nuevatribuna.es
4 de diciembre de 2009, 5:32
NUEVATRIBUNA.ES - 3.12.2009
La inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de una modificación que afecta al derecho al libre acceso a Internet ha puesto en pie de guerra a la blogosfera, como se puede comprobar en el Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet. Tanto es así, que la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se ha reunido este jueves con blogueros y especialistas en Internet para explicar la postura del Gobierno. La reunión ha sido informal y González-Sinde les ha explicado cuales serás las tareas de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo del Ministerio que decidirá qué medidas adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en Internet.
En el Manifiesto que circula en la red se llama la atención, fundamentalmente, sobre este punto: "La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web". Y es ahí donde se centra el debate.
Según Ángeles González-Sinde, lo que se prevé en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible es que la Comisión de propiedad intelectual "actuará cuando haya una denuncia por una parte que se sienta afectada porque una obra de la que es propietaria está siendo explotada sin licencia y sin permiso en alguna página". "Esta es una medida que busca afrontar la oferta ilegal, de ninguna manera perseguir al usuario", ha insistido la ministra y ha explicado que en el proceso legal que seguirá la citada Comisión "actuaría e investigaría a petición de la parte afectada". Ahora bien, "si hubiera derechos fundamentales implicados lo derivaría automáticamente a un juez, cumpliendo con la ley, como no puede ser menos".
Estas declaraciones de Ángeles González Sinde se han producido en un acto al que ha acudido tras abandonar la reunión con los internautas cuarenta minutos después de que se iniciara. El encuentro, ateniéndonos a los comentarios de los participantes que se pueden recoger a través de twitter, ha sido tenso ya ha habido incluso amenazas de levantarse de la mesa por parte de algunos participantes. Las conclusiones principales son que no ha habido acuerdo y, en segundo lugar, la convocatoria de concentraciones para mañana viernes, a las 20.00, ante el ministerio de Industria, en Madrid, y en la plaza de Sant Jaume, en Barcelona. Entre otras impresiones sobre la cita en Cultura, puede leerse: "Mala sensación. No hay voluntad de diálogo", "Una reunión fallida, sin diálogo" y sin acuerdos", "Es como si, una vez que ha llegado la electricidad, nos obligan a comprar velas, por presión del gremio de la cera", "Cultura va a crear un superportal de contenidos???... Las cárnicas deben estar frotándose las manos", "El 'procedimiento' es parecido a lo que se hace en China", "Pues seguimos Sinde-rechos" o "Estas Navidades se lleva la Sinde, la muñeca que sale bien en todas las fotos, no se moja y no habla".
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También hay otros comentarios relativos a los extraños compañeros de cama que está propiciando la medida que quiere implantar el ministerio como "El PP muestra toda su hipocresia apoyando el #manifiesto, cuando el mes pasado votó en el Parlamento Europeo justo lo contrario". Y es que el principal partido de la oposición ha visto un nuevo frente desde el que atacar al Ejecutivo y se ha apuntado inmediatamente. El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de proponer la creación de "una policía cultural" encargada de "secuestrar" páginas web y a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de ser "la 'gran hermano' de Internet". La postura del PP coincide con la de IU, cuyo portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, afirma que tampoco es partidario de cerrar páginas sin contar con garantías de la autorización judicial, "no administrativa", pues a su juicio se vulnerarían derechos fundamentales.
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha considerado que a los usuarios de la red no les parece "buena idea" que un comité o una comisión decida "lo que es o no legal" en materia de propiedad intelectual ya que, en su opinión, sólo debe decidirlo un juez. Sin embargo, la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos respalda las medidas contra la piratería en Internet recogidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible por considerar que son "adecuadas" y que "afrontan con valentía el tema". Mientras que Redtel, la patronal que agrupa a las operadoras de infraestructuras (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) ha rehusado valorar las medidas porque está estudiando aún el anteproyecto de Ley. El presidente de Promusicae (productores musicales), Antonio Guisasola, ha ido más lejos que los más firmes defensores de la 'Ley antidescargas' al considerar "insuficientes" las medidas promovidas por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que considera "sólo un primer paso".
Entretanto, el Manifiesto sigue circulando por la Red y provocando adhesiones y rechazos. Hay quien se suma sin más y lo reproduce en su integridad en su blog, como es el caso de la diputada de IU Reyes Montiel, y hay quien hace alguna precisiones: Yo no adhiero a él, porque únicamente considero relevante un punto, el referido al control judicial, y porque está lleno de ‘farfoya 2.0’. También hay quien pide un poco de paciencia, recordando que estamos sólo ante el inicio de la tramitación parlamentaria de una ley, y tacha la polémica de pérdida de tiempo y reacción histérica inútil.
También hay quien opina que la fórmula elegida para introducir la regulación que afecta a Internet no es la más adecuada: "Probablemente la forma que el Ministerio de Cultura ha utilizado para modificar la Ley de la Sociedad de la Información a través de un artículo en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible nos haga perder la oportunidad de realizar un debate sereno sobre los derechos de autor y como estos se están viendo afectados por las descargas".
La inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de una modificación que afecta al derecho al libre acceso a Internet ha puesto en pie de guerra a la blogosfera, como se puede comprobar en el Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet. Tanto es así, que la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se ha reunido este jueves con blogueros y especialistas en Internet para explicar la postura del Gobierno. La reunión ha sido informal y González-Sinde les ha explicado cuales serás las tareas de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo del Ministerio que decidirá qué medidas adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en Internet.
En el Manifiesto que circula en la red se llama la atención, fundamentalmente, sobre este punto: "La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web". Y es ahí donde se centra el debate.
Según Ángeles González-Sinde, lo que se prevé en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible es que la Comisión de propiedad intelectual "actuará cuando haya una denuncia por una parte que se sienta afectada porque una obra de la que es propietaria está siendo explotada sin licencia y sin permiso en alguna página". "Esta es una medida que busca afrontar la oferta ilegal, de ninguna manera perseguir al usuario", ha insistido la ministra y ha explicado que en el proceso legal que seguirá la citada Comisión "actuaría e investigaría a petición de la parte afectada". Ahora bien, "si hubiera derechos fundamentales implicados lo derivaría automáticamente a un juez, cumpliendo con la ley, como no puede ser menos".
Estas declaraciones de Ángeles González Sinde se han producido en un acto al que ha acudido tras abandonar la reunión con los internautas cuarenta minutos después de que se iniciara. El encuentro, ateniéndonos a los comentarios de los participantes que se pueden recoger a través de twitter, ha sido tenso ya ha habido incluso amenazas de levantarse de la mesa por parte de algunos participantes. Las conclusiones principales son que no ha habido acuerdo y, en segundo lugar, la convocatoria de concentraciones para mañana viernes, a las 20.00, ante el ministerio de Industria, en Madrid, y en la plaza de Sant Jaume, en Barcelona. Entre otras impresiones sobre la cita en Cultura, puede leerse: "Mala sensación. No hay voluntad de diálogo", "Una reunión fallida, sin diálogo" y sin acuerdos", "Es como si, una vez que ha llegado la electricidad, nos obligan a comprar velas, por presión del gremio de la cera", "Cultura va a crear un superportal de contenidos???... Las cárnicas deben estar frotándose las manos", "El 'procedimiento' es parecido a lo que se hace en China", "Pues seguimos Sinde-rechos" o "Estas Navidades se lleva la Sinde, la muñeca que sale bien en todas las fotos, no se moja y no habla".
También hay otros comentarios relativos a los extraños compañeros de cama que está propiciando la medida que quiere implantar el ministerio como "El PP muestra toda su hipocresia apoyando el #manifiesto, cuando el mes pasado votó en el Parlamento Europeo justo lo contrario". Y es que el principal partido de la oposición ha visto un nuevo frente desde el que atacar al Ejecutivo y se ha apuntado inmediatamente. El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de proponer la creación de "una policía cultural" encargada de "secuestrar" páginas web y a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de ser "la 'gran hermano' de Internet". La postura del PP coincide con la de IU, cuyo portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, afirma que tampoco es partidario de cerrar páginas sin contar con garantías de la autorización judicial, "no administrativa", pues a su juicio se vulnerarían derechos fundamentales.El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha considerado que a los usuarios de la red no les parece "buena idea" que un comité o una comisión decida "lo que es o no legal" en materia de propiedad intelectual ya que, en su opinión, sólo debe decidirlo un juez. Sin embargo, la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos respalda las medidas contra la piratería en Internet recogidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible por considerar que son "adecuadas" y que "afrontan con valentía el tema". Mientras que Redtel, la patronal que agrupa a las operadoras de infraestructuras (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) ha rehusado valorar las medidas porque está estudiando aún el anteproyecto de Ley. El presidente de Promusicae (productores musicales), Antonio Guisasola, ha ido más lejos que los más firmes defensores de la 'Ley antidescargas' al considerar "insuficientes" las medidas promovidas por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que considera "sólo un primer paso".
Entretanto, el Manifiesto sigue circulando por la Red y provocando adhesiones y rechazos. Hay quien se suma sin más y lo reproduce en su integridad en su blog, como es el caso de la diputada de IU Reyes Montiel, y hay quien hace alguna precisiones: Yo no adhiero a él, porque únicamente considero relevante un punto, el referido al control judicial, y porque está lleno de ‘farfoya 2.0’. También hay quien pide un poco de paciencia, recordando que estamos sólo ante el inicio de la tramitación parlamentaria de una ley, y tacha la polémica de pérdida de tiempo y reacción histérica inútil.
También hay quien opina que la fórmula elegida para introducir la regulación que afecta a Internet no es la más adecuada: "Probablemente la forma que el Ministerio de Cultura ha utilizado para modificar la Ley de la Sociedad de la Información a través de un artículo en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible nos haga perder la oportunidad de realizar un debate sereno sobre los derechos de autor y como estos se están viendo afectados por las descargas".
