nuevatribuna.es
23 de noviembre de 2010, 3:08
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 22.11.2010
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado un importante paso en la trama de los niños robados al comprometerse a impulsar una oficina que apoye la investigación para resolver las búsquedas. Tras dos horas de reunión con el fiscal jefe Javier Zaragoza, la portavoz de la Plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, Mar Soriano, ha mostrado su satisfacción por las “buenas intenciones” y el “tono positivo” del fiscal aunque le hubiera gustado que fuera la Audiencia Nacional la que investigará por la vía penal estas desapariciones.
Mar Soriano es hermana de Beatriz Soriano Ruiz, una niña nacida el 3 de enero de 1964 en la maternidad de la calle de O'Donnell de Madrid, que le fue retirada a su madre dos días después alegando que había muerto a consecuencia de una otitis. En conversación con nuevatribuna.es, cuenta que los casos recopilados (alrededor de 300) tienen un denominador común en toda España. De hecho, junto a ella han acudido a la Audiencia familiares de niños desaparecidos en distintos lugares de España en los años 1957, 1964 y 1979.
La nueva oficina se creará por real decreto e impulsará el apoyo a la investigación para que se resuelvan búsquedas y se tramite a través del Ministerio de Justicia que coordinará todas sus demandas. Facilitará la búsqueda de documentación obligando a las administraciones públicas a facilitar los papeles que solicitan las familias y que hasta ahora se les han denegado por la Ley de Protección de Datos, exigiéndoseles una orden judicial. También se creará una base de datos donde las familias puedan depositar su ADN.
Previsiblemente, la Fiscalía se opondrá a que la Audiencia Nacional investigue estos casos y eso pese a que el juzgado de Instrucción 21 de Madrid se inhibiera el pasado 28 de octubre de esta causa Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz. Su negativa se basa en que no se puede utilizar la vía penal para investigar estos hechos por lo que se impulsará “en la medida de lo posible” la vía administrativa como “un buen instrumento para agilizar los trámites”, según fuentes del Ministerio Público.
En enero de 2009, el juez Baltasar Garzón -que está suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo- envió a los juzgados decanos de Burgos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Vizcaya y Zaragoza todos los datos aportados sobre los "niños perdidos del franquismo" en la causa que abrió para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Estas diligencias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que decretó su archivo provisional, un sobreseimiento que fue confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de enero.
Sin embargo, al Juzgado de Instrucción número 21 le correspondió la petición que realizó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la de "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo" para que Garzón -que ya se había inhibido en favor de los juzgados territoriales- tomara muestras de ADN de ocho ancianos, cuyo riesgo de muerte es "inminente".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado un importante paso en la trama de los niños robados al comprometerse a impulsar una oficina que apoye la investigación para resolver las búsquedas. Tras dos horas de reunión con el fiscal jefe Javier Zaragoza, la portavoz de la Plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, Mar Soriano, ha mostrado su satisfacción por las “buenas intenciones” y el “tono positivo” del fiscal aunque le hubiera gustado que fuera la Audiencia Nacional la que investigará por la vía penal estas desapariciones.
Mar Soriano es hermana de Beatriz Soriano Ruiz, una niña nacida el 3 de enero de 1964 en la maternidad de la calle de O'Donnell de Madrid, que le fue retirada a su madre dos días después alegando que había muerto a consecuencia de una otitis. En conversación con nuevatribuna.es, cuenta que los casos recopilados (alrededor de 300) tienen un denominador común en toda España. De hecho, junto a ella han acudido a la Audiencia familiares de niños desaparecidos en distintos lugares de España en los años 1957, 1964 y 1979.
La nueva oficina se creará por real decreto e impulsará el apoyo a la investigación para que se resuelvan búsquedas y se tramite a través del Ministerio de Justicia que coordinará todas sus demandas. Facilitará la búsqueda de documentación obligando a las administraciones públicas a facilitar los papeles que solicitan las familias y que hasta ahora se les han denegado por la Ley de Protección de Datos, exigiéndoseles una orden judicial. También se creará una base de datos donde las familias puedan depositar su ADN.
Previsiblemente, la Fiscalía se opondrá a que la Audiencia Nacional investigue estos casos y eso pese a que el juzgado de Instrucción 21 de Madrid se inhibiera el pasado 28 de octubre de esta causa Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz. Su negativa se basa en que no se puede utilizar la vía penal para investigar estos hechos por lo que se impulsará “en la medida de lo posible” la vía administrativa como “un buen instrumento para agilizar los trámites”, según fuentes del Ministerio Público.
En enero de 2009, el juez Baltasar Garzón -que está suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo- envió a los juzgados decanos de Burgos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Vizcaya y Zaragoza todos los datos aportados sobre los "niños perdidos del franquismo" en la causa que abrió para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Estas diligencias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que decretó su archivo provisional, un sobreseimiento que fue confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de enero.
Sin embargo, al Juzgado de Instrucción número 21 le correspondió la petición que realizó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la de "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo" para que Garzón -que ya se había inhibido en favor de los juzgados territoriales- tomara muestras de ADN de ocho ancianos, cuyo riesgo de muerte es "inminente".
