sábado 4/12/21

Las sombras que acechan a la aplicación de la Ley de Dependencia

AGNESE MARRA
CCOO presentó hoy un informe de los dos primeros años de la aplicación de la Ley. La desigualdad entre las CCAA es abismal. Madrid, Valencia y Canarias se saltan las normas a la torera. El 38% d ela población no recibe las prestaciones. El sindicato propone un nuevo modelo de financiación para amortiguar las injusticias que se han generado.
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NUEVATRIBUNA.ES - 11.10.2009

Después de dos años de la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el panorama estatal se caracteriza por su desigualdad. Hasta el momento una media de 2,7% de la población ha solicitado una prestación de dependencia, y han sido valoradas un 1,93% de las peticiones, mientras que el 38% de las personas evaluadas todavía están a la espera de recibir las prestaciones correspondientes.

El sindicato Comisiones Obreras ha querido hacer un diagnóstico de la aplicación del sistema con pocas conclusiones positivas y varios déficit. La buena noticia es la consolidación progresiva y creciente del sistema. Las cifras globales son buenas, pero cuando se analizan por comunidades autónomas comienzan los problemas.

A pesar de que la Ley de Dependencia es clara, las interpretaciones que han hecho de ella diversas comunidades son más bien perversas, saltándose a la torera más de una normativa. La primera en vulnerar las normas es la Comunidad de Madrid, seguida de Valencia y Canarias: “Es evidente que los datos generales que aportamos no se pueden percibir en estas comunidades”, dice la Secretaria Confederal de Política Social de CCOO, Rosana Costa.

LAS COMUNIDADES QUE VULNERAN LA LEY

Madrid es la comunidad que menos ha implantado el sistema, ocupando el último puesto en valoraciones. A ella le sigue Valencia y después Canarias. “No hay ninguna justificación para que estas regiones tengan un índice tan bajo de aplicación”, dice Costa. La situación es tan escandalosa que ni siquiera las estadísticas que se hacen en estas comunidades pueden llegar a ser válidas: “Es tan baja la aplicación que una valoración estadística sería un espejismo, ya que la muestra es demasiado pequeña para poder ofrecer datos fidedignos”, explica Enrique Martín Serrano, adjunto de secretaría de Seguridad Social de CCOO.

Además de no atender a las solicitudes, las tres comunidades han optado por una estrategia ilegal, la del silencio administrativo negativo (si la administración no responde a la petición en seis meses, la solicitud queda anulada). “El gabinete jurídico de CCOO asevera que el silencio administrativo negativo es un fraude jurídico”, dice Enrique Martín. Así también lo entendió el TSJM con su sentencia en la que negaba esta orden impuesta por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

Valencia, Canarias y Murcia vuelven a saltarse la Ley cuando deciden externalizar el servicio de evaluaciones a empresas privadas y no a las administraciones del estado tal y como obliga la normativa. “No se puede permitir que hagan esto, ya que los ciudadanos de estas regiones no son valorados con los mismos derechos y garantías públicas que ofrece el estado español”, explica Rosana Costa.

En lo que respecta al procedimiento administrativo para conseguir una prestación, Madrid, Valencia y Canarias, vuelven a retorcer la normativa. Lo que indica la Ley es que el procedimiento de la situación de dependencia y el reconocimiento de las prestaciones se hacen en un único acto, es decir un solo procedimiento, que no obstante requiere dos resoluciones: una primera valoración de la dependencia y una segunda de PIA (Plan Individual de Atención).

Sin embargo estas tres comunidades llevan a cabo dos procedimientos, con plazos de tiempo que se pueden extender de forma indefinida: “Nos hemos encontrado con comunidades que en tres meses habían evaluado al dependiente y ofrecido su correspondiente prestación, mientras que en otras como Madrid el plazo de espera había superado el año”, dice la secretaria confederal de Política social de CCOO. En este sentido, Enrique Martín señalaba que en Madrid llama la atención el bajo número de solicitudes: “Los madrileños están desmotivados y no confían en la administración de la comunidad, y es normal porque si alguien va cuatro veces a hacer la solicitud y nunca le responden, al final se acaba rindiendo”.

