viernes. 29.03.2024

Aún no habían comenzado a arder las calles de París, cuando en 1968 Villar Palasí fue nombrado Ministro de Educación en España. Con él se aprobaría la famosa Ley General de Educación de 1970 que pretendía dotar a la población con graves carencias educativas de los niveles profesionales y formativos adecuados para empujar el desarrollismo económico de los 60, hasta los niveles de los países industrializados. Revisar hoy día esa ley, más de cuarenta años después, produce un vértigo semejante al de montarse en una vieja noria de feria. ¿Cómo explicar que una ley de educación promulgada por un régimen dictatorial y hace más de tres décadas parezca avanzada en muchos de sus artículos, en comparación con las nuevas directrices dadas por el ministro Wert? ¿Acaso se pretende un retorno a los niveles educativos españoles anteriores a los años 70? ¿O es que esa coherencia que siempre buscan las leyes educativas entre necesidades productivas de un país y formación de sus ciudadanos, ya ha dictado que sólo será necesaria una elite en los estadios superiores y una inmensa mayoría excluida de facto de la educación de calidad?

No hablamos de vagos principios pedagógicos, sino de realidades tan palpables como las ratios de alumnos, cuyos límites se aumentarán de 27 a 30 en Primaria, de 33 a 36 en Secundaria y hasta 43 en Bachillerato, quebrando totalmente una de las pocas certezas pedagógicas a las que se había llegado en estos años: la disminución del número de alumnos por profesor mejora los resultados académicos. Con este espíritu, la LOGSE de1990 disminuyó las ratios en Secundaria de 40 a 25 alumnos por clase y la nueva ley nos acercará a niveles de hace más de 20 años. Los argumentos para rebatir el despropósito de concentrar a más de 30 y hasta cuarenta adolescentes por aula, abarcan desde la constatación en la mejora de los resultados en los centros que han aplicado programas de refuerzo educativo, hasta la propia experiencia de cualquier alumno actual de ESO al que se le pregunte si se imagina en una clase con ese número de compañeros. Algunas personas bastante alejadas de la realidad de las aulas (incluyendo las propias autoridades educativas) se han apresurado a contestar que el informe PISA no estima relevante el número de alumnos por aula. Habría que matizar que eso será dependiendo del contexto económico y social de los alumnos ¿o a alguien se le ocurre que nuestras aulas actuales tienen algo que ver con las de los años 70 y 80? unas aulas tan complejas y diversas como las de hoy y apenas comparables con las de los padres de esta generación. Aulas de la enseñanza pública que incluyen junto a alumnos brillantes, a otros con dificultades, con situaciones familiares muy heterogéneas y a veces problemáticas, con distintos tipos de discapacidades, de origen inmigrante, “objetores escolares” encadenados a los pupitres por la obligatoriedad de los 16 años, que en ocasiones degeneran en casos de auténtico terrorismo escolar… evidentemente ese no era el cuadro de unos antiguos institutos de bachillerato más selectivos.

El desmonte de las bases educativas de nuestra sociedad abarca a todas y cada una de sus etapas, socavando principios que creíamos inamovibles: se habla de acabar con la gratuidad de la educación no obligatoria (infantil y bachillerato), que una vez más hay que recordar ¡ya era gratuita desde hace más de cuarenta años! y de las nuevas tasas universitarias que harán inviable la promoción social de amplios sectores de nuestra sociedad. Tal vez en este caso el modelo a seguir sea la reforma universitaria británica que en diciembre de 2010 impuso unas tasas que superan en algunas carreras los 10.000 euros anuales, vetando así su acceso a amplios sectores de la población, incluyendo las clases medias. Por no hablar de los recortes en becas y de los planes para reducir hasta en un 70% los colegios rurales agrupados (CRA) que, por poner un ejemplo, en una provincia como Guadalajara afectaría a 1.200 alumnos. Siguiendo con el retorno al pasado, los indicios sobre la reforma de los equipos directivos de los Centros educativos, hablan de designaciones unilaterales por parte de la administración, con lo que cabe suponer de necesaria sintonía con sus directrices, eliminando los vestigios de participación de los sectores de la comunidad educativa (Consejo Escolar, Claustro) en su designación.

