La Justicia es un objeto imposible. Es como esa tetera de las imágenes gráficas en que la boquilla está del mismo lado que la manija. Todo en ella es arduo, complicado, enrevesado… Y no sólo para los justiciables que lo aprecian, incrédulos, a través de la complejidad de la tramitación de los procedimientos, los trámites previos, los requisitos, los tiempos, las esperas, el lenguaje, los anacronismos, el rigorismo y la formalidad e incluso el vestuario de quienes intervienen. Desde este punto de vista muchas de estas cuestiones son exigencias de las garantías de que deben gozar las partes. Pero también de una puesta en escena que pretende dotar a la Administración de justicia de un cierto hálito mágico superando la pura representación teatral (la representación de lo acontecido).
También para los jueces que ocupan un espacio asaltado por corrientes magnéticas centrípetas y centrífugas que pretenden mover su decisión como en la güija.
Más allá de todas esas incidencias lo cierto es que los jueces representan un poder del Estado que, aunque es colectivo, deja ciertos resortes en manos del juez-persona, individualmente. Más en unos órdenes judiciales que en otros y más en los Tribunales de grado superior que en los inferiores. En cualquiera de los casos, y sin que ello no impida que ocasionalmente esos resortes de poder, normalmente encauzados, rompan las reglas y desborden los espigones de contención, el sistema prevé mecanismos reforzados de control que van desde el uso de los recursos jurisdiccionales a la responsabilidad de jueces y magistrados en los ámbitos penal y sancionador.
Pero no sólo, además hay un propósito de aislarlo y debilitarlo que se traduce en mecanismos implícitos, cuya intención no consta en lugar alguno pero que puede deducirse de sus resultados. Estos mecanismos objetivos de desapoderamiento se deducen de las líneas organizativas y en España producen al final un resultado lamentable, que no creemos que se produzca en los sistemas judiciales comparados. La absoluta desnudez del juez. Alguien comparó la situación del Juez en el marco de nuestra organización judicial con la del gusano que vive y come en manzana ajena, que sólo se tiene a sí mismo pese a su absoluta dependencia del medio en que habita.
En ese afán de desposeer a la Justicia de medios propios ante la ausencia de policía judicial en sentido propio ha de recurrir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil y si necesita asesoramiento fiscal, a los técnicos de Hacienda o a los funcionarios de las distintas Administraciones públicas. Todo prestado
La organización judicial española si pretendía debilitar la función judicial, efectivamente lo ha conseguido pero a costa de cualquier funcionalidad. Es incluso dudoso que esas estructuras superpuestas puedan ser acreedoras del nombre de organización.
Un juez amigo, que desempeñó puestos gubernativos, comentaba coloquialmente las dificultades que dar cualquier paso entrañaba en lo atinente a la Administración de Justicia ya que requería reunir prácticamente un numeroso parlamento de agentes interesados: el Consejo General del Poder Judicial, el propio Ministerio de Justicia, las Comunidades autónomas con competencia transferidas, las Asociaciones judiciales, las Asociaciones de fiscales, las Asociaciones y Sindicatos de Letrados de la Administración de Justicia, los Sindicatos de funcionarios de Justicia…Más las representaciones colegiales de Abogados, Procuradores de los Tribunales y Graduados sociales. Seguro que me he olvidado de alguien. Y la ejecución de cualquier decisión de una pluralidad de Comisiones de coordinación, a todos los niveles.
Y la cosa no queda en el pluralismo de intereses a la hora de establecer políticas. Sino que también hay una incidencia en la marcha diaria de las oficinas judiciales concretas.
Ni al mismísimo diablo se le ocurriría que un Juzgado o una oficina judicial mínima, con diez-doce personas, pueda funcionar con una organización tricefálica, lo que es tanto como decir sin organización. Porque en efecto la Oficina judicial es un puzzle organizativo. Se escinde en tres. El Juez, sin dependencia en lo jurisdiccional y con dependencia gubernativa del CGPJ y de la Presidencia y Sala de Gobierno de su correspondiente Tribunal Superior de Justicia y dedicado según las últimas regulaciones a “sus juicios y sus sentencias”. El Letrado de la Administración de Justicia, funcionario jerarquizado dependiente del Ministerio de Justicia que la ejerce a través del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y el Secretario Coordinador y que participa de las tareas jurisdiccionales con sujeción a la dirección e instrucciones del Juez. Y finalmente los funcionarios judiciales cuya dependencia jerárquica es de la Consejería de Justicia que asume toda la gestión de personal (control de horarios, permisos, vacaciones, régimen disciplinario, abono de salarios, etc.) pero funcionalmente dependen del Letrado, que les encomienda el trabajo.
