No parece de recibo que la consulta de un listado de admitidos en centros públicos educativos precise de conocimientos técnicos avanzados
@ebarcala | Para calibrar la paradigmática paciencia del santo Job hoy en día no habría sido necesario hacerle sufrir ataques de sarna, ansiedad extrema y repudio: bastaría con someterle a la prueba de obtención de un certificado administrativo electrónico. Y los resultados (picores nerviosos, stress y ostracismo digital) serían muy parecidos.
Al tiempo que otros prestadores de servicios en la red permiten realizar desde compras a transferencias bancarias, pasando por la firma de contratos y solicitudes crédito, la identificación ante las administraciones públicas supone recorrer un casi doloroso vía crucis sin garantía de éxito.
Vaya por delante que (como en toda generalización) es cierto que hay procedimientos más accesibles y también gestiones que por su naturaleza exigen medidas extraordinarias de validación, pero no parece de recibo que la consulta de un listado de admitidos en centros públicos educativos o la entrega de documentación en un registro precisen de conocimientos técnicos avanzados.
El primer obstáculo es la falta de un standard de identificación. Conviven distintos sistemas (Pin24horas, DNI electrónico, certificados personales y corporativos…) para distintos soportes (tarjeta, papel, software…) cuya obtención se tramita por caminos diferentes y que son emitidos por una miríada de instancias. Están acreditadas para ello desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hasta las Cámaras de Comercio, pasando por entidades bancarias, agencias autonómicas, Colegios profesionales e, incluso, empresas privadas.
No todos ellos son válidos en función de cuál sea el trámite. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, reconoce alrededor de 60, algunos con nombres como “Certificados Corporativos de Corporaciones de Derecho Público” o “Persona Jurídica límite 6000 o Mancomunado”, para que se hagan una idea de lo ingenuo que resultó Kafka al escribir “El proceso”.
Para obtenerlos hay que personarse físicamente en, al menos, un par de oficinas (Comisaría, Agencia Tributaria, Registro Mercantil…) y una vez conseguidos, tendrá que instalarlos en un ordenador. En uno, concretamente, porque sólo podrá firmar con ellos desde ese terminal en exclusiva y siempre que no formatee o actualice el (también único) navegador desde el que se conecta a los portales de acceso a la administración electrónica.
Es en este punto cuando muchos tiran la toalla. Saber configurar los sistemas de seguridad del equipo (sesiones, firewalls, antivirus, etc.) es condición sine qua non para la instalación. Más que probablemente, habrá de bajar, instalar y configurar también las versiones correctas de los programas y consolas JAVA necesarios para su correcto funcionamiento, lo que cierra el camino a los internautas “nivel usuario” y abre un nuevo mundo de posibilidades a primos y cuñados “que entienden de esto de internet”.
Un nombre, una contraseña, un número de móvil, tarjeta de crédito y/o recibo bancario son suficientes para gestionar cientos de servicios online con sistemas que permiten la doble identificación, caso de la recepción de un código por sms para verificar una identidad. Con ellos compramos, accedemos a perfiles personales en redes o a la banca online. Y nos facultan para gestionar a distancia y en tiempo real prácticamente todo… excepto nuestra relación con las administraciones públicas.
