jueves 9/12/21

La LOMCE no es la solución

Por Jesús Parra Montero | La LOMCE no es la respuesta que necesita la Educación de los ciudadanos españoles para los próximos años de este siglo XXI.

La LOMCE no es la respuesta que necesita la Educación de los ciudadanos españoles para los próximos años de este siglo XXI

Es creciente la consideración de la educación como un sector estratégico de la sociedad y como motor de los cambios que ésta necesita. Ya Platón aconsejaba a sus alumnos: "Lo que quieras para la ciudad ponlo en la escuela". Desde entonces, la historia ha venido demostrando que, desafortunadamente, el mero hecho de vivir en sistemas políticos y sociales democráticos o el establecimiento de declaraciones y compromisos universales sobre los derechos de los hombres, son condiciones necesarias pero no suficientes para asegurar la pervivencia de los valores en ellos establecidos. Para que estos valores pervivan es imprescindible el papel que desempeña la educación desde las edades más tempranas de la vida. De hecho, un supuesto básico de la actividad educativa es que, si se educa bien, es posible contribuir a la calidad y la madurez humana de las nuevas generaciones.

"Educación" o "educar" son términos problemáticos. Ambos aluden a una parte del proceso de socialización, a una actividad que en ningún caso puede considerarse neutra, puesto que presupone el intento de acomodar (o conformar) a los individuos a los valores predominantes de su sociedad. El alumno va descubriendo quién es a medida que va aprendiendo qué es y cómo es la sociedad a la que pertenece; va extrayendo de la sociedad en la que vive sus intereses vocacionales, sus roles, su cosmovisión y hasta su identidad; pero difícilmente podrá ilusionarse (motivarse) por intereses culturales si no vive en un medio cultural aceptable o su entorno es culturalmente pobre. Es este un reto a la equidad y la igualdad social de oportunidades del nuevo sistema educativo. Nadie desconoce los enormes esfuerzos que, a igualdad de capacidades, tiene que hacer un alumno de extracción culturalmente pobre para alcanzar el mismo listón que otro que se desarrolla en un medio culturalmente rico. El medio social condiciona no solo las potencias cognoscitivas, sino también las conductas y comportamientos.

Desde Piaget, en sus estudios sobre la infancia, sabemos que los principios o valores básicos que cada sociedad atesora en su decurso histórico se asimilan desde la edad infantil. La educación juega un papel transcendental en la transmisión de estos valores o pautas sociales, que van a configurar al propio alumno (futuro ciudadano) y su quehacer en el mundo.

Educar no es una actividad neutra. Se plantea como un acto consciente en el que tenemos que saber qué modelo de sociedad y de ser humano queremos. Hay que trabajar por un proceso educativo que no se limite ni circunscriba al entorno geográfico local. El aprendizaje excesivo en el conocimiento de lo concreto puede conducir peligrosamente a un reduccionismo de metas y miras no sólo geográficas sino sociales.

Sin embargo, a pesar del optimismo pedagógico que deriva de estos planteamientos, parece evidente que existe una importante crisis de confianza en la mayoría de los españoles con respecto a los resultados de la educación que se imparte en nuestro país, posiblemente derivada de las desmesuradas expectativas depositadas en ella. Esto es hoy más preocupante al constatar la imposibilidad de llegar a acuerdos sólidos y duraderos durante las legislaturas democráticas en la aprobación de las distintas leyes educativas y de que el desarrollo de nuestro sistema educativo en las próximas décadas no será sólo resultado de las decisiones de los partidos políticos, sino de la intervención de un gran número de actores sociales como son: profesores, alumnos, familias, empresas, medios de comunicación, sindicatos, organizaciones sociales diversas, etc. Por ello, la pretendida mejora de la calidad educativa por el ministro Wert y su errática LOMCE no tendrá éxito al no haber logrado ese amplio apoyo social en la aprobación de la ley. Sobre todo, si el reto de implicar a los jóvenes como ciudadanos responsables no se ha abordado en el marco de un proyecto del que ellos se hayan sentido parte integrante y que responda a sus intereses; este objetivo no lo ha conseguido el ministro Wert; es más, ni siquiera lo ha pretendido.

