nuevatribuna.es
9 de mayo de 2010, 4:38
NUEVATRIBUNA.ES- 06.05.2010
La lista de espera crece imparable en la Comunidad de Madrid. Según UGT, casi 52.000 madrileños aguardaban el 31 de marzo a ser operados, frente a los cerca de 50.700 que lo hacían tres meses antes, “una inmoralidad política” a juicio del sindicato, que denuncia la falta de resultados de la inversión de más de 460 millones de euros que Esperanza Aguirre, la presidenta autonómica, ha invertido desde 2005 en planes especiales para reducir la lista de espera.
Expulsada del sistema nacional de cómputo hace cinco años, la Comunidad de Madrid camina por libre en cuestión de estadísticas. Sólo así, denuncia UGT, Esperanza Aguirre puede presumir de cumplir su promesa electoral de reducir los tiempos de espera para ser intervenido quirúrgicamente por debajo de los treinta días.
Sin embargo, para el sindicato, la realidad es bien distinta. Según los cálculos de Aguirre, menos de 16.500 pacientes engrosaban el listado de quienes esperan una operación en el sistema público de salud. En cambio, el sindicato desvela lo que califica como “las trampas” de Aguirre en materia estadística.
En resumen, Aguirre ha sacado de la lista a los pacientes que aún no han pasado por el anestesista. La diferencia es brutal. Hay tantos pacientes en esta situación, como los que Aguirre sí reconoce en lista de espera. Entre ambos, unas 33.000 personas, el doble de los que Aguirre admite, asegura UGT.
Pero el caso más flagrante se refiere a un tercer grupo de personas, añade UGT. Es el de aquéllos que, prefiriendo ser intervenidos en hospitales públicos, soportan esperas de hasta seis meses antes de entrar en quirófano. Así, Aguirre tampoco concede la categoría de pacientes en lista de espera a los 19.000 madrileños que descartan los hospitales concertados para ser intervenidos. Un auténtico “castigo político”, en palabras del sindicato.
En total, según los criterios del sistema nacional de salud, cerca de 52.000 madrileños aguardan turno para ser intervenidos. Algo que, en opinión de UGT, pone de manifiesto el “fracaso” del ‘modelo Güemes’, llamado así en honor del ex consejero de Sanidad madrileño, José Ángel Güemes, sustituido hace unos meses por Javier Fernández-Lasquetty al frente del sistema público de salud en la Comunidad de Madrid.
El crecimiento del número de ciudadanos que esperan ser intervenidos se produce a pesar de la apertura de ocho nuevos hospitales en la región que acoge la capital de España. “No hay más oferta”, rechaza UGT, a pesar del crecimiento del número de centros hospitalarios.
En palabras del responsable del sindicato en el sector, Juan Luis Martín, los nuevos hospitales no proporcionan mayor atención a los madrileños, ya que se nutren de recursos que han sido “detraídos” de los otros hospitales.
“Sólo un 31 por ciento de los pacientes en lista de espera son atendidos antes de 30 días”, añade Martín, muy crítico con la gestión sanitaria de Esperanza Aguirre, marcada por la privatización.
Así, la salud de dos millones de madrileños está hoy ya en manos privadas, tras cinco años de cambios en la gestión, que han abierto las puertas a las empresas privadas al sistema público de salud.
Bajo la excusa del ahorro de dinero público, Aguirre ha impulsado un intenso proceso privatizador, a pesar de que esta medida no figuraba en el programa electoral que la aupó al gobierno regional en 2003, recuerda UGT.
Por otro lado, el sindicato niega que la gestión privada del sistema de salud haya supuesto un ahorro para las depauperadas arcas públicas madrileñas. Al contrario, según la estimación sindical, extraída de los Presupuestos regionales, las camas en centros privados duplican el coste de su equivalente en los hospitales públicos.
En el extremo, y con el mismo criterio del número de camas máximas habilitadas, el gasto por cama llega a triplicarse respecto al centro hospitalario más barato entre los públicos. Ése es el resultado de comparar el montante de una cama en la Fundación Jiménez Díaz, privado -640.000 euros-, con una el Hospital de Getafe, público -200.000 euros-.
Por otro lado, la obsesión de Aguirre por gestionar en solitario los servicios públicos madrileños ha exasperado a los sindicatos, muy críticos con su labor y a quienes la “dama de hierro” madrileña desprecia constantemente, afirman los sindicatos.
Así, el proceso privatizador de la sanidad pública madrileña podría acabar con un revés judicial para Aguirre si, como esperan los sindicatos, los jueces ordenan que los 5.300 profesionales transferidos hacia los nuevos hospitales regresen a lo centros tradicionales de titularidad pública.
De momento, los sindicatos tratan de tender puentes que los aproximen al nuevo consejero de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. Con pocos resultados hasta la fecha, como demuestra el mote con que los sindicatos lo han bautizado – “el consejero missing o ausente-, tras la salida de Güemes con destino a la empresa privada.
