nuevatribuna.es
23 de junio de 2010, 10:41
NUEVATRIBUNA.ES 23.06.2010
La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto en el caso de los niños robados. El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha decidido abrir diligencias por la supuesta desaparición de bebés en la Línea de la Concepción (Cádiz) entre los años 1960 y 1970. Varias denuncias de familiares le han puesto sobre la pista y aunque reconoce la dificultad de iniciar una investigación que termine con el esclarecimiento de los hechos, dado el tiempo que ha pasado, se muestra dispuesto a averiguar lo que ocurrió.
Así lo manifestó en declaraciones a Europa Sur en las que destacó que “son cada vez más los casos que están saliendo a la luz pública y vamos a iniciar una investigación para intentar averiguar qué ocurrió y hasta qué punto hay fundamentos de lo que sospechan estas personas, aunque será complicado dado que se trata de algo que sucedió el siglo pasado”.
A la iniciativa del fiscal de Algeciras podría seguir la de la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, que esperará al informe que elabore su colega para decidir si se puede actuar.
Nuevatribuna.es se ha hecho eco en las últimas semanas de algunos de estos casos. En particular el de las hermanas Díaz Carrasco quienes han remitido a la fiscalía las denuncias públicas efectuadas en los medios de comunicación. Ellas, residentes en Irún, serán de las primeras en declarar ante el fiscal. En total se conocen 8 casos en la provincia de Cádiz y a ellos se suman otros tantos por toda España como el recientemente publicado en estas misma páginas referente a la antigua maternidad de O’Donnell de Madrid.
DE LA REPRESIÓN POLÍTICA A UN NEGOCIO MUY LUCRATIVO
El primero que abrió la puerta a investigar estos supuestos delitos fue el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón en su auto de octubre de 2008. El magistrado sostuvo que se trataban de crímenes contra la humanidad e instó al Ministerio Fiscal a investigar estos hechos. Para ello se basó en investigaciones históricas como la elaborada por Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dichos estudios hablan de 30.000 niños robados a presas republicanas durante los años 1944 y 1954 para ser entregados a familias franquistas.
No obstante, lo que comenzó siendo una práctica de represión política en la posguerra siguió décadas después como un negocio muy lucrativo. Es lo que asegura el abogado Enrique Vila que pretende denunciar esta presunta trama en la Audiencia Nacional. El letrado quiere dejar claro que no se trata de un tema político (aunque lo fue en su momento con el robo de niños a madres republicanas) sino de un negocio que se extendió décadas después con casos que datan incluso del año 1986, es decir, bien entrada la democracia.
Vila, que lleva quince años especializado en estos asuntos, está recabando junto con la asociación Anadir, fundada por Antonio Barroso -un adoptado que sostiene fue robado pero cuya denuncia fue archivada-, los casos que están surgiendo por todo el territorio nacional. “Fue una práctica tremendamente extendida que en el tardofranquismo se convirtió en un negocio propiamente dicho”.
“Es posible que la trama estuviera interconectada”, asegura este abogado, ya que hay casos en los que los padres adoptivos viajaban de un lugar a otro, por ejemplo, desde Valencia a Melilla para comprar una niña. En ocasiones se procedía a una adopción pero en otros se falsificaba la partida de nacimiento para hacer ver que el hijo era biológico para mujeres que ni siquiera habían estado embarazadas. El dinero que se pagaba por estas prácticas oscila de una época a otra. En 1969 se llegaban a pagar 400.000 de las antiguas pesetas y en 1986 hasta un millón de pesetas. “En España se vendían niños robados bien entrados los años ochenta”, insiste.
La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto en el caso de los niños robados. El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha decidido abrir diligencias por la supuesta desaparición de bebés en la Línea de la Concepción (Cádiz) entre los años 1960 y 1970. Varias denuncias de familiares le han puesto sobre la pista y aunque reconoce la dificultad de iniciar una investigación que termine con el esclarecimiento de los hechos, dado el tiempo que ha pasado, se muestra dispuesto a averiguar lo que ocurrió.
Así lo manifestó en declaraciones a Europa Sur en las que destacó que “son cada vez más los casos que están saliendo a la luz pública y vamos a iniciar una investigación para intentar averiguar qué ocurrió y hasta qué punto hay fundamentos de lo que sospechan estas personas, aunque será complicado dado que se trata de algo que sucedió el siglo pasado”.
A la iniciativa del fiscal de Algeciras podría seguir la de la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, que esperará al informe que elabore su colega para decidir si se puede actuar.
Nuevatribuna.es se ha hecho eco en las últimas semanas de algunos de estos casos. En particular el de las hermanas Díaz Carrasco quienes han remitido a la fiscalía las denuncias públicas efectuadas en los medios de comunicación. Ellas, residentes en Irún, serán de las primeras en declarar ante el fiscal. En total se conocen 8 casos en la provincia de Cádiz y a ellos se suman otros tantos por toda España como el recientemente publicado en estas misma páginas referente a la antigua maternidad de O’Donnell de Madrid.
DE LA REPRESIÓN POLÍTICA A UN NEGOCIO MUY LUCRATIVO
El primero que abrió la puerta a investigar estos supuestos delitos fue el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón en su auto de octubre de 2008. El magistrado sostuvo que se trataban de crímenes contra la humanidad e instó al Ministerio Fiscal a investigar estos hechos. Para ello se basó en investigaciones históricas como la elaborada por Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dichos estudios hablan de 30.000 niños robados a presas republicanas durante los años 1944 y 1954 para ser entregados a familias franquistas.
No obstante, lo que comenzó siendo una práctica de represión política en la posguerra siguió décadas después como un negocio muy lucrativo. Es lo que asegura el abogado Enrique Vila que pretende denunciar esta presunta trama en la Audiencia Nacional. El letrado quiere dejar claro que no se trata de un tema político (aunque lo fue en su momento con el robo de niños a madres republicanas) sino de un negocio que se extendió décadas después con casos que datan incluso del año 1986, es decir, bien entrada la democracia.
Vila, que lleva quince años especializado en estos asuntos, está recabando junto con la asociación Anadir, fundada por Antonio Barroso -un adoptado que sostiene fue robado pero cuya denuncia fue archivada-, los casos que están surgiendo por todo el territorio nacional. “Fue una práctica tremendamente extendida que en el tardofranquismo se convirtió en un negocio propiamente dicho”.
“Es posible que la trama estuviera interconectada”, asegura este abogado, ya que hay casos en los que los padres adoptivos viajaban de un lugar a otro, por ejemplo, desde Valencia a Melilla para comprar una niña. En ocasiones se procedía a una adopción pero en otros se falsificaba la partida de nacimiento para hacer ver que el hijo era biológico para mujeres que ni siquiera habían estado embarazadas. El dinero que se pagaba por estas prácticas oscila de una época a otra. En 1969 se llegaban a pagar 400.000 de las antiguas pesetas y en 1986 hasta un millón de pesetas. “En España se vendían niños robados bien entrados los años ochenta”, insiste.