Desde hace casi 20 años la UNESCO lleva insistiendo en que el papel de los políticos en la educación de un país debe ser el de favorecer el diálogo social para así poder alcanzar el consenso democrático, que es la mejor forma de poner en práctica las estrategias de reforma; y que las políticas educativas deben ser a largo plazo. Pero en España hay políticos a los que les da igual lo que digan los organismos o los expertos internacionales, excepto cuando les conviene. En la aprobación de la LOMCE la política educativa ha estado ausente de consensos políticos o sociales; da la impresión de que la política educativa en España se hace pensando en intereses de partido y no en interés de los ciudadanos. Cuando se aprueban reformas educativas, como la LOMCE sin otro apoyo que el del partido que ostenta la mayoría absoluta, es imposible lograr la paz en educación y, lo que es peor, que nuestros alumnos consigan una educación de calidad que los prepare para ese futuro que se merecen.

En estos últimos años hay numerosos signos que anuncian la gestación de una nueva sociedad: la mundialización de los problemas, el aumento de las migraciones y, por tanto, de la diversidad cultural en un mismo ámbito nacional, las crecientes interrelaciones entre los factores sociales, económicos, científicos y tecnológicos o los nuevos movimientos sociales de ciudadanos que se agrupan en ese indefinido y numeroso colectivo que llamamos “indignados”. Estamos alumbrando una sociedad, en suma, en perpetua renovación, caracterizada por la diversidad, penetrada de información, conocimiento y redes sociales, abrumada por una crisis global y por situaciones de pobreza y de guerra en la que viven muchas regiones del mundo, incrementada, además, por la explosión demográfica, por el deterioro del medio ambiente o por la reaparición preocupante de movimientos de racismo, xenofobia y fanatismo.

Todo parece indicar que, al afrontar los desafíos que nos plantea la educación de los ciudadanos del futuro, debemos partir de la consideración de tres factores condicionantes de la acción: a) las influencias del contexto internacional, b) las demandas de las sociedades nacionales y c) las posibilidades de transformación de esas sociedades.

Todas las sociedades, avanzadas o en vías de desarrollo, se interrogan sobre las deficiencias de su sistema educativo. Unas, tratando de conseguir extender la oferta educativa a todos sus ciudadanos, y otras, las que han resuelto ya este problema, focalizando sus preocupaciones en un enigma: la calidad de la educación. Enigma por la gran cantidad de frentes que abre su planteamiento: calidad, ¿para quién?, ¿para qué?...

Desde una perspectiva mundial, el objetivo de extender la educación a todos los ciudadanos es aún un sueño; sueño que sólo se conseguirá si vinculamos íntima y solidariamente la superación de esta situación a la cooperación internacional. La comunidad de países con más recursos debe establecer nuevos y decididos compromisos de cooperación con aquellos países cuya difícil situación económica les impide atender como quisieran las necesidades educativas de sus ciudadanos, especialmente de aquellos que, históricamente, sufren en mayor medida los rigores de la pobreza de recursos: los niños, las mujeres y los discapacitados.

Mientras tanto, en aquellos países en los que hemos logrado escolarizar a todos nuestros ciudadanos, la sociedad manifiesta dudas acerca de la pertinencia y utilidad de la educación que se ofrece, acusándose a veces una excesiva distancia entre la vida y la escuela. Los avances científicos y técnicos, las transformaciones de las formas de vida y de las estructuras productivas, el desempleo, la diversidad cultural provocada por las migraciones, o el innegable y creciente papel de los medios de comunicación en la educación de los ciudadanos, dan lugar a una gran tensión entre la dinámica actual de los sistemas educativos y la evolución posible de la sociedad. Esta nueva sociedad demanda un sistema educativo abierto y plural en sus estructuras, sus contenidos y sus participantes; capaz de interesar a los jóvenes y susceptible de adaptarse a las nuevas demandas. En suma, una formación general y permanente adecuadas a las nuevas necesidades vitales y, muy especialmente, una formación profesional que capacite realmente para las nuevas y cambiantes demandas del mercado de trabajo. La diversidad, la complejidad y la incertidumbre parecen ser situaciones a las que deberán seguir enfrentándose los jóvenes en las próximas décadas y el sistema educativo debe empeñarse en ayudarles a desarrollar las capacidades necesarias para afrontar esas situaciones con éxito.

