El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia en la que condena al Gobierno de la Comunidad de Madrid por vulnerar “los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras en materia de integridad física y salud, al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales”.
Asimismo, este fallo señala el incumplimiento, por parte del Ejecutivo de esta comunidad autónoma, de la “valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo”.
Por ello, el TSJM le condena a “efectuar, de forma inmediata, un plan de prevención de riesgos laborales con la valoración de los puestos de trabajo de los médicos de Atención Primaria y pediatras, evaluación de riesgos de los mismos y determinación de la carga de trabajo, fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma”.
El sindicato médico madrileño Amyts celebra esta resolución y señala que este texto “hace hincapié en la carencia de protección eficaz frente a la Covid-19 en los primeros tiempos de la pandemia, llevada a los tribunales por Amyts, y por la falta de seguimiento de los riesgos”.
Análisis pormenorizado
Por su parte, la Plataforma ‘AP se mueve‘, un movimiento formado por médicos de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) preocupados por la deriva de sus condiciones de trabajo, destaca que esta es “la primera sentencia de un Tribunal Superior de Justicia que analiza, de forma pormenorizada, la carga de trabajo y la falta de plantilla como elemento de prevención de riesgos laborales, y su importancia en el análisis de los puestos de trabajo”.
Este colectivo también valora que el citado fallo recoja “la falta de valoración de la Covid-19 como riesgo biológico existente, condenando a la Comunidad de Madrid a realizar los estudios de la carga de trabajo y plantilla necesaria para evitar los riesgos que, en la actualidad, existen y que atentan a la salud de médicos y pediatras”.