Pero la cosa no queda en esa compleja estructura en materia de personal porque lo propio acontece con los medios y útiles de trabajo (edificios, mobiliario, ordenadores, aplicaciones, etc.) en que si bien rige la norma general de que es la Comunidad Autónoma con competencias en Justicia quien debe aportar tales medios, y en su defecto el Ministerio de Justicia, lo cierto es que en el ámbito de la oficina judicial concurren aplicaciones dependientes del Consejo General del Poder judicial, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas. Para mayor inri cada Comunidad presta aplicaciones propias en cada territorio, distintas de las aportadas por otras Comunidades en sus territorios y que aunque debieran ser compatibles frecuentemente presentan problemas. Y para la resolución de esos y cualquiera otros problemas informáticos debe recurrirse a los correspondientes Centros de Atención de Usuarios dependientes del CGPJ, del Ministerio o de la Comunidad Autónoma, que son distintos. Para conocer las funcionalidades de cada uno a veces es menester consultar el Google Maps y a veces ni así porque es menester, para instalar o reparar, que el técnico de un CAU prepare o concluya lo que el técnico de otro CAU tiene encomendado.
Lo mismo acontece con la formación, con los Equipos de protección individual… cada cual trabaja para los “suyos”.
Y en ese afán de desposeer a la Justicia y al Juez de medios propios ante la ausencia de policía judicial en sentido propio ha de recurrir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil y si necesita asesoramiento fiscal, contable… a los técnicos de Hacienda o a los funcionarios de las distintas Administraciones públicas. Todo prestado.
Y ahora están en condiciones de comprender lo vivido en las oficinas judiciales con motivo de la pandemia del Covid-19. Pese a la existencia de tantos, tantísimos jefes que no adoptaban decisión alguna correspondió a los jueces y letrados, que no son jefes de nada ni de nadie, aventurar decisiones espontáneas el 11 de Marzo de 2020. Cuando ya se hablaba de la inminencia del estado de alarma y ante la comprobación de que en los edificios judiciales que acumulan más público (Plaza de Castilla y Princesa 3) las salas de espera, los ascensores… estaban atestados, la gente se amontonaba por doquier, tosiendo, algunos con mascarillas, otros sin ellas, personas en sillas de ruedas, niños de corta edad en brazos de sus padres… Unos acordaron, con los primeros positivos de funcionarios, el cierre de sus Juzgados, lo que motivó la apertura de diligencias directamente sancionadoras cuyo resultado desconocemos, otros los más acordaron la suspensión de los juicios y de las actuaciones procesales antes de que se acordara por el Gobierno…
Y para suplir esa falta de iniciativa inicial, ese vacío organizativo se inició una loca carrera en que todo el mundo se sintió legislador o trasladaba las decisiones que adoptaban los que se sentían legisladores (el CGPJ, la Comisión Permanente del CJPJ, la Presidencia del TSJ, la Sala de Gobierno del TSJ, el Decanato de los Juzgados de Madrid, la Delegación Sectorial del Decanato en los Juzgados de Madrid, el Ministerio de Justicia, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador, la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, etc.) Un auténtico bombardeo sobre las oficinas judiciales con Acuerdos gubernativos, Circulares, Instrucciones, Notas, etc. impartiendo órdenes, reglas, disposiciones de todo tipo. O aclarándolas, suspendiéndolas, dejándolas sin efecto o rectificándolas. A veces contradiciéndose. Que llegaban a cualquier hora del día y casi de la noche, indiscriminadamente, a los correos electrónicos y WhatsApp de todos…Todos intentando, desde su propio ámbito, actuar sobre el mismo problema en la misma realidad espacio-temporal.
Estas son las armas para afrontar un futuro que se anuncia complicado.
