nuevatribuna.es
24 de enero de 2010, 12:24
NUEVATRIBUNA.ES 24.01.2010
Yebra (Guadalajara), Campo de San Pedro (Segovia) o Ascó (Tarragona), son municipios que se han postulado para albergar un cementerio nuclear, mientras otros como Vandellòs y Tibias (Tarragona), Merindad de Cuesta-Urría (Burgos), o Bernuy de Porreros (Segovia) han mostrado su interés. La Asamblea de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) ha convocado una asamblea general extraordinaria el próximo 27 de enero en Madrid para decidir si presenta candidatos a albergar la instalación el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.
El proyecto tiene dividida a la clase política y ha levantado ampollas en las filas de algunos partidos como CiU, donde la dirección regional está abiertamente enfrentada con sus ediles en Ascó; o el PP, cuya secretaria general, María Dolores de Cospedal, es partidaria de expedientar al alcalde popular de Yebra al tiempo que el vicesecretario de Política Local de su partido, Javier Arenas, se ha manifestado en sentido contrario.
En el PSOE, José Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha declaró su respaldo a José María Barreda, contrario a instalar un cementerio de residuos radioactivos (hay que recordar que en esta comunidad existen ya dos centrales nucleares). Con él está de acuerdo el PP de Guadalajara y la propia Cospedal, a su vez presidenta de su partido en esta región.
Mientras, en paralelo, los socialistas catalanes (PSC) prefieren no inmiscuirse en las decisiones que tomen los concejales de su partido en Ascó, donde el próximo martes, el pleno municipal deberá decidir la candidatura de esta población para instalar lo que se conoce como Almacén Temporal Centralizado. El plazo se abrió el pasado 30 de diciembre y finaliza el viernes 29 de enero.
UNA POLÉMICA QUE VIENE DE LARGO
El proyecto del ATC surgió en 2006 cuando era ministro de Industria el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla. El testigo lo cogió el ahora titular de esta cartera, Miguel Sebastián, defensor del proyecto y sobre el que están cayendo todas las críticas de las organizaciones ecologistas. En este sentido, Greenpeace recuerda el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Debate del estado de la Nación de 2006, donde apostó por el máximo consenso social y territorial para un problema que calificó de “hondo calado”.
Pero el mandato para construir un ATC llegó directamente del Parlamento cuando en 2004 el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una moción instando al Gobierno a estudiar los criterios para su instalación. Dos años más tarde, los Grupos apoyaron otra moción (en esta ocasión se abstuvo ERC y IU-ICV votó en contra) por la que se pedía la constitución de una comisión interministerial, encargada de fijar las condiciones que debería tener la localidad que acogiera el cementerio nuclear.
Aunque España ya cuenta con un almacén en la localidad de El Cabril, en Córdoba (las actuales centrales tienen las piscinas saturadas) necesita otro y la urgencia por acometerla viene determinada porque en 2011 finaliza el plazo en el que España deberá decidir si retira los residuos acumulados temporalmente en Francia o pagar el canon por la prórroga que asciende a 60.000 euros diarios, pero la presión social y los grupos ecologistas siguen postergando la consumación definitiva del mismo.
Diversos parlamentos autonómicos se han manifestado en contra de instalar en su territorio un ATC. Así ha sido el caso de Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Aragón. También han mostrado su rechazo los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, junto con algunas diputaciones provinciales y ayuntamientos.
HASTA AHORA HAN FRACASADO TODOS LOS INTENTOS DE ENRESA
La falta de acuerdo político y de consenso con los grupos ecologistas ha hecho fracasar todos los intentos de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares, para construir un cementerio nuclear.
A principios de los años 80 se intentó en Salamanca, diez años después en Guadalajara y en 1992 en Toledo. Las manifestaciones no han dejado de sucederse en los distintos lugares que se han postulado como candidatos, pese al beneficio económico que sacarían estimado en 12 millones de euros al año en ayudas y la creación de unos 300 puestos de trabajo que se reducirían a 100 una vez construido el almacén cuyo coste total puede oscilar entre los 700 y los 1.000 millones de euros.
Lo que es un hecho es que la basura nuclear no se recicla, la ciencia avanza pero aún no se ha determinado la fórmula para la reutilización de los residuos. Los ecologistas reconocen esto pero insisten en la necesidad de dejar de generar residuos nucleares y piden el cierre de las centrales y el impulso de las energías renovables.
