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17 de septiembre de 2009, 11:04
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 17.9.2009
El PSOE consiguió hoy que la reforma de la Ley de Extranjería superara su primer escollo en el Congreso de los Diputados al rechazar, con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, las enmiendas de totalidad del PP, PNV y ERC-IU-ICV.
Durante su intervención en el Pleno, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo que el Ejecutivo "tiende la mano a los grupos parlamentarios para incorporar las mejoras necesarias" a la que será la cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años, y confía en que "la actitud de los grupos en la tramitación del proyecto de ley refleje que éste es un asunto de Estado".
Corbacho se refirió al "contraste" existente entre las distintas formaciones. Por un lado, lamentó la actitud del PP, "que ha apostado por la confrontación, ha renunciado a la moderación propia de un partido con vocación de Gobierno y se ha situado en posiciones extremas que sólo buscan el beneficio partidista". Además, acusó a los "populares" de "utilizar Cataluña y su Estatuto para tratar de deslegitimar la acción del Gobierno socialista" y se preguntó si ordenarán a sus gobiernos autonómicos que renuncien a reivindicar una competencia estatutaria.
Por otro, destacó la "actitud leal y constructiva de los grupos que han entendido que estamos ante una cuestión de Estado y que han sacrificado posiciones concretas en aras del consenso". Sobre el contenido de la ley, el ministro dijo que garantiza a los extranjeros el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, canaliza los flujos migratorios en función del mercado de trabajo, limita la reagrupación familiar y refuerza la lucha contra la inmigración irregular. "Pasará de ser una ley de Extranjería a ser una ley de Inmigración", apuntó.
EL PP ACUSA A ZAPATERO DE ROMPER EL ACUERDO
Por su parte, el portavoz del PP en materia de Inmigración, Rafael Hernando, expresó "la voluntad del PP de llegar a un acuerdo porque la inmigración debe ser una política de Estado", pero precisó que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que rompió en 2005, de forma "unilateral", los acuerdos con el PP en materia de inmigración.
A juicio del diputado "popular", "España no puede seguir soportando la llegada masiva de inmigrantes porque la capacidad de acogida es limitada" y lo contrario será seguir "perjudicando a los inmigrantes que ya están aquí". "España es el coladero de Europa y el paraíso de las mafias", aseveró, al tiempo que criticó que el Gobierno siga concediendo "permisos de trabajo y residencia a pesar de la crisis económica".
Para el PP, el texto tiene "importantes carencias" como no prohibir las regularizaciones masivas, no incluir el contrato de integración sobre los derechos y obligaciones de los extranjeros, y no contemplar medidas para mejorar la gestión administrativa de los asuntos relacionados con la inmigración, que ha día de hoy es "un caos". Hernando recordó que miembros del Gobierno han dicho frases como: "los inmigrantes ilegales serán expulsados", "hay que frenar la avalancha de ilegales", "España no necesita más trabajadores extranjeros", que si hubieran sido pronunciadas por miembros del PP les "hubieran crucificado".
CIU VOTA CON EL PSOE
Mientras, Carles Campuzano (CiU) agradeció la "receptividad" del Gobierno y del PSOE y reclamó para Cataluña "poderosos instrumentos" para gobernar la inmigración. Asimismo, pidió mejorar el control de los flujos migratorios y la integración de los inmigrantes.
Desde las filas del PNV, Emilio Olabarría señaló que el ministro "va tener que tender no una mano, las dos", si quiere alcanzar un acuerdo con los grupos. Olabarría criticó "la concepción parternalista del extranjero que ruzama la redacción del texto" y agregó que la norma vulnera las competencias de las comunidades autónomas.
El portavoz de ICV, Joan Herrera, dijo que el texto está "diseñado para poder llegar a un acuerdo con el PP" y añadió que lo más importante en estos momentos es garantizar la "cohesión social", algo que a su juicio se consigue otorgando el derecho al voto a todos los inmigrantes. Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardà aseguró que el documento "no está a la altura" de Gobierno de izquierdas y que "hay muchas cosas que mejorar".
CONTRA LOS 60 DÍAS DE INTERNAMIENTO
Tanto PNV como ERC e ICV criticaron la ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de estancia en los Centros de internamiento de Extranjeros y recordaron que los "sin papeles" están retenidos en estos centros únicamente por una falta administrativa. Además, coincidieron en señalar que el proyecto de ley vulnera los derechos de los inmigrantes.
Para Ana Oramas (Coalición Canaria), el texto del Gobierno "sirve de base para el debate, pero está muy lejos de tener el apoyo de esta formación por su graves lagunas", especialmente por dejar que "Canarias afronte en solitario la atención a los menores inmigrantes no acompañados". Por último, el BNG afirmó que "hay muchas cuestiones que hay que mejorar, como el tiempo de internamiento, la reagrupamiento familiar y el derecho a la educación".
