viernes. 29.03.2024

La  Fundación Alternativas presentói este miércoles el Estudio de Progreso Análisis de la legislación europea y española sobre salud sexual y reproductiva: Consecuencias de la reforma de la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por Julia Nogueira, experta en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, donde concluye que la reforma propuesta por el Ministerio de Justiciaaumentaría el número de abortos en lugar de reducirlos, como sostiene el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

  • Con la ley de plazos, el número de abortos descendió un 5% el último año.
  • La reforma llevaría a la desigualdad de acceso de las mujeres a los sistemas de salud, ya que, tal y como se ha demostrado en otros países, las mujeres habrían de viajar –y lo hacen- para abortar.
  • La ley Gallardón pone en riesgo la salud de las mujeres, que se verían abocadas a interrumpir su embarazo de manera clandestina e insegura.
  • Este cambio legislativo desembocaría en una sociedad menos desarrollada en la que no se otorgaría capacidad de las personas a decidir sobre su salud y descendencia. 

“Los países con una legislación más permisiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo contribuyen a la lucha contra los abortos clandestinos que ponen en peligro la salud de las mujeres, a la mejora de la educación en salud reproductiva que previene los embarazos no deseados y, por lo tanto, a reducir el número de abortos”, según ha explicado Julia Nogueira, autora del estudio publicado por Alternativas en su colección Estudios de Progreso.

Este informe compara y analiza las legislaciones sobre aborto en España y en los países europeos, concluyendo que las leyes más restrictivas en materia de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo suponen un impedimento a la capacidad de acceso de las mujeres a determinados servicios sanitarios, las aboca a prácticas inseguras y clandestinas que ponen en grave riesgo su salud, y además, no derivan en un descenso de las tasas de aborto.

De tal modo, la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia, de laLO 2/2010 que permite el aborto a petición de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación desembocaría, de acuerdo a la tesis defendida por los datos presentados en este estudio,en un incremento del número de abortos contradiciendo la normativa imperante en la mayoría de países de la Unión Europea, regidos por leyes de plazos.

De acuerdo al análisis de Nogueira,la actual ley de plazossigue latendencia de la mayor parte de los territorios de nuestro entornocon la salvedad de que nuestra legislación hizo efectiva mucho más tarde que en resto de la Unión, con leyes que corresponden a las décadas de los ochenta y noventa. Por esta razón, Julia Nogueira ha propuesto“abandonar el intento de reforma de la LO 2/2010 y consolidarla como un derecho, desarrollando debidamente en los currículums formativos la materia de salud sexual y reproductiva con carácter obligatorio”.La experta ha considerado fundamental acompañar estas medidas de unamejora en el acceso a métodos anticonceptivos modernos.“Conceder a las mujeres, de una vez por todas, la capacidad de decisión no solo sobre su salud, sino sobre todos los aspectos en los que históricamente”, ha sentenciado.

El estudio pone el foco en las tasas de aborto de los países europeos con unalegislación más flexible, como en el caso dePaíses Bajos, que mantiene desde hace años unosresultados inferioresa los de la mayoría de países europeos y que se caracteriza porfacilitar unos servicios de salud sexual y reproductiva efectivosy un uso y un acceso muy extendido de métodos anticonceptivos. O como en el caso deRumanía, en el que su tasa se ha vistosignificativamente reducidaa través de la actuación, por parte de las autoridades sanitarias y las organizaciones de planificación familiar, en estas materias. 

Julia Nogueira tiene asimismo en cuenta a lasmujeres que se trasladan a otro país para interrumpir su embarazo, cuantificando en la medida de lo posible el número de las que han viajado a Inglaterra y Países Bajos para hacerlo posible. “Debido a que no todas las mujeres ni familias pueden enfrentarse al gasto que suponen estos viajes, se ha realizado una aproximación de la cantidad de abortos inseguros que se realizan en países con legislaciones restrictivas, de la que se puede extraer, a través del caso de Rumanía, que un cambio normativo hacia una mayor flexibilidad implica una reducción drástica del número de muertes provocadas por abortos clandestinos”, ha subrayado Julia Nogueira.

El informe también desmiente las argumentaciones que justifican un cambio legislativo:

  • Las leyes más restrictivas no suponen una reducción del número de abortos, solo legislan contra la capacidad de decidir y fomentan la desigualdad en el acceso a la salud de las mujeres.
  • Las leyes más permisivas y consolidadas en la sociedad, incluyen medidas más eficaces en educación y métodos anticonceptivos, que ayudan a prevenir los embarazos no deseados.
  • La tasa de menores de 16 años ha descendido entre 2011 y 2012, y que estas mujeres buscan, mayoritariamente, el apoyo materno y paterno.
  • Que el aborto no es un método anticonceptivo, dadas las cifras de número de abortos por mujer.
  • Que la ley por plazos no es arbitraria.
  • El descenso de la natalidad no puede relacionarse con las interrupciones del embarazo.
  • Las mujeres de entre 15 y 19 años son las que menos abortan.
  • El 87% de las mujeres de 16 y 17 años que abortaron lo hicieron con el consentimiento de sus madres y padres.
  • El aborto no es un método anticonceptivo, la mayor parte de mujeres que han interrumpido su embarazo lo hicieron por primera vez.
  • Los plazos establecidos para poder abortar libremente en la legislación actual responden a criterios científicos y están en consonancia con los de los países europeos.
  • Identificar el descenso de la natalidad con el aborto es éticamente reprobable, cuando además responde a la situación de crisis económica en la que se encuentra el país desde 2008. 

“Desde el Gobierno, se apoyan y justifican estas políticas que prohíben el aborto mediante el argumento de ‘derecho a la vida’”, ha denunciado Julia Nogueira. Sin embargo, “según las autoridades internacionales en materia de salud, esta reforma podría suponer un perjuicio en la seguridad y bienestar de las mujeres”, ha matizado.  “Multitud de investigaciones y estudios realizados por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierten que las políticas más restrictivas provocan métodos clandestinos e inseguros de interrupción del embarazo, que ponen en peligro la salud de las mujeres, y que además, no reducen el número de abortos”, ha agregado Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas , durante la rueda de prensa de presentación del informe.

La 'ley Gallardón' fomenta el aborto