La adjudicación de los hospitales privatizados a las empresas que se presentaron a concurso no ha deparado muchas sorpresas salvo la pertinacia de la Consejería de Sanidad y del gobierno del PP madrileño.
Era obvio que los hospitales iban a ser adjudicados a las únicas empresas que se presentaron y que “casualmente” lo hacían a distintos centros, con lo que el supuesto concurso se convirtió en una farsa en el que todo apunta a que ha habido un reparto previo al mismo
Consecuentemente las ofertas se ajustan de manera escandalosa a los precios que fijo la Consejería de Sanidad, porque en un proceso concertado no tienen sentido la rebaja de precios que solo se produciría si hubiera una competencia real.
Las empresas adjudicatarias plantean serios problemas. Carece de legitimidad el empeño del gobierno de la CAM en vender estos hospitales a un fondo de inversión británico (BUPA) a una empresa extranjera que afirma estar más interesada en hacer negocio con el turismo sanitario que en la atención a la población madrileña (HIMA) y a una empresa insolvente, que ha causado la ruina de miles de madrileños y un agujero insalvable en las arcas públicas (Ribera Salud).
Otro aspecto llamativo es que las empresas solo optan al 70% de los hospitales y disponen de unas pocas semanas para tratar de convencer a los profesionales de que financien el 30% restante y se conviertan en accionistas de estos hospitales privatizados, los mismos profesionales que han protagonizado una movilización histórica contra esta privatización. Parece que el objetivo de estas empresas es lograr que los profesionales aporten el dinero para iniciar el negocio, mientras llega el dinero publico, lo que parece muy difícil salvo que se produzcan presiones para conseguirlo.
Por supuesto no cabe esperar de esta privatización ni una mejora de la atención sanitaria de la población, ni una disminución de las listas de espera, porque como es bien conocido los sobrecostes de la privatización se están pagando con durísimos recortes en los centros que continúan con la gestión tradicional y que se expresan sobre todo en una significativa disminución del personal de todas las categorías. Desde la ADSPM y el Observatorio madrileño de Salud, ya señalamos que los recortes en el sistema sanitario público madrileño significaban:
· 1.054.000 menos consultas externas de Atención Especializada
· 123.000 exploraciones radiológicas menos
· 37.400 intervenciones quirúrgicas menos
Y aunque Lasquetty pretenda echarle la culpa a la huelga (que el mismo de manera contradictoria con lo que ahora dice) aseguró que no había tenido casi ninguna incidencia, la realidad es que los recortes realizados en los centros de la Sanidad Pública de gestión tradicional, para pagar los negocios empresariales de las privatizaciones, son los responsables del desastre de la Sanidad madrileña.
El gobierno madrileño y la Consejería de Sanidad se ha empecinado en continuar con un proceso privatizador realizado a marchas forzadas y con el rechazo frontal de los profesionales, las organizaciones ciudadanas y de la mayor parte de los usuarios de estos hospitales, incluyendo a los votantes del PP. Es una decisión absurda y condenada al fracaso.
Además todo el proceso se encuentra pendiente de las decisiones judiciales a los múltiples recursos, en España y ante la UE, puestos por las entidades políticas y sindicales. El sentido común habría obligado a esperar que se despejase esta multitud de actuaciones legales antes de tomar una decisión, que de prosperar alguna de las mismas tendrá efectos indeseados y muy negativos para todas las partes (ciudadanos, profesionales e incluso las empresas).
El empecinamiento por continuar adelante con las adjudicaciones solo puede responder a ocultos compromisos adquiridos con las empresas, o al intento de salvar la carrera política de Gonzalez y Lasquetty. En cualquier caso una muestra más del desastre y el caos en que se ha convertido la situación sanitaria madrileña donde la incompetencia y los intereses económicos y personales de unos pocos están perjudicando a la salud de toda la población.
Marciano Sánchez Bayle, presidente de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