MAL USO DE LAS PRESTACIONES

El informe presentado por CCOO muestra como la mayoría de las prestaciones que se ofrecen son económicas en detrimento de las de servicios: “Es más importante apostar por las prestaciones de servicios públicos y no tanto la dotación económica”, dice Rosana Costa.

La explicación es sencilla. Cuando se ofrecen prestaciones económicas estas son financiadas en un 60% por la Administración General del Estado (AGE), mientras que las comunidades sólo financian el 20%. En el caso de las prestaciones de servicios (residencia, centros de día...) las comunidades tienen que financiar el 52%, mientras que la AGE sólo financia el 18%. “Está claro el por qué las comunidades apuestan por lo económico pero pensamos que hay que reorientar esta fórmula y ayudar más a las comunidades que apuesten por las prestaciones sociales”, argumentan desde CCOO.

En lo que respecta a la financiación, el sindicato también muestra uno de los efectos más negativos que se han producido en los dos últimos años: “Nos hemos dado cuenta que las comunidades que mejor han implantado el sistema de ayuda a la dependencia y que más esfuerzo económico han hecho, son las que menos financiación reciben. Sin embargo las que menos han implantado el sistema están siendo más beneficiadas económicamente”, explica Rosana Costa.

Esta absurda situación es una consecuencia de los indicadores que se tuvieron en cuenta cuando se hizo la planificación de la financiación: “En un primer momento se calculó la inversión en cada comunidad en función del número de personas previsto que harían la solicitud, era una cifra estimativa y no real”, señala Enrique Martín. En estos momentos ya se tienen en mano los datos de las comunidades que reciben más peticiones, por lo que CCOO también solicita que esto se tenga en cuenta y que no se permitan injusticias en el reparto de ayudas a las comunidades.

La Rioja, Navarra, Cantabria, País Vasco y Andalucía son las comunidades que mejor han implantado el sistema y que más prestaciones han ofrecido a sus solicitantes, sin embargo son las que menos financiación reciben. Mientras, Canarias, Murcia, Madrid y Valencia que están a la cola en ayudas, son las que salen mejor paradas económicamente. “Se pensaba que en Madrid o en Valencia habría muchas más peticiones de ayuda, sin embargo su mala aplicación ha hecho que sus ciudadanos no soliciten su derecho”, dicen desde CCOO.

UN MODELO DE FINANCIACIÓN MÁS JUSTO

Tras los dos primeros años de implantación del sistema (en 2015 deberían estar atendidos todos los dependientes) CCOO ha detectado errores y ahora quiere mostrar algunas de las soluciones. Un cambio en el modelo de financiación se perfila para el sindicato como la clave para evitar las injusticias y la desigualdad autonómica.

Desde CCOO proponen que se haga un fondo de excelencia de 400 millones de euros que se inviertan de forma prioritaria en la prestación de servicios a través de la mejora de la financiación de las comunidades autónomas. Los criterios de reparto deben tener en cuenta las CCAA que primen la prestación de servicios frente a la prestación económica; las que realicen inversión pública en infraestructura y creación de servicios propios; y que se valore el tipo de servicio prestado y los costes reales de los mismos.

“Una reorientación de la financiación será imprescindible para evitar las desigualdades que hay en las CCAA”, dice Enrique Martín. Mientras, Rosana Costa recuerda que la Ley de Dependencia además de cumplir una función social y responder a un derecho ciudadano, también puede servir como dinamizador de la economía y puede ayudar a la creación de empleo: “Hasta el momento la aplicación del sistema ha generado 68.000 nuevos puestos de trabajo, pero se pueden crear muchos más si las comunidades apuestan por ofrecer servicios e infraestructuras. Ahora toca cumplir ese objetivo”.

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