
  • Que el contenido básico del currículo fijado por el Ministerio de Educación no supere el 50 % del horario lectivo para las comunidades con lengua cooficial ni el 60 % para las restantes comunidades.
  • Que la denominada “demanda social”, que era la llave para abrir nuevos centros concertados o aumentar las plazas de los ya existentes, no sea un criterio válido
  • Que se garantice un número suficiente de plazas públicas

Estos son los objetivos contra los que tanto la Iglesia Católica como la derecha se rebelan. Casado, quien por cierto cada día se parece un poco más a su mentor Aznar, amenaza con “blindar” la educación concertada y la educación especial en las comunidades en las que gobierna el PP obviando que el peligro real al que se enfrenta la educación viene de la mano de los que llevan décadas haciendo negocio con ella.

Comunicación, educación, Iglesia católica y “fake news”
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