nuevatribuna.es
14 de enero de 2010, 9:20
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 14.1.2010
El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este jueves las resoluciones por las que se convoca a los propietarios de 24 viviendas, la mayoría en la calle San Pedro de Valencia, afectadas por el expediente de expropiación forzosa para derribar el barrio de El Cabanyal. El escrito convoca a distintos propietarios y otros afectados para el levantamiento de las actas de pago y ocupación, que tendrá lugar a lo largo de los días 1, 3 y 5 de febrero. Precisamente será en febrero cuando se retomen los derribos en el Cabanyal, donde se ha previsto un bulevar perpendicular a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, según fuentes cercanas a la empresa Cabanyal 2010, encargada de acometer todas las obras, que cita hoy el periódico > Las Provincias.
El diario recuerda, no obstante, que el plan urbanístico está pendiente de la orden de paralización del Ministerio de Cultura, que emitió un dictamen el pasado día 4 donde calificaba la iniciativa de expolio patrimonial a la zona declarada Bien de Interés Cultural en 1993. Esto fue replicado poco después por la Generalitat, que autorizó con un decreto ley la iniciativa municipal.
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Tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia parecen decididos a continuar con la política de hechos consumados, haciendo caso omiso de las protestas de los vecinos del barrio que se pretende derribar. Cuentan las crónicas que este miércoles no cabía un alfiler en el Ateneu Marìtim del Cabanyal, que fue escenario ayer de una de las asambleas de Salvem el Cabanyal más multitudinarias que se recuerdan. Salvem el Cabanyal, que cumple una década de batalla en los tribunales, ha firmado un manifiesto en el que se exige "un plan de rehabilitación sin derribos". Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de numerosos colectivos y de otras fuerzas políticas, entre las que no está lógicamente el PP, también ha provocado la oposición de otro grupo de vecinos harto de la degradación que sufre el barrio por el abandono al que lo ha condenado el ayuntamiento.
La plataforma se propone contraatacar judicialmente presentado, este mismo jueves, un recurso contencioso administrativo contra el decreto ley del Consell que blinda el plan especial del Cabanyal. En el recurso, se solicita la paralización de los derribos como medida cautelar. Por otra parte, se ha remitido una denuncia al ministerio de Cultura alertando del riesgo de expolio que corre el barrio ante la intención manifiesta del ayuntamiento y la Generalitat de continuar con los derribos y las expropiaciones.
Durante la asamblea, la diputada autonómica Mónica Oltra (Compromís) censuró el modelo urbanístico de PP de "creación a partir de la destrucción" y Amadeu Sanchis (EU) recordó al gobierno local que "tiene delante al Estado y a la sociedad civil". Por su parte, la dirigente vecinal María José Broseta invocó al "consenso para rehabilitar el barrio". El arquitecto Vicente Gallart aseguró que el coste económico de la demolición de las 1.659 viviendas que prevé realizar el plan urbanístico para la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar "se calcula en unos 200 millones, únicamente para dejar un solar, mientras que una rehabilitación integral supondría una décima parte de ese coste, unos 20 millones de euros".
Paralelamente, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, criticaba "las prisas" del ayuntamiento y la Generalitat por actuar en el Cabanyal después de la orden de paralización del Ministerio de Cultura. Introducir "prisas cuando nunca las ha habido, e incluso cuando la iniciativa privada se ha descolgado sólo responde a una estrategia política y no son estrategias políticas lo que necesita El Cabañal". Además, coincidió con la plataforma vecinal en que lo que el barrio requiere es una rehabilitación que respete su carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) que le otorgó la Generalitat.
La respuesta a todas estas críticas de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue echar balones fuera con esta pregunta: "¿Qué me tienen que enseñar a mi de recuperación del patrimonio quienes han sido capaces de cargarse el teatro romano de Sagunto?". Antes, había insistido en que el Gobierno utiliza la "fuerza administrativa" para paralizar las actuaciones del plan del Cabanyal, que son "de plena y exclusiva competencia" de la Generalitat y el Ayuntamiento, para reiterar que van a continuar con el plan. "Por directriz de la cúpula del Gobierno (en referencia a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega), se le ha hecho firmar un papel a la ministra de Cultura, que no conoce nada de Valencia ni del Cabanyal, para utilizar la fuerza administrativa e intentar parar actuaciones de nuestra plena y exclusiva competencia". Barberá recordó que el decreto ley autonómico es superior en la jerarquía normativa a la orden ministerial.
Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, aseguró, en relación a la información aparecida en Público de que el Gobierno valenciano de Francisco Camps benefició a firmas implicadas en el caso Gürtel a través de la operación urbanística en El Cabanyal, que "lamentablemente, las empresas que están relacionadas con el caso Gürtel y con las prácticas irregulares de financiación del PP en la Comunidad Valenciana aparecen en muchas actuaciones desarrolladas bajo la dirección de la Generalitat".