El PSOE consiguió hoy que la reforma de la Ley de Extranjería superara su primer escollo en el Congreso de los Diputados al rechazar, con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, las enmiendas de totalidad del PP, PNV y ERC-IU-ICV.
Durante su intervención en el Pleno, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo que el Ejecutivo "tiende la mano a los grupos parlamentarios para incorporar las mejoras necesarias" a la que será la cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años, y confía en que "la actitud de los grupos en la tramitación del proyecto de ley refleje que éste es un asunto de Estado".
Corbacho se refirió al "contraste" existente entre las distintas formaciones. Por un lado, lamentó la actitud del PP, "que ha apostado por la confrontación, ha renunciado a la moderación propia de un partido con vocación de Gobierno y se ha situado en posiciones extremas que sólo buscan el beneficio partidista". Además, acusó a los "populares" de "utilizar Cataluña y su Estatuto para tratar de deslegitimar la acción del Gobierno socialista" y se preguntó si ordenarán a sus gobiernos autonómicos que renuncien a reivindicar una competencia estatutaria.
Por otro, destacó la "actitud leal y constructiva de los grupos que han entendido que estamos ante una cuestión de Estado y que han sacrificado posiciones concretas en aras del consenso". Sobre el contenido de la ley, el ministro dijo que garantiza a los extranjeros el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, canaliza los flujos migratorios en función del mercado de trabajo, limita la reagrupación familiar y refuerza la lucha contra la inmigración irregular. "Pasará de ser una ley de Extranjería a ser una ley de Inmigración", apuntó.
EL PP ACUSA A ZAPATERO DE ROMPER EL ACUERDO
Por su parte, el portavoz del PP en materia de Inmigración, Rafael Hernando, expresó "la voluntad del PP de llegar a un acuerdo porque la inmigración debe ser una política de Estado", pero precisó que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que rompió en 2005, de forma "unilateral", los acuerdos con el PP en materia de inmigración.
A juicio del diputado "popular", "España no puede seguir soportando la llegada masiva de inmigrantes porque la capacidad de acogida es limitada" y lo contrario será seguir "perjudicando a los inmigrantes que ya están aquí". "España es el coladero de Europa y el paraíso de las mafias", aseveró, al tiempo que criticó que el Gobierno siga concediendo "permisos de trabajo y residencia a pesar de la crisis económica".
Para el PP, el texto tiene "importantes carencias" como no prohibir las regularizaciones masivas, no incluir el contrato de integración sobre los derechos y obligaciones de los extranjeros, y no contemplar medidas para mejorar la gestión administrativa de los asuntos relacionados con la inmigración, que ha día de hoy es "un caos". Hernando recordó que miembros del Gobierno han dicho frases como: "los inmigrantes ilegales serán expulsados", "hay que frenar la avalancha de ilegales", "España no necesita más trabajadores extranjeros", que si hubieran sido pronunciadas por miembros del PP les "hubieran crucificado".
CIU VOTA CON EL PSOE
Mientras, Carles Campuzano (CiU) agradeció la "receptividad" del Gobierno y del PSOE y reclamó para Cataluña "poderosos instrumentos" para gobernar la inmigración. Asimismo, pidió mejorar el control de los flujos migratorios y la integración de los inmigrantes.
Desde las filas del PNV, Emilio Olabarría señaló que el ministro "va tener que tender no una mano, las dos", si quiere alcanzar un acuerdo con los grupos. Olabarría criticó "la concepción parternalista del extranjero que ruzama la redacción del texto" y agregó que la norma vulnera las competencias de las comunidades autónomas.
El portavoz de ICV, Joan Herrera, dijo que el texto está "diseñado para poder llegar a un acuerdo con el PP" y añadió que lo más importante en estos momentos es garantizar la "cohesión social", algo que a su juicio se consigue otorgando el derecho al voto a todos los inmigrantes. Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardà aseguró que el documento "no está a la altura" de Gobierno de izquierdas y que "hay muchas cosas que mejorar".
CONTRA LOS 60 DÍAS DE INTERNAMIENTO
Tanto PNV como ERC e ICV criticaron la ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de estancia en los Centros de internamiento de Extranjeros y recordaron que los "sin papeles" están retenidos en estos centros únicamente por una falta administrativa. Además, coincidieron en señalar que el proyecto de ley vulnera los derechos de los inmigrantes.
Para Ana Oramas (Coalición Canaria), el texto del Gobierno "sirve de base para el debate, pero está muy lejos de tener el apoyo de esta formación por su graves lagunas", especialmente por dejar que "Canarias afronte en solitario la atención a los menores inmigrantes no acompañados". Por último, el BNG afirmó que "hay muchas cuestiones que hay que mejorar, como el tiempo de internamiento, la reagrupamiento familiar y el derecho a la educación".