Para conseguirlo, el sistema educativo tiene dos misiones fundamentales: la transmisión de la cultura y la transmisión de valores, como parte esencial de ella.

Con respecto a la primera, estamos obligados a mantener un difícil equilibrio entre los deseos de transmitir a las próximas generaciones el inmenso caudal de conocimientos desarrollado por las generaciones precedentes y la necesidad de que los alumnos y alumnas desarrollen unas capacidades imprescindibles para la vida en la sociedad que ya se vislumbra, con más claridad, desde estos tiempos de crisis e incertidumbre. Los avances tecnológicos y el fortalecimiento de la democracia política exigen un comportamiento ciudadano que se basa en el desarrollo de ciertas capacidades fundamentales que, quizá por centrarse en otras necesidades, los sistemas educativos anteriores no habían promovido suficientemente ni la desafortunada LOMCE puede promover. Me refiero a la capacidad para interpretar distintos lenguajes y tipos de información, para resolver problemas con iniciativa propia y espíritu emprendedor, para aprender a aprender, para trabajar en equipo, para abordar la complejidad, para adaptarse continuamente a una sociedad en cambio, o para convivir con personas de distinta procedencia, entre otras. Para alcanzar estos objetivos la LOMCE significa un retroceso. Es poco probable que podamos gozar de un sistema educativo amante de la razón, de la argumentación y profundamente democrático cuando comprobamos que esta ley del Partido Popular no es razonable, se aprueba con un relato carente de argumentos y consensos y que su única base es una mayoría absoluta que no ha tenido ni en su elaboración ni en su aprobación apoyo alguno de la oposición parlamentaria.

Con respecto a los valores, las demandas sociales desbordan con mucho el ámbito de los contenidos que debe transmitir el sistema educativo. Como decía al principio, la existencia de sistemas democráticos que asumen y preservan los derechos humanos, con ser imprescindible, no es suficiente garantía de futuro. Es preciso formar ciudadanos que sientan pasión por la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la participación, el compromiso con la justicia, el respeto al medio ambiente y por la paz; ciudadanos que favorezcan el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la responsabilidad; ciudadanos con criterio propio, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz, honesta y responsable; ciudadanos que, junto a los conocimientos, desarrollen los valores democráticos y los procedimientos y estrategias que favorezcan en ellos la sensibilización, la toma de conciencia y la adquisición de actitudes, conductas y virtudes cívicas, comprometidos por el desarrollo de una sociedad más plena, justa, democrática y armónica posible. Para ello, sin olvidar el importante papel educador de las familias y de las instituciones, estos valores deberían impregnar el currículo y el clima de los centros educativos. Educar en el ámbito de estos valores era el objetivo de esa necesaria asignatura -suprimida sectariamente por el ministro Wert y su LOMCE- llamada “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, con la recuperación amplia de la religión y de una materia alternativa a la misma; clásicas reivindicaciones exigidas por los obispos españoles.

Asimismo, nuestro sistema educativo debería seguir incorporando a lo más profundo de sus estructuras y procedimientos, el reconocimiento de la diferencia, la lucha contra cualquier forma de exclusión de las personas y la compensación de las desigualdades, transformando la diversidad en un factor positivo de cohesión social. De lo contrario, las enormes exigencias de la sociedad que se avecina, economicista y mercantilista, pueden dejar al borde del camino a muchos niños y jóvenes.

Las demandas sociales al sistema educativo nos deben obligar a mejorar nuestra capacidad de anticipación, lo que nos permitirá frenar determinadas tendencias, e impulsar otras. Cualquier política educativa que se interese en dar respuesta a estas situaciones, debe además impulsar los esfuerzos tendentes a resolver el problema de cómo se enseñan o cómo se desarrollan esas capacidades y valores que la sociedad del futuro demanda.