La lista de espera crece imparable en la Comunidad de Madrid. Según UGT, casi 52.000 madrileños aguardaban el 31 de marzo a ser operados, frente a los cerca de 50.700 que lo hacían tres meses antes, “una inmoralidad política” a juicio del sindicato, que denuncia la falta de resultados de la inversión de más de 460 millones de euros que Esperanza Aguirre, la presidenta autonómica, ha invertido desde 2005 en planes especiales para reducir la lista de espera.
Expulsada del sistema nacional de cómputo hace cinco años, la Comunidad de Madrid camina por libre en cuestión de estadísticas. Sólo así, denuncia UGT, Esperanza Aguirre puede presumir de cumplir su promesa electoral de reducir los tiempos de espera para ser intervenido quirúrgicamente por debajo de los treinta días.
Sin embargo, para el sindicato, la realidad es bien distinta. Según los cálculos de Aguirre, menos de 16.500 pacientes engrosaban el listado de quienes esperan una operación en el sistema público de salud. En cambio, el sindicato desvela lo que califica como “las trampas” de Aguirre en materia estadística.
En resumen, Aguirre ha sacado de la lista a los pacientes que aún no han pasado por el anestesista. La diferencia es brutal. Hay tantos pacientes en esta situación, como los que Aguirre sí reconoce en lista de espera. Entre ambos, unas 33.000 personas, el doble de los que Aguirre admite, asegura UGT.
Pero el caso más flagrante se refiere a un tercer grupo de personas, añade UGT. Es el de aquéllos que, prefiriendo ser intervenidos en hospitales públicos, soportan esperas de hasta seis meses antes de entrar en quirófano. Así, Aguirre tampoco concede la categoría de pacientes en lista de espera a los 19.000 madrileños que descartan los hospitales concertados para ser intervenidos. Un auténtico “castigo político”, en palabras del sindicato.
En total, según los criterios del sistema nacional de salud, cerca de 52.000 madrileños aguardan turno para ser intervenidos. Algo que, en opinión de UGT, pone de manifiesto el “fracaso” del ‘modelo Güemes’, llamado así en honor del ex consejero de Sanidad madrileño, José Ángel Güemes, sustituido hace unos meses por Javier Fernández-Lasquetty al frente del sistema público de salud en la Comunidad de Madrid.
El crecimiento del número de ciudadanos que esperan ser intervenidos se produce a pesar de la apertura de ocho nuevos hospitales en la región que acoge la capital de España. “No hay más oferta”, rechaza UGT, a pesar del crecimiento del número de centros hospitalarios.
En palabras del responsable del sindicato en el sector, Juan Luis Martín, los nuevos hospitales no proporcionan mayor atención a los madrileños, ya que se nutren de recursos que han sido “detraídos” de los otros hospitales.
“Sólo un 31 por ciento de los pacientes en lista de espera son atendidos antes de 30 días”, añade Martín, muy crítico con la gestión sanitaria de Esperanza Aguirre, marcada por la privatización.
Así, la salud de dos millones de madrileños está hoy ya en manos privadas, tras cinco años de cambios en la gestión, que han abierto las puertas a las empresas privadas al sistema público de salud.
Bajo la excusa del ahorro de dinero público, Aguirre ha impulsado un intenso proceso privatizador, a pesar de que esta medida no figuraba en el programa electoral que la aupó al gobierno regional en 2003, recuerda UGT.
Por otro lado, el sindicato niega que la gestión privada del sistema de salud haya supuesto un ahorro para las depauperadas arcas públicas madrileñas. Al contrario, según la estimación sindical, extraída de los Presupuestos regionales, las camas en centros privados duplican el coste de su equivalente en los hospitales públicos.
En el extremo, y con el mismo criterio del número de camas máximas habilitadas, el gasto por cama llega a triplicarse respecto al centro hospitalario más barato entre los públicos. Ése es el resultado de comparar el montante de una cama en la Fundación Jiménez Díaz, privado -640.000 euros-, con una el Hospital de Getafe, público -200.000 euros-.
Por otro lado, la obsesión de Aguirre por gestionar en solitario los servicios públicos madrileños ha exasperado a los sindicatos, muy críticos con su labor y a quienes la “dama de hierro” madrileña desprecia constantemente, afirman los sindicatos.
Así, el proceso privatizador de la sanidad pública madrileña podría acabar con un revés judicial para Aguirre si, como esperan los sindicatos, los jueces ordenan que los 5.300 profesionales transferidos hacia los nuevos hospitales regresen a lo centros tradicionales de titularidad pública.
De momento, los sindicatos tratan de tender puentes que los aproximen al nuevo consejero de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. Con pocos resultados hasta la fecha, como demuestra el mote con que los sindicatos lo han bautizado – “el consejero missing o ausente-, tras la salida de Güemes con destino a la empresa privada.
