nuevatribuna.es
7 de julio de 2010, 5:15
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 6.7.2010
La respuesta de Esperanza Aguirre ante la pregunta de si Madrid va a cumplir la Ley del Aborto, ha sido clara: "Cómo no. Madrid cumple todas las leyes".
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se ha pronunciado en el mismo sentido tras manifestar que "es conocido el desacuerdo total y absoluto" del equipo de dirige la Comunidad de Madrid con respecto a la nueva Ley del Aborto. "Muchos de nosotros, a título personal, hemos asistido a las manifestaciones contra esta Ley que es una mala Ley porque divide a los españoles", ha añadido el consejero, quien, no obstante, ha recalcado que "la obligación" de la Comunidad de Madrid "es aplicar la Ley una vez aprobada".
También el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho que "la ley se debe cumplir", pero ha añadido una afirmación que no ha sustentado en ningún dato ni estudio científico: "La mayoría de los profesionales (en la Comunidad de Madrid), por no decir la práctica totalidad con excepciones, se niegan a hacer a abortos". Y se ha comprometido a preservar "en todo momento" el derecho de los profesionales, particularmente de los médicos y enfermeras, a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia.
Así las cosas, parece que la única comunidad del PP que sigue manteniéndese firme en su negativa a aplicar la nueva Ley del Aborto es Murcia. Su presidente, Ramón Luis Valcárcel, fue tajante este lunes cuando dijo que "no hay razones para acatar" la ley pues "todavía no está en su punto final", en referencia al recurso del PP y el Gobierno navarro ante el Tribunal Constitucional. Navarra, por su parte, optó por dejar las cosas como estaban. Como explicó la consejera de Salud, María Kutz, se garantiza el aborto en los supuestos de la ley de 1985, pero fuera de la comunidad foral.
Más tímidas se habían mostrado Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia. En Valencia, la consellera de Justicia sólo dijo que el recurso hubiera sido "una oportunidad" de dejar la ley en suspenso. En Galicia, no se dará a las mujeres la información exigida.
La respuesta de Esperanza Aguirre ante la pregunta de si Madrid va a cumplir la Ley del Aborto, ha sido clara: "Cómo no. Madrid cumple todas las leyes".
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se ha pronunciado en el mismo sentido tras manifestar que "es conocido el desacuerdo total y absoluto" del equipo de dirige la Comunidad de Madrid con respecto a la nueva Ley del Aborto. "Muchos de nosotros, a título personal, hemos asistido a las manifestaciones contra esta Ley que es una mala Ley porque divide a los españoles", ha añadido el consejero, quien, no obstante, ha recalcado que "la obligación" de la Comunidad de Madrid "es aplicar la Ley una vez aprobada".
También el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho que "la ley se debe cumplir", pero ha añadido una afirmación que no ha sustentado en ningún dato ni estudio científico: "La mayoría de los profesionales (en la Comunidad de Madrid), por no decir la práctica totalidad con excepciones, se niegan a hacer a abortos". Y se ha comprometido a preservar "en todo momento" el derecho de los profesionales, particularmente de los médicos y enfermeras, a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia.
Así las cosas, parece que la única comunidad del PP que sigue manteniéndese firme en su negativa a aplicar la nueva Ley del Aborto es Murcia. Su presidente, Ramón Luis Valcárcel, fue tajante este lunes cuando dijo que "no hay razones para acatar" la ley pues "todavía no está en su punto final", en referencia al recurso del PP y el Gobierno navarro ante el Tribunal Constitucional. Navarra, por su parte, optó por dejar las cosas como estaban. Como explicó la consejera de Salud, María Kutz, se garantiza el aborto en los supuestos de la ley de 1985, pero fuera de la comunidad foral.
Más tímidas se habían mostrado Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia. En Valencia, la consellera de Justicia sólo dijo que el recurso hubiera sido "una oportunidad" de dejar la ley en suspenso. En Galicia, no se dará a las mujeres la información exigida.