Con lógica aristotélica, desde las premisas que he planteado, no cabe otra conclusión que afirmar que la LOMCE no es el modelo de educación que necesitan los ciudadanos españoles en los próximos años de este siglo XXI. Es una ley que entremezcla argumentos de carácter político, religioso, económico y educativo sin fundamentar una conexión pedagógica razonada entre los mismos. A su pretendida preocupación por la mejora de la calidad educativa se contrapone la apuesta por una norma divergente respecto a los modelos pedagógicos más avanzados y que mejores resultados obtienen en los países de nuestro entorno en las pruebas de evaluación internacionales; frente a un modelo comprensivo, la LOMCE opta por segregar de manera temprana al alumnado; sin embargo, según OCDE en su último informe, la segregación temprana eleva el fracaso escolar.

Como manifestaba la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Educación, Pedagogía y Educación Social, una ley orgánica no puede obviar el debate serio sobre los contenidos escolares y, en la LOMCE, no sólo no se ha llevado a cabo, sino que nos retrotrae a otros tiempos pasados sin ningún tipo de aclaración ni discusión pedagógica...; la LOMCE –según la Comisión- reduce la capacidad del sistema educativo para remover las desigualdades de las condiciones sociales con las que de entrada acceden los alumnos a los centros educativos. Se caracteriza afirman los Decanos- por una concepción claramente selectiva de los alumnos y pasa a identificar el rendimiento personal con el aspecto básico y fundamental de su desarrollo. La perspectiva de la compensación de las desigualdades, de “una escuela pública de todos y para todos”, de la atención a la diversidad y la inclusión educativa que ha formado parte del discurso y el pensamiento de los docentes, queda claramente en suspenso con esta ley.

Consideran que esta ley no tiene en cuenta suficientemente que la educación es un derecho y, como tal, debe de apoyar la igualdad de oportunidades, la inclusión de los más desfavorecidos, la coeducación y no la separación por sexos, la formación inicial y continua del profesorado y supone una ruptura de los principios que han permitido en los últimos treinta años avanzar en la educación. Desde un punto de vista científico, académico y social, tal planteamiento no es asumible y presenta muchos más perjuicios que hipotéticos beneficios. Instaura un modelo participativo que parece más preocupado por restringir más la actual implicación de los diferentes agentes educativos preocupados por mejorar la calidad de la enseñanza que por favorecerla.

Entre las preocupaciones que encierra esta ley no es menor la que no esté en ella la carrera de los profesionales de la educación: su selección y promoción. Tenemos que añadir que en un contexto de profundos recortes educativos (más de 6.700 millones desde 2010), buena parte de la comunidad escolar (padres, profesores y alumnos lo han ido demostrando en sus muchas manifestaciones ) percibe la propuesta como una adaptación a ese contexto, es decir, una ley para hacer una escuela pública low cost a favor de la privada y concertada que dejará en la cuneta a muchos alumnos de sectores desfavorecidos.

Son muchos los colectivos implicados en la educación que en estos meses se han ido manifestando contra esta desafortunada ley; su sola enumeración sería excesiva. Escojo entre todas las opiniones la de una experimentada autoridad que ha encabezado la plataforma “Stop Ley Wert”, promovida desde asociaciones de profesores y universitarios contra la LOMCE. Ha sido profesor, rector universitario, ministro de educación y director de la Unesco: la opinión de Federico Mayor Zaragoza. Así sintetiza su opinión: “La reforma de la LOMCE, que es un atentado contra el modelo público educativo, anuncia una serie de aspectos que son sinceramente un retroceso sobre lo logrado, que no me convence en absoluto. Aprobar leyes rodillo en democracia en materias tan importantes como la educación no es bueno para un país”.

El futuro, efectivamente, no está escrito, pero está indudablemente marcado, no sólo por los avances sociales, culturales y científicos, sino también por las incertidumbres y problemas que nos acechan. Si se diese la voluntad de diálogo y consenso y la ilusión de todas las fuerzas sociales y políticas en materia educativas se podrían alcanzar durante el siglo XXI las condiciones esperanzadoras para todos los ciudadanos, pero la propia Comisión Europea ha nos ha dado la respuesta al desautorizar y desmentir al ministro Wert en el tema de los “Erasmus”. Con este ministro cualquier intento resultará fallido.

Acabo con una reflexión con la que Rafael Argullol concluye su artículo Sin crítica no hay libertad: ¿Una séptima reforma educativa? Con esta ley lo que está en peligro es la democracia en manos de los ignorantes. Cuando no queden ciudadanos, solo habrá súbditos.

La LOMCE no es la solución