Yebra (Guadalajara), Campo de San Pedro (Segovia) o Ascó (Tarragona), son municipios que se han postulado para albergar un cementerio nuclear, mientras otros como Vandellòs y Tibias (Tarragona), Merindad de Cuesta-Urría (Burgos), o Bernuy de Porreros (Segovia) han mostrado su interés. La Asamblea de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) ha convocado una asamblea general extraordinaria el próximo 27 de enero en Madrid para decidir si presenta candidatos a albergar la instalación el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.
El proyecto tiene dividida a la clase política y ha levantado ampollas en las filas de algunos partidos como CiU, donde la dirección regional está abiertamente enfrentada con sus ediles en Ascó; o el PP, cuya secretaria general, María Dolores de Cospedal, es partidaria de expedientar al alcalde popular de Yebra al tiempo que el vicesecretario de Política Local de su partido, Javier Arenas, se ha manifestado en sentido contrario.
En el PSOE, José Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha declaró su respaldo a José María Barreda, contrario a instalar un cementerio de residuos radioactivos (hay que recordar que en esta comunidad existen ya dos centrales nucleares). Con él está de acuerdo el PP de Guadalajara y la propia Cospedal, a su vez presidenta de su partido en esta región.
Mientras, en paralelo, los socialistas catalanes (PSC) prefieren no inmiscuirse en las decisiones que tomen los concejales de su partido en Ascó, donde el próximo martes, el pleno municipal deberá decidir la candidatura de esta población para instalar lo que se conoce como Almacén Temporal Centralizado. El plazo se abrió el pasado 30 de diciembre y finaliza el viernes 29 de enero.
UNA POLÉMICA QUE VIENE DE LARGO
El proyecto del ATC surgió en 2006 cuando era ministro de Industria el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla. El testigo lo cogió el ahora titular de esta cartera, Miguel Sebastián, defensor del proyecto y sobre el que están cayendo todas las críticas de las organizaciones ecologistas. En este sentido, Greenpeace recuerda el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Debate del estado de la Nación de 2006, donde apostó por el máximo consenso social y territorial para un problema que calificó de “hondo calado”.
Pero el mandato para construir un ATC llegó directamente del Parlamento cuando en 2004 el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una moción instando al Gobierno a estudiar los criterios para su instalación. Dos años más tarde, los Grupos apoyaron otra moción (en esta ocasión se abstuvo ERC y IU-ICV votó en contra) por la que se pedía la constitución de una comisión interministerial, encargada de fijar las condiciones que debería tener la localidad que acogiera el cementerio nuclear.
Aunque España ya cuenta con un almacén en la localidad de El Cabril, en Córdoba (las actuales centrales tienen las piscinas saturadas) necesita otro y la urgencia por acometerla viene determinada porque en 2011 finaliza el plazo en el que España deberá decidir si retira los residuos acumulados temporalmente en Francia o pagar el canon por la prórroga que asciende a 60.000 euros diarios, pero la presión social y los grupos ecologistas siguen postergando la consumación definitiva del mismo.
Diversos parlamentos autonómicos se han manifestado en contra de instalar en su territorio un ATC. Así ha sido el caso de Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Aragón. También han mostrado su rechazo los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, junto con algunas diputaciones provinciales y ayuntamientos.
HASTA AHORA HAN FRACASADO TODOS LOS INTENTOS DE ENRESA
La falta de acuerdo político y de consenso con los grupos ecologistas ha hecho fracasar todos los intentos de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares, para construir un cementerio nuclear.
A principios de los años 80 se intentó en Salamanca, diez años después en Guadalajara y en 1992 en Toledo. Las manifestaciones no han dejado de sucederse en los distintos lugares que se han postulado como candidatos, pese al beneficio económico que sacarían estimado en 12 millones de euros al año en ayudas y la creación de unos 300 puestos de trabajo que se reducirían a 100 una vez construido el almacén cuyo coste total puede oscilar entre los 700 y los 1.000 millones de euros.
Lo que es un hecho es que la basura nuclear no se recicla, la ciencia avanza pero aún no se ha determinado la fórmula para la reutilización de los residuos. Los ecologistas reconocen esto pero insisten en la necesidad de dejar de generar residuos nucleares y piden el cierre de las centrales y el impulso de las energías renovables.