La coartada para estas drásticas medidas son el déficit y la necesidad de recortar en un contexto de crisis, pero hay que recordar que la mayoría de Centros educativos están funcionando sin haber recibido las partidas presupuestarias del curso pasado y con la promesa de recibir el 20% del presupuesto previsto, dando lugar a situaciones de autentica mendicidad administrativa para hacer frente a las necesidades básicas (luz, agua, limpieza, etc.). La realidad es que España antes de los recortes apenas invertía menos de un 5% del PIB en educación, frente a otras partidas presupuestarias, y muy por debajo de los países europeos con los que nos gusta compararnos cuando se habla de resultados educativos. El ejemplo de Finlandia, uno de los países mejor situados en el informe PISA, es muy significativo, no sólo por su nivel de inversión, que supera en 6% del PIB, sino por su concepción de la enseñanza pública como elemento básico de desarrollo: el 95% de la educación primaria y secundaria es pública. La propia Comisión Europea a través de su Comisaria de Educación, Androulla Vassiliou, hizo pública recientemente su intención de incrementar en un 70% su presupuesto en un programa educativo como el Erasmus, porque a pesar de la crisis entienden que es necesario, es una inversión en futuro y sólo el conocimiento, la innovación y la educación, darán a Europa oportunidades reales de desarrollo económico.

Recortar en educación, en este contexto actual de crisis, es una medida tan ilógica como sería rebajar del presupuesto familiar la partida correspondiente a las medicinas del único miembro enfermo que trabaja. Estaríamos hipotecando a cambio de un ahorro mínimo las posibilidades de desarrollo futuro, y el empobrecimiento del mañana será aún más grave que el de hoy. No se improvisan los licenciados y profesionales cualificados, con conocimientos de idiomas, capaces de innovar, de crear un tejido sólido de I+D, de generar patentes, tecnología punta, de destacar en trabajos que serán la clave en unos años y que hoy ni siquiera existen. Los tejidos económicos sólidos en un país no nacen por generación espontánea, sino que son el fruto de años de formación, y no hay formación sin inversión ¿Dónde han quedado los proyectos de escuela 2.0?¿de adaptación de las escuelas e institutos a las realidades actuales?¿ y las posibilidades de dar respuesta a los mejores alumnos en Centros que ofrezcan el mismo nivel de calidad para todos? Parece que no en la escuela pública, que aprovechando el contexto actual, se quiere mantener encorsetada en moldes pedagógicos trazados con tiza y cartabón, mientras otras experiencias educativas de carácter privado se venden como la panacea del siglo XXI.

Resulta insultante que el ministro de Educación sostenga que con semejantes medidas no se verá afectada la calidad de la enseñanza .Este tijeretazo, del que se suponen saldrán los 3.000 millones de euros con los que la educación pública pagará una ínfima parte de la deuda de bancos y cajas nacionalizada bajo cuerda, adquiere el carácter de un “impuesto revolucionario” a nombre de niños que el próximo curso carecerán de comedor escolar, que se quedarán sin el programa de apoyo en Matemáticas o Lengua que les podía ayudar a superar sus dificultades, que tendrán que hacer dos horas diarias por carreteras de tercera para acceder a la escuela desde sus pueblos, de adolescentes que gracias a programas tempranos de formación eran salvados de auténticas situaciones de exclusión social, del alumno más lento que podía estar en una clase de 20 alumnos y recibir más atención, del joven que sin nadie que trabaje en su casa no va a poder afrontar la subida de las tasas universitarias. Póngales ustedes los nombres, yo los tengo entre mis alumnos. Probablemente esos Centros públicos de un futuro no muy lejano, deteriorados por la falta de recursos económicos y humanos queden convertidos en guetos para los que no puedan acceder a una enseñanza privada y la universidad pública se vea obligada a competir en desigualdad condiciones frente a la privada a medida que aumenten sus tasas, vinculando cada vez más conocimiento e investigación a intereses únicamente privados y de mercado.

Que la instrucción es la base de toda prosperidad social, parece un principio universal, válido desde mucho antes que los ilustrados se empeñaran en formularlo hace más de 200 años. Que esa instrucción haya de ser pública, abierta y gratuita para formar a todas las clases sociales del mejor modo posible, debería ser también obvio. Sin embargo, hay que insistir en ello y hay que recordarlo: el primer peldaño del desarrollo económico y social de cualquier sociedad es la enseñanza pública, que entendida como una de las obligaciones primarias del Estado, garantice la movilidad social, lime las situaciones de falta de oportunidades y ponga los cimientos de una educación superior y profesional de calidad. Jovellanos ya lo dijo hace más de doscientos años en su Memoria sobre Educación Pública. Se lo recomiendo como libro de cabecera al ministro Wert.

La enseñanza de Wert: regresión y negocio