lunes. 07.10.2024

En nuestro país, las políticas anti crisis están teñidas de un fuerte calado ideológico ultraconservador. Son medidas de recorte y privatización en servicios públicos como la privatización de la sanidad pública que pretende llevar a cabo el gobierno de la CM, que tienen efectos particulares en la salud y calidad de vida de las mujeres y aumentan la brecha de desigualdad de diversas maneras.

El desmantelamiento de los servicios públicos de cuidado a menores y dependientes, la falta de servicios de atención sociosanitaria hace recaer de nuevo a la esfera privada, bajo la responsabilidad de las mujeres las tareas de cuidado, a costa de su salud y su tiempo propio, dificultando su desarrollo personal y su participación en la vida pública

Aumenta el empobrecimiento de las mujeres al reducir el empleo en servicios públicos, un sector tradicionalmente feminizado, sin ninguna otra alternativa más que el desempleo y la precariedad. Las mujeres son siempre el grupo con mayor riesgo de pobreza a igual edad (las mayores de 65 años tienen un 30,1% de riesgo).

El adelgazamiento de los servicios de salud es un obstáculo para la detección y atención a mujeres víctima de violencia de genero.

Consideramos que la sanidad debe seguir siendo pública y universal. La exclusión del sistema sanitario de las personas en situación irregular, los recortes efectuados en el catalogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, y la introducción de copagos quiebran este principio. Perjudican en mayor medida a quienes disponen de menos recursos, especialmente a las mujeres por la desigualdad ante el empleo, salarios o pensiones.

Los derechos sexuales y reproductivos, están reconocidos por la OMS y son entendidos como parte de los derechos humanos a tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la propia sexualidad. Por ello también deben estar garantizados por el sistema sanitario.

Sin embargo, el Gobierno de España anuncia medidas en sentido contrario. No sólo la prevista reforma de la IVE. También se retiran los programas de educación para la igualdad y de educación sexual en centros escolares.

En el ámbito sanitario se contempla la no financiación de los métodos anticonceptivos y la retirada de la píldora poscoital de la lista de prescripción de la sanidad pública y su libre dispensación en las farmacias. Se excluyen de la cartera de servicios de la sanidad pública, los tratamientos de reasignación sexual. También se estudia la exclusión de mujeres lesbianas y solteras de la reproducción asistida

La propuesta de Gallardón, de modificar la ley de IVE para volver a una ley de supuestos donde según sus declaraciones estarían excluidas también las malformaciones graves, crearía un grave problema de salud para las mujeres, especialmente para las que tienen menos recursos económicos, las jóvenes o las que están en situación irregular que se verían avocada a realizar la IVE en otros países o de manera clandestina, con las posibles consecuencias para su salud.

Por ello, consideramos inaceptable cualquier retroceso en derechos en materia de salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y afirmamos que deben de formar parte de la cartera básica de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

En consecuencia es fundamental también para las mujeres defender la Sanidad pública, de calidad y universal.

La salud de las mujeres en peligro