El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este jueves las resoluciones por las que se convoca a los propietarios de 24 viviendas, la mayoría en la calle San Pedro de Valencia, afectadas por el expediente de expropiación forzosa para derribar el barrio de El Cabanyal. El escrito convoca a distintos propietarios y otros afectados para el levantamiento de las actas de pago y ocupación, que tendrá lugar a lo largo de los días 1, 3 y 5 de febrero. Precisamente será en febrero cuando se retomen los derribos en el Cabanyal, donde se ha previsto un bulevar perpendicular a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, según fuentes cercanas a la empresa Cabanyal 2010, encargada de acometer todas las obras, que cita hoy el periódico > Las Provincias.
El diario recuerda, no obstante, que el plan urbanístico está pendiente de la orden de paralización del Ministerio de Cultura, que emitió un dictamen el pasado día 4 donde calificaba la iniciativa de expolio patrimonial a la zona declarada Bien de Interés Cultural en 1993. Esto fue replicado poco después por la Generalitat, que autorizó con un decreto ley la iniciativa municipal.
Tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia parecen decididos a continuar con la política de hechos consumados, haciendo caso omiso de las protestas de los vecinos del barrio que se pretende derribar. Cuentan las crónicas que este miércoles no cabía un alfiler en el Ateneu Marìtim del Cabanyal, que fue escenario ayer de una de las asambleas de Salvem el Cabanyal más multitudinarias que se recuerdan. Salvem el Cabanyal, que cumple una década de batalla en los tribunales, ha firmado un manifiesto en el que se exige "un plan de rehabilitación sin derribos". Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de numerosos colectivos y de otras fuerzas políticas, entre las que no está lógicamente el PP, también ha provocado la oposición de otro grupo de vecinos harto de la degradación que sufre el barrio por el abandono al que lo ha condenado el ayuntamiento.La plataforma se propone contraatacar judicialmente presentado, este mismo jueves, un recurso contencioso administrativo contra el decreto ley del Consell que blinda el plan especial del Cabanyal. En el recurso, se solicita la paralización de los derribos como medida cautelar. Por otra parte, se ha remitido una denuncia al ministerio de Cultura alertando del riesgo de expolio que corre el barrio ante la intención manifiesta del ayuntamiento y la Generalitat de continuar con los derribos y las expropiaciones.
Durante la asamblea, la diputada autonómica Mónica Oltra (Compromís) censuró el modelo urbanístico de PP de "creación a partir de la destrucción" y Amadeu Sanchis (EU) recordó al gobierno local que "tiene delante al Estado y a la sociedad civil". Por su parte, la dirigente vecinal María José Broseta invocó al "consenso para rehabilitar el barrio". El arquitecto Vicente Gallart aseguró que el coste económico de la demolición de las 1.659 viviendas que prevé realizar el plan urbanístico para la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar "se calcula en unos 200 millones, únicamente para dejar un solar, mientras que una rehabilitación integral supondría una décima parte de ese coste, unos 20 millones de euros".
Paralelamente, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, criticaba "las prisas" del ayuntamiento y la Generalitat por actuar en el Cabanyal después de la orden de paralización del Ministerio de Cultura. Introducir "prisas cuando nunca las ha habido, e incluso cuando la iniciativa privada se ha descolgado sólo responde a una estrategia política y no son estrategias políticas lo que necesita El Cabañal". Además, coincidió con la plataforma vecinal en que lo que el barrio requiere es una rehabilitación que respete su carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) que le otorgó la Generalitat.
La respuesta a todas estas críticas de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue echar balones fuera con esta pregunta: "¿Qué me tienen que enseñar a mi de recuperación del patrimonio quienes han sido capaces de cargarse el teatro romano de Sagunto?". Antes, había insistido en que el Gobierno utiliza la "fuerza administrativa" para paralizar las actuaciones del plan del Cabanyal, que son "de plena y exclusiva competencia" de la Generalitat y el Ayuntamiento, para reiterar que van a continuar con el plan. "Por directriz de la cúpula del Gobierno (en referencia a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega), se le ha hecho firmar un papel a la ministra de Cultura, que no conoce nada de Valencia ni del Cabanyal, para utilizar la fuerza administrativa e intentar parar actuaciones de nuestra plena y exclusiva competencia". Barberá recordó que el decreto ley autonómico es superior en la jerarquía normativa a la orden ministerial.
Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, aseguró, en relación a la información aparecida en Público de que el Gobierno valenciano de Francisco Camps benefició a firmas implicadas en el caso Gürtel a través de la operación urbanística en El Cabanyal, que "lamentablemente, las empresas que están relacionadas con el caso Gürtel y con las prácticas irregulares de financiación del PP en la Comunidad Valenciana aparecen en muchas actuaciones desarrolladas bajo la dirección de la Generalitat